por PCV

PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA (PCV)
FRENTE NACIONAL DE LUCHA DE LA CLASE
TRABAJADORA (FNLCT)

Jornada Nacional de Discusión del PCV y del FNLCT
(Caracas, 8 de julio del 2017)

EL PUEBLO TRABAJADOR CONSTRUYE SU PROPUESTA
REVOLUCIONARIA A LA CONSTITUYENTE

El contexto de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente

El carácter e intensidad de la actual confrontación de clases por el poder político en Venezuela, son reflejo del impacto que en todos los ámbitos de la sociedad tiene la agudización de la crisis general del sistema capitalista mundial en su fase imperialista y, particularmente, del agotamiento del modelo capitalista dependiente y rentístico venezolano.

La esencia de esta lucha descarnada que se desarrolla hoy, fundamentalmente entre sectores de la burguesía históricamente asociada en condiciones de subordinación a las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas y de la pequeña burguesía en condiciones de gobierno, es la disputa por el control del aparato gubernamental y estatal, como medio para ejercer control y acceso al usufructo de la renta petrolera y demás riquezas naturales que subyacen en el territorio nacional, en beneficio también de intereses encontrados del capital monopolista mundial.

Los efectos de la crisis capitalista sobre las masas trabajadoras y el pueblo en general, agudizados tanto por las agresiones de los capitales monopolistas como por la incapacidad del gobierno nacional y todo el aparato estatal ‒dada su naturaleza de clase‒ para afrontar la crisis con medidas genuinamente revolucionarias que favorezcan a la clase obrera y al pueblo trabajador, han fortalecido el posicionamiento de las fuerzas políticas reaccionarias entre las masas, (como lo evidencia la pérdida de la Asamblea Nacional), adelantando un proceso de conciliación de clases, que se concreta a través del Consejo Nacional de Economía Productiva y que pretenden legitimar en la constituyente si la correlación de fuerzas en ella favorece al reformismo entreguista. En ese contexto continúa el ascenso de la actividad e influencia política de fuerzas de la ultra-derecha de carácter fascistas, especialmente entre las capas medias de la sociedad, comprometidas con la violencia reaccionaria y el intervencionismo imperialista norteamericano y europeo.

Luego de iniciarse el proceso de negociación y acuerdo entre el gobierno nacional, partidos de derecha y el empresariado, que trajo como resultado un conjunto de medidas a favor del capital que impactaron negativamente sobre las masas trabajadoras y sectores populares, las fuerzas reaccionarias protagonizan hoy un nuevo episodio de conflicto y confrontación de calle contra el gobierno y todo el proceso sociopolítico bolivariano, dirigido a desmontar todas las conquistas alcanzadas por el pueblo a lo largo del mismo. Esta ofensiva reaccionaria interna, se corresponde con la colosal campaña internacional bien articulada por las fuerzas imperialistas que persiguen generar un clima de presión y cerco internacional en favor de las demandas políticas y económicas de las fuerzas de la reacción.

La derecha apuesta a seguir intensificando la confrontación y la presión internacional contra el gobierno y el proceso bolivariano, con el fin de crear un cuadro de violencia, terror, caos e ingobernabilidad y caos que facilite ‒en el marco de la descomposición política, económica y social que acelera la crisis capitalista‒ nuevas fracturas en el seno del gobierno y el PSUV, en el movimiento popular y revolucionario, en el aparato del Estado y la FANB, que faciliten su objetivo de alcanzar la sustitución del gobierno por la vía de la ruptura del orden constitucional.

En este complejo cuadro de la confrontación, es que el presidente Nicolás Maduro anunció al país la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que, por lo tanto, no surge en un contexto de ofensiva del movimiento popular, sino como resultado de la búsqueda de un acuerdo de gobernabilidad que asegure la estabilidad al actual orden establecido bajo dirección pequeñoburguesa.

Sin embargo no podemos dejar de lado que esta convocatoria a la ANC se da también en el contexto de la más aguda crisis del modelo capitalista venezolano. Se trata del agotamiento de la forma capitalista particular organizada de la base económica de nuestra sociedad, que condena al país a la dependencia, el atraso y el saqueo permanente por parte de los monopolios nacionales e internacionales que se disputan la extracción de la renta. Para la reacción y el reformismo, el debate sobre el agotamiento del modelo de capitalismo dependiente y rentístico, se resuelve con la formulación de ilusorias y simples iniciativas economicistas aisladas, mientras que para los comunistas y la clase trabajadora es un problema medular que plantea la transformación revolucionaria de la base económica de la sociedad, y con ella la necesidad de trastocar todo el edificio político-jurídico-legal que sobre esta base se levanta abriéndole perspectivas reales a la construcción de la sociedad socialista fundamentada en el socialismo científico.

Carácter y alcance de la Asamblea Nacional Constituyente para la Clase Trabajadora Las fuerzas convocantes de la ANC han dejado muy claros sus objetivos: alcanzar la paz, lograr una salida “democrática” a la crisis y consolidar constitucionalmente una solución capitalista a la crisis del capitalismo dependiente venezolano. Con ninguno de estos propósitos podemos coincidir los comunistas, si se entiende la paz como la concreción institucional de la entrega de las conquistas populares y la solución a la crisis como la legitimación de las superficiales medidas de carácter reformista que se vienen implementando en favor de los capitalistas, bajo el trillado pretexto de impulsar la capacidad productiva del país.

En el Partido Comunista de Venezuela y su Juventud Comunista, consideramos en primer lugar que la Asamblea Nacional Constituyente por sí sola, no representa para las masas trabajadoras de la ciudad y el campo ninguna salida real a los problemas que las agobian como resultado de la crisis capitalista y las políticas reformistas. La ANC tendrá utilidad para los intereses del pueblo trabajador, en la misma medida en que su dinámica esté determinada por una agenda de agitación y lucha dirigida a materializar las demandas urgentes de las masas trabajadores y populares frente a la ofensiva del capital. Por tanto, separar los debates de la ANC de la cotidianeidad y las necesidades apremiantes de las masas, es hacerle concesiones al reformismo, engañar y embaucar a los trabajadores y entregarlos a la influencia de la burguesía y el imperialismo.

En segundo lugar, debemos tener claro que el carácter de la Asamblea Nacional Constituyente corresponderá en todos los casos a la correlación de fuerzas que surja al elegir a los 545 representantes que la integrarán. Por tanto son las condiciones de fuerzas concretas y no las aspiraciones del gobierno o actores políticos y sociales determinados las que incidirán en el carácter, contenido y alcances de la ANC.

Que la Constituyente responda a los objetivos y aspiraciones populares dependerá principalmente de la presencia en ella de un fuerte y decisivo contingente de constituyentes comprometidas y comprometidos en defender consecuentemente el programa que levanta la unidad revolucionaria obrero-campesina y popular.

Estamos conscientes de que las condiciones no son las más propicias para lograr tan necesaria correlación de fuerzas; aun así, la Asamblea Nacional Constituyente es un espacio y momento de aguda disputa por la dirección de las masas y de profundización de la confrontación de clases, propicia para desarrollar una audaz campaña de agitación político-ideológica de masas con nuestras propuestas y para presionar por conquistas que beneficien al pueblo trabajador.

Más aun, cuando la esencia del debate constituyente debe ser su contenido programático en torno al modelo político, económico y social que sirve hoy a los objetivos del país, debate que adquiere mayor relevancia para la militancia comunista y el movimiento de trabajadoras y trabajadores, al desarrollarse en el contexto del quiebre de la base económica capitalista y, en consecuencia, del tipo de organización estatal que le sirve de superestructura.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), en alianza con otras corrientes, sectores y fuerzas del movimiento revolucionario obrero-campesino y popular, tiene en la ANC la oportunidad y obligación histórica de mostrar a las masas trabajadoras y al pueblo en general, su visión y propuestas frente al agotamiento del modelo capitalista dependiente. Demostrar que la solución que plantea la reacción pro-imperialista, de un nuevo gobierno de los capitalistas monopolistas, no beneficia al pueblo ni a los intereses de la nación venezolana, debido a que mantiene y agrava la explotación y la opresión, la dependencia y la entrega, agudizando los problemas en detrimento del pueblo trabajador de la ciudad y el campo; mientras que la revolución socialista sí representa la única y verdadera salida novedosa de justicia, igualdad, desarrollo soberano e independiente, auténtica democracia y paz, genuinamente popular y revolucionaria, al proponerse barrer con el orden capitalista caduco e injusto y establecer los cimientos de la nueva organización de la sociedad para el desarrollo y progreso social, bajo la dirección de las y los trabajadores como clase social mayoritaria.

El proceso constituyente y el propio desarrollo de la ANC, exige del PCV y demás corrientes revolucionarias de la clase obrera, una intensa y creativa labor para difundir y defender las propuestas programáticas para una resolución revolucionaria a la crisis capitalista, en cuanto a: la transformación revolucionaria de la base económica y la edificación del nuevo Estado al servicio de los objetivos e intereses de los trabajadores y el pueblo; la protección de los derechos sociales y políticos de la clase trabajadora, el reconocimiento de los derechos fundamentales del pueblo, y la defensa del derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación y soberanía contra todo tipo de injerencia de las potencias imperialistas.

Desarrollar una fructífera y amplia labor educativa, propagandística y de agitación, que precise con claridad la posición y propuesta estratégica de la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, sobre las cuestiones fundamentales de debate actual, es fundamental para fortalecer el perfil propio del Partido y, con ello, avanzar sostenidamente en el desarrollo de la conciencia de clase de las/los trabajadores, en el proceso de acumulación y centralización de las fuerzas para la lucha eficaz por su emancipación del capitalismo y por la consecución de los objetivos nacionales de liberación.

Debemos profundizar el combate contra la ofensiva imperialista, el fascismo y la política entreguista del reformismo, para abrir perspectivas a la opción revolucionaria a la crisis capitalista.

Derrotar la tentativa fascista de caotizar el país para dar un golpe de estado con apoyo de las potencias imperialistas y, al mismo tiempo, hacer frente a los reformistas y oportunistas que, bajo el falso discurso “revolucionario” y “socialista”, trabajan meticulosamente en un nuevo acuerdo o pacto entre las élites capitalistas, es el centro del trabajo ideo-político de la militancia comunista y del frente obrero y popular, que debe servir al desarrollo de la acumulación de fuerzas revolucionarias obrero-campesina y popular.

La ANC es también una oportunidad para desarrollar una campaña que eleve la moral de la clase trabajadora y mostrarle que no hay solución a la crisis fuera de su propia iniciativa y capacidad revolucionaria; para convocarla a confiar en el enorme potencial de su fuerza transformadora de la realidad, y persuadirla de abandonar toda creencia de que depositando su confianza en los partidos de los capitalistas podrá encontrar solución a sus problemas. Solo el pueblo trabajador venezolano puede ser artífice de la construcción de su propio futuro.

Todo este esfuerzo debe contribuir a combatir la falsa polarización sembrada en el imaginario colectivo de las masas sobre los supuestos dos bandos (opositores y chavistas), debido a que tal esquema convierte a la clase trabajadora en presa fácil del engaño, impidiéndole ver con claridad su situación, intereses y papel en la lucha de clases. Debemos demostrarles que la única lucha antagónica que existe en nuestra sociedad es entre los capitalistas y su sistema por un lado, contra la clase trabajadora y los sectores populares explotados por otro, confrontación de clases que tiene su raíz en la contradicción fundamental del sistema capitalista (la contradicción capital-trabajo) y no simplemente en la política de ningún gobierno. La posibilidad de la solución revolucionaria a la crisis demanda que la clase trabajadora deje de actuar engañada en beneficio de intereses de clase que le son ajenos, y se convierta en vanguardia de su lucha por su verdadera emancipación política y social.

La unidad revolucionaria obrero-campesina popular para una nueva correlación de fuerzas Nuestra intención no es sembrar ilusiones en las masas trabajadoras ni en el pueblo venezolano en general, sobre el alcance de la Asamblea Nacional Constituyente en el actual contexto de la lucha de clases y de la correlación de fuerzas. Consideramos este proceso constituyente y la propia ANC, como una oportunidad para seguir avanzando en la construcción y fortalecimiento de alianzas de la clase obrera con los diversos sectores del movimiento popular, en función del objetivo común en esta fase de la lucha de clases: derrotar la ofensiva fascista e imperialista, y hacer frente al entreguismo reformista.

El PCV no concibe la lucha de la clase obrera y del pueblo trabajador, en el contexto de la ANC, separada del proceso de construcción de la unidad revolucionaria obrero-campesina y popular. Es indispensable para los objetivos estratégicos de las y los trabajadores, que el proceso constituyente sirva para avanzar, en conjunto con el movimiento popular y revolucionario, en la definición de los puntos programáticos comunes, que permitan construir un tejido mejor articulado en función de configurar un nuevo bloque de fuerzas políticas y sociales, capaz de plantearse la lucha y disputa por el poder político en Venezuela.

Estos procesos de unidad y alianza deben sostenerse y profundizarse, en primer lugar, con base a las propuestas programáticas y de lucha. Nuestro Partido y la JCV desarrollarán una labor audaz para nuclear progresivamente a amplios sectores y fuerzas sociales revolucionarias obreras-campesinas y populares en torno a nuestras propuestas para la ANC y también en torno a la agenda de lucha para materializar aspiraciones urgentes de las masas populares.

En esta línea el PCV participará en la ANC con candidaturas propias y unitarias de la alianza revolucionaria obrero-campesina y popular, una de cuyas expresiones concretas en los actuales momentos es el Frente Popular Antimperialista y Antifascista (FPAA). Es necesario trabajar, para que tal bloque de fuerzas tenga una actuación coherente y articulada en función de los objetivos comunes. De este esfuerzo unitario dependerá alcanzar conquistas para la clase obrera y el movimiento popular en el marco de la ANC.

La construcción de estos procesos de alianza de la clase obrera con el movimiento popular, no niega la posibilidad de impulsar también acuerdos electorales con el principal partido de gobierno y sus corrientes, en el marco de la articulación de la lucha contra la agresión imperialista y fascista, siempre y cuando estas alianzas no impliquen para el PCV compromisos de abandonar, cualesquiera sean las circunstancias, su perfil propio. Debe negarse toda posibilidad por parte del Partido Comunista de Venezuela, de respaldar en la elección a la ANC candidatas o candidatos corruptos, oportunistas y al servicio de modelo capitalista.

Propuestas Programáticas

Como bien expresaba Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto del Partido Comunistas:

“…lo que nos hace diferentes del otro conjunto de fuerzas políticas, es que los comunistas no ocultamos nuestras verdaderas intenciones a las masas, todo lo contrario, realizamos todos los esfuerzos para difundir nuestras propuestas, porque solo en manos de las masas explotadas se convierten en arma poderosa capaz de transformar la realidad.”

La gran tarea de esta campaña ideo-política de masas en el marco de la ANC, es la defensa del proyecto de la clase obrera venezolana: el socialismo-comunismo, como única y verdadera solución frente a las causas de los problemas que agobian a las masas trabajadoras. La crisis del modelo capitalista venezolano y su expresión en la descomposición del aparato estatal, ha abierto un intenso debate del cual no debe estar ausente la propuesta programática de las y los comunistas para sacar a nuestro país del laberinto capitalista, que nos condena a la dependencia, el atraso y el saqueo de los monopolios.

Entre las propuestas del capital monopolista representado por la derecha proimperialista, y la propuesta reformista pequeñoburguesa de la conciliación y la farsa del “capitalismo humano”, las/los comunistas asumimos con firmeza, convicción y audacia, la labor de presentar nuestra propuesta programática como la única opción realmente diferente, porque sí se plantea una ruptura real con el orden económico burgués y con la dominación imperialista sobre nuestro país.

En este sentido, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), en acuerdo con el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) y otras corrientes populares revolucionarias, propone para el debate constituyente del pueblo venezolano cinco grandes líneas de discusión y propuestas:

1.- Transformación revolucionaria de la base económica: la salida revolucionaria a la crisis capitalista. Orientada a superar el sistema capitalista dependiente y rentista, construyendo un modelo económico productivo de nuevo tipo que siente la bases para la transición al socialismo-comunismo.

– Instaurar el control obrero y popular sobre los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios fundamentales.

– Instaurar un sistema científico de planificación central participativa de la economía, que coordine en un todo único la inversión, la producción, la distribución, la acumulación y reinversión de lo producido, y al que estén sujetos todos los sectores y ramas económicas, sean privadas, estatales o mixtas.

– Iniciar un programa nacional de desarrollo científico-técnico estrechamente vinculado a la industrialización y con un acelerado crecimiento productivo, con participación protagónica de las y los trabajadores, consejos comunales, comunas y del Consejo Nacional del Poder Popular.

– Asumir una estrategia de desarrollo de las fuerzas productivas en armonía con el ambiente y garantizando los derechos laborales, particularmente la salud y seguridad en el trabajo
– Constituir dos corporaciones estatales para el fomento de la industrialización y la soberanía agroalimentaria, bajo cuya tutela se establezcan, con estricto apego a las prioridades de la planificación nacional, grandes empresas de propiedad estatal, sin excluir la participación de capitales privados en las áreas que se determinen, dándole la máxima urgencia a las industrias básicas y pesadas, ejemplo: producción de aceros especiales, maquinaria pesada y otros rubros de gran envergadura, las de carácter estratégico, y las que atiendan necesidades vitales de la población, con especial énfasis en la producción manufacturera y agroindustrial masiva a gran escala.

– Desarrollar la red estatal de abastecimiento y comercialización de alimentos y otros rubros esenciales, bajo control obrero y popular, que desplace efectivamente a las grandes cadenas privadas de carácter monopólico.

– Prohibir efectivamente a los monopolios y oligopolios

– Nacionalizar de inmediato la banca y todo el sistema financiero, cuya lógica especulativa es contraria al interés nacional y popular. Con la nacionalización, la sociedad, a través del Estado, obtendrá control de los recursos para financiar el desarrollo del aparato productivo nacional, propiciar el pleno empleo, superar el estancamiento de la economía y garantizar la creciente superación de las condiciones de vida del pueblo venezolano, a la vez que se eliminará uno de los mecanismos principales para la corrupción, el lavado y desvío de capitales ilegales, y la fuga de divisas.

– Nacionalizar total e inmediatamente el comercio exterior, y establecer la centralización estatal de las importaciones. Los dólares de la República deben ser utilizados para alcanzar el esarrollo productivo nacional y para la satisfacción creciente de las necesidades de nuestro pueblo.

– Suprimir toda norma que debilite o ceda al capital privado la propiedad y rectoría estatal sobre los hidrocarburos y su industria integralmente, así como en general sobre los recursos estratégicos de la nación.

– Reorganizar y disciplinar las finanzas públicas, estableciendo criterios de racionalidad, eficiencia y orden en el manejo del presupuesto nacional y en la administración del tesoro, dentro del marco de la planificación central participativa.

– Establecer un régimen tributario verdaderamente progresivo que traslade el peso de la carga impositiva hacia los grandes capitales, las actividades especulativas y el consumo suntuoso; incremente las tasas de impuesto sobre la renta a las personas jurídicas y grandes contribuyentes; peche las ganancias excesivas o súbitas y las tierras y bienes de capital ociosos o subutilizados; elimine progresivamente los impuestos al consumo popular como el IVA; suprima todo mecanismo de evasión por los capitalistas; y elimine los tratados contra la doble tributación.

– Auditar la deuda pública nacional, investigando posibles casos de endeudamiento fraudulento, analizando los escenarios y términos de refinanciamiento o renegociación, suspendiendo los pagos de servicio en ciertos casos y considerando la posibilidad de declaración de una moratoria general de la porción externa de la deuda.

– Cárcel y confiscación de bienes a los corruptos, estén donde estén. Crear instrumentos jurídicos que hagan posible la repatriación de los capitales ilegalmente fugados al exterior.

– Aplicar una política de defensa y transformación de las empresas estatales y tierras recuperadas, que establezca un nuevo modelo de dirección y gestión bajo control obrero, campesino y popular basado en la dirección colectiva y múltiple de los procesos de producción, administración y distribución de bienes y servicios, y que destierre definitivamente los flagelos de la corrupción, la ineficiencia y los métodos autoritarios y antidemocráticos en la gestión.

– Asumir una política integral de desarrollo agroproductivo con soberanía y participación protagónica de los campesinos y campesinas, las comunas y las trabajadoras y trabajadores, que contemple: desarrollo productivo con dirección colectiva y rectoría estatal de los fundos en manos del Estado; superar la injusta tenencia de la tierra con vocación agrícola, hasta abolir el latifundio; apoyo técnico, financiero y de insumos a los pequeños y medianos productores; propiciar las condiciones para la colectivización de la producción agrícola; creación de un banco nacional de semillas que garantice el abastecimiento y suprima la dependencia de las semillas transgénicas.

2.- Nueva organización del Estado de carácter democrático-popular revolucionario.
En el contexto de la crisis del capitalismo dependiente venezolano, es oportuno plantearse ya no sólo alternativas a la estructura extractivista-rentista sobre la que se ha asentado la economía nacional desde hace cerca de un siglo, sino incluso al propio modelo general de país hoy vigente, con todos sus componentes institucionales. Por ello, el actual debate constituyente no debe servir apenas para reformar otra vez algunos elementos y estructuras del Estado, dejando intactos de nuevo sus principios orientadores fundamentales que se han mantenido vigentes pese a los numerosos cambios constitucionales habidos a lo largo de nuestra historia.

Mucho se ha hablado en Venezuela en la última década sobre el Poder Popular. Pero, como el PCV ya ha advertido en varias otras oportunidades, muy poco de lo que el gobierno y las fuerzas dirigentes del proceso bolivariano han dicho o hecho sobre este tema ha servido para fomentar el desarrollo del verdadero Poder Popular. Ha quedado claro, especialmente a partir de 2009, que el gobierno bolivariano reduce el Poder Popular a una instancia circunscrita al nivel territorial inferior del aparato del Estado burgués; le concede a lo sumo el rol de mecanismo para corregir las insuficiencias de las otras instancias del Estado (por ejemplo como instrumento para acelerar la resolución de los problemas materiales prioritarios de las comunidades); lo priva de posibilidades reales de incidir en la dirección, administración y contraloría del resto del aparato estatal; y lo tutela y subordina a las decisiones y lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional.

Para el PCV, el Poder Popular «… no es una parte del poder, no es una nueva rama ni un nuevo nivel del Poder Público. Es la fuente fundamental de la que emana todo poder en una democracia popular revolucionaria. La toma de decisiones a todos los niveles de los poderes del Estado debe estar sujeta a este principio». Y en sintonía con dicho principio, sostenemos que toda la estructura jurídico-institucional de la República, todos los poderes, ramas, instancias y niveles del aparato estatal deben quedar efectiva y absolutamente sometidos al Poder Popular.

Esto implicaría abolir la estructura presidencialista y el concepto de la separación de poderes que han sido elementos fundamentales y permanentes del Estado venezolano a lo largo de la historia constitucional del país. Es notable que el proceso constituyente de 1999 de nuevo mantuvo y hasta enfatizó ambos elementos: fortaleció las atribuciones y prerrogativas del Presidente, y reafirmó la separación de poderes agregando dos adicionales a los tres clásicos. Y en nuestra opinión, lo que se requeriría en el contexto de una verdadera revolución de liberación nacional con perspectivas socialistas es precisamente lo contrario.

Así que proponemos el establecimiento de un régimen parlamentario democrático-popular revolucionario.

De esta manera, todas las ramas funcionales del Estado serían emanaciones de un único Poder, el Popular, encarnado en una cámara parlamentaria que podría llamarse «Asamblea del Poder Popular», y quedarían sometidas a ésta.

Las/los integrantes de dicha “Asamblea del Poder Popular”, mucho más numerosos que los de la actual Asamblea Nacional, serían elegidos periódicamente por voto universal, directo y secreto, pero con mecanismos electorales que asegurarían una participación privilegiada a las organizaciones de base del Poder Popular, así como disposiciones que garantizarían el respeto del principio de representación proporcional de las minorías políticas y ejercicio de la dirección colectiva. A tal efecto, deberá promoverse la constitución del Consejo Nacional del Poder Popular, integrada por: los consejos de trabajadores y trabajadoras, los sindicatos clasistas, consejos de delegados y delegadas de prevención, consejos comunales y comunas, consejos campesinos e indígenas, consejos estudiantiles, consejos juveniles culturales y deportivos, consejos de soldados y soldadas, entre otros; para que asuman poderes efectivos y en la definición y ejecución, seguimiento, control y evaluación de las políticas, planes y metas del gobierno democrático-popular revolucionario.

Naturalmente, las funciones legislativas nacionales recaerían sobre la Asamblea. Y a su vez, ésta determinaría la estructura, composición y funciones de un «Consejo de Gobierno», que ejercería las funciones ejecutivas nacionales de manera colectiva, y cuyos miembros, presidente y vicepresidente serían elegidos del seno de la propia Asamblea.

El presidente del Consejo de Gobierno ejercería las funciones de Jefe del Gobierno nacional y del Estado y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero, al igual que el resto de los miembros del Consejo, quedaría bajo la supervisión constante de la Asamblea, y sujeto a ser removido de su cargo en cualquier momento por ésta.

Asimismo, la alta dirección de las otras funciones del Estado (judicial, electoral, contralora, etc…) sería ejercida por consejos análogos al de gobierno, elegidos de similar manera por la Asamblea (no necesariamente de su seno) y sujetos a parecidas restricciones. En todos los casos, las potestades de la Asamblea y de los distintos consejos elegidos por ésta, dejarían a salvo la estabilidad funcional de los distintos órganos de la administración pública así como la estabilidad laboral del personal ordinario que en ellos se desempeñe, cuyas condiciones de ingreso, regímenes de trabajo, normas disciplinarias y causales de despido, quedarían sometidos a las disposiciones legales aplicables a la carrera del funcionariado público, a la carrera judicial, a la función de contraloría, etc…, según corresponda.

Se suprimirán todos los privilegios especiales y abultados emolumentos de los altos cargos de dirección gubernamental, a todos los niveles, incluyendo los de elección popular, quienes no podrán percibir salarios ni beneficios por encima del promedio de lo percibido por las y los trabajadores cualificados, ni facilidades más allá de las requeridas para el estricto cumplimiento de sus funciones. Todas las personas designadas para el ejercicio de labores de gobierno tendrán que rendir memoria y cuenta ante las instancias respectivas del Poder Popular.

En cuanto a la organización de las funciones del Estado en los niveles territoriales sub-nacionales, se establecería una estructura en todo análoga a la ya descrita, a partir de la elección de asambleas del Poder Popular para cada una de las divisiones territoriales del país, y con la elección por cada una de éstas de los consejos respectivos para su jurisdicción correspondiente.

Es nuestra convicción que tal modelo para el Estado promovería el desarrollo de la dirección colectiva y pondría coto a los excesos presidencialistas y en general burocrático-personalistas, a la vez que fomentaría la participación efectiva de las organizaciones del Poder Popular en todos los procesos y etapas de la gestión pública.

El ejercicio del poder político y las tareas de administración, planificación, evaluación y control de las políticas públicas reposaría así en la totalidad del pueblo, quien la ejercería directamente en los distintos niveles de la organización del Poder Popular, e indirectamente a través de las asambleas del Poder Popular.

El nuevo Estado democrático-popular revolucionario reconocerá a las diversas expresiones organizativas que emanan del pueblo como auténticas formas del empoderamiento y protagonismo de las/los trabajadores, el campesinado, las/los jóvenes y el movimiento popular en las tareas de dirección de la sociedad.

¡POR VERDADERO PODER PARA EL PODER POPULAR!
¡POR UNA DIRECCIÓN COLECTIVA Y DEMOCRÁTICA DE LA SOCIEDAD!

3.- Defender los derechos sociales y políticos de la Clase Trabajadora frente a la arremetida del capital. La crisis del capitalismo tiene como principal víctima las conquistas y derechos de las y los trabajadores venezolanos. El avance de las políticas reformistas que expresan la ofensiva mundial del capitalismo en crisis, pone en evidencia la contradicción fundamental del sistema entre el capital y el trabajo. Esta línea de discusión y propuesta se plantea desmontar la esenciade la crisis y poner en evidencia la contradicción y lucha de clase entre los trabajadores y
sus enemigos reales, los capitalistas.

– Por una política laboral que tienda a desarrollar las capacidades de lucha, de organización, conciencia clasista y revolucionaria del pueblo trabajador de la ciudad y el campo, proteger su estabilidad en el trabajo y hacer respetar los fueros de ley y la inamovilidad laboral.

– Reconocer y garantizar plenamente los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción, con particular énfasis en los trabajadores y trabajadoras con discapacidades.

– Aplicar sanciones penales para los patronos/patronas que violenten derechos de las y los trabajadores.

– Fomentar la cultura del trabajo y la disciplina laboral, en función de los objetivos del desarrollo económico independiente; detener y revertir los cierres fraudulentos y sabotajes patronales de empresas para reactivar los procesos productivos con papel protagónico y control de las y los trabajadores.

– Garantizar los derechos colectivos de las/los trabajadores a sindicalización, libertad sindical, huelga y negociación colectiva, fortaleciendo la independencia y autonomía de clase de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores.

– Prohibir constitucionalmente la tercerización y toda forma de simulación y fraude en la relación laboral.

– Salvaguardar y fortalecer el salario: entre otras garantías, prohibir la bonificación de los salarios, la mayor parte de los ingresos de las y los trabajadores tendrán carácter salarial

– Revertir y proscribir la judicialización, criminalización y represión de las luchas laborales y del sindicalismo clasista.

– Aprobar la Ley Especial de los Consejos de Trabajadoras y Trabajadores, para que éstas y éstos cumplan un papel protagónico en los procesos de planificación, administración, dirección, ejecución, seguimiento y control de la producción y demás procesos de trabajo.

– Establecer normativas avanzadas que regulen a las empresas de vigilancia y seguridad con garantía de los derechos de sus trabajadores y trabajadoras.

– Transformar y depurar profundamente los organismos del Estado con competencia en materia laboral y en materia de prevención, salud y seguridad laboral; instaurar, con carácter vinculante, la contraloría y supervisión de las y los trabajadores y sus organizaciones sobre las instancias e instituciones del ministerio con competencia en trabajo y seguridad social.

4.- Reconocimiento de los derechos fundamentales del pueblo.

La materialización y respeto de los derechos fundamentales del pueblo que le aseguren una vida digna y decorosa, no son posibles de forma estable, universal y duradera en el marco del modo de producción capitalista. La realidad de la crisis capitalista venezolana es una prueba más que lo confirma. Para que los derechos sean verdaderamente estables, universales y de calidad, deben emanar de una nueva organización de la base económica donde el desarrollo productivo y la distribución del producto social del trabajo tengan como objetivo la elevación de la calidad de vida del pueblo. Por tal razón combatimos las políticas asistencialistas propias de gobiernos reformistas gestores del capitalismo, que engañan al pueblo con beneficios que no son sostenibles en el tiempo, por el atraso en el desarrollo de las fuerzas productivas y el carácter regresivo del sistema tributario (que aún persiste desde 1992) y la evasión, que hace que el financiamiento del Estado corra por cuenta del petróleo y el IVA, es decir, por cuenta de la clase trabajadora y el pueblo en general.

Luchamos por la emancipación de la clase obrera y, con ella, de todas las clases y capas sociales explotadas y oprimidas por el capital. Este objetivo sólo es posible desalojando del poder a las distintas expresiones de la burguesía e instaurando el poder obrero-campesino y popular, para desmontar el Estado burgués, construir el Estado Democrático-Popular Revolucionario y abrirle perspectivas al socialismo-comunismo.

En el combate diario contra la explotación capitalista, luchamos por el derecho de nuestro pueblo a una vida digna. Nuestras propuestas programáticas tienen por objetivo, lograr que los derechos fundamentales reconocidos por el Estado se cumplan y amplíen. La garantía de concreción y profundización de estos derechos se sustenta en la instauración del Estado democrático-popular revolucionario, de contenido revolucionario obrero-campesino y popular, que eleve la calidad de vida del pueblo en correspondencia con el grado de desarrollo de la producción y el control-distribución del excedente social, resultado del desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo económico independiente.

– Instaurar un sistema de auténtico y férreo control de precios, costos y ganancias en todas las cadenas de producción y comercialización, con participación directa de la clase obrera y del pueblo trabajador

– Defender la propiedad estatal sobre los principales servicios sociales públicos y su dirección bajo principios de universalidad, calidad y control social.

– Establecer un Sistema de Seguridad Social integral, universal y solidario, con base a lo establecido en el actual artículo 86 de la CRBV

– Establecer el Sistema Público Nacional de Salud, con participación protagónica de las y los trabajadores de salud y las comunidades organizadas, en ejercicio del Poder Popular.

– Establecer un modelo educativo de calidad, al servicio del pueblo y del desarrollo soberano del país. Por una educación que resalte la formación en el dominio de la ciencia y la tecnología a fin de apuntalar el desarrollo de las fuerzas productivas, que estén acordes a las necesidades de cada región del país, que aprovechen y estimulen los talentos y habilidades de los estudiantes, que procuren el equilibrio entre los contenidos teóricos y prácticos y fomenten una educación vinculada con el trabajo.

– Establecer la autonomía universitaria basada en la democracia de la gestión y administración, por parte de estudiantes, profesores/as y trabajadores/as, en igualdad de condiciones.

Las políticas universitarias estarán en correspondencia con el desarrollo nacional soberano e independiente.

– Crear una red nacional de guarderías infantiles, públicas y gratuitas, desde nivel maternal hasta preescolar.

– Garantizar mayor tiempo libre a las mujeres, que permitan disminuir los riegos de salud vinculados a la doble o triple explotación.

– Establecer el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, especialmente en cuanto a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y su inclusión en la sanidad pública con carácter gratuito.

– Condena contra todos los tipos de violencia que desde el sistema capitalista se ejercen contra las mujeres, como la trata, la explotación y el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, intracomunitaria y política, la violencia en los medios de comunicación, la discriminación y la violencia en los centros de salud, de trabajo y de estudio.

– Proscribir toda forma de discriminación y segregación por razones sociales, económicas, religiosas, de raza, género, orientación sexual y cualquier otra condición.

– Obligatoriedad de un programa gubernamental para la promoción del empleo juvenil que garantice, por un lado, un digno inicio de la experiencia laboral de las/los jóvenes trabajadores con pleno respeto de sus derechos fundamentales de acuerdo a la ley; y, por otro lado, la incorporación masiva de las/los pasantes de pregrado y egresados del subsistema universitario y escuelas técnicas a los planes estratégicos de desarrollo agrario e industrial del país.

– El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas. Toda persona tendrá derecho a la protección de su hogar o el de su familia declarándolo como vivienda principal ante los órganos del Poder Popular, y por tanto no podrá acordarse ni ejecutarse medidas preventivas o ejecutivas de carácter judicial.

5.- La lucha por la independencia y defensa del derecho a la soberanía y autodeterminación de nuestro pueblo. El Estado Democrático-Popular Revolucionario profundizará y fortalecerá una política exterior soberana e independiente, desarrollando relaciones con todos los países y pueblos del mundo, sobre la base de la coexistencia pacífica, el respeto mutuo y la autodeterminación de los pueblos. Reforzará los nexos con todos los países socialistas y con los países liberados de la dominación imperialista.

– Se profundizará la activa política a favor de la paz mundial, del desarme y de la distensión internacional.

– Todos los convenios internacionales deberán ser conocidos por el pueblo venezolano y los de carácter socio-laboral deben garantizar los derechos laborales y de seguridad social conquistados por los trabajadores y trabajadoras.

– Se fortalecerá la posición firme contra la proliferación y por la eliminación de las armas de destrucción masiva, incluyendo las basadas en la energía nuclear. Ésta se desarrollará exclusivamente como energía alternativa y para uso pacífico, especialmente en la ciencia médica y en la investigación.

– Se profundizarán los procesos de integración en la América Latina y el Caribe, sobre la base de la defensa eficaz de los intereses nacionales comunes de nuestros pueblos frente al poderío de las transnacionales y de las diversas agencias económicas del imperialismo, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros.

– Venezuela denunciará el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), continuará el rechazo de las injerencias de la CIA y otros cuerpos policiales yanquis, y no participará en maniobras militares pro-imperialistas, radicalizará la denuncia de la injerencia a través de agencias como la USAID y las ONG en los asuntos internos del país.

– Seguirá propiciando el arreglo pacífico de las controversias con Colombia, dentro de un espíritu bolivariano y mantendrá su renuncia a toda política de fuerza contra Guyana y de presiones sobre otros pueblos de la región caribeña.

– El Estado Democrático-Popular Revolucionario contribuirá a la transformación de la Organización de las Naciones Unidas y respaldará las decisiones justas de todos sus organismos, así como no apoyará las resoluciones para incrementar las intervenciones militares imperialistas, exigirá el cumplimiento de las resoluciones que condenan el bloqueo contra Cuba socialista y las que se han adoptado para beneficio del pueblo palestino.

– Se luchará contra el racismo, el sionismo, el fascismo, todo sistema de segregación racial y cualquier otro tipo de discriminaciones entre los seres humanos.

– Se profundizará una activa política de solidaridad con los movimientos de liberación nacional y las luchas de los movimientos obreros y populares por sus justas reivindicaciones, enmarcado en el internacionalismo proletario.

ACTOS CONSTITUYENTES ORIGINARIOS DE CARÁCTER REVOLUCIONARIO
OBRERO-CAMPESINO Y POPULAR

Las y los constituyentes comunistas venezolanos, junto a las organizaciones revolucionarias del movimiento obrero clasista, campesino, comunal y popular, propondrán e impulsarán en ejercicio del poder popular originario, se produzcan actos ejecutivos constituyentes –con la participación directa y protagónica del movimiento obrero, campesino y popular- en materia social, económica, política, laboral y agraria, a los efectos de revertir y corregir decisiones directa o indirectamente tomadas por el Estado burgués en desmedro de los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y el campo.

Plantearemos, entre otras acciones:

– Revertir los miles de despidos injustamente cometidos en empresas privadas (con aval de las autoridades laborales del Estado) y en empresas públicas, tales como los casos de la Red de Abastos Bicentenarios, CVAL y PDVAL, entre muchas otras.

– Dejar sin efecto los procedimientos administrativos y judiciales de criminalización y judicialización contra luchadores del movimiento obrero y sindical clasista, siendo sancionados los funcionarios policiales, fiscales y jueces que se hayan prestado para tales actos que solo favorecen a los capitalistas y golpean a la clase obrera.

– Suspender y revertir procesos de desmantelamiento y reprivatización de empresas estatales, las que serán recuperadas con la directa participación y control de sus trabajadores, trabajadoras y organizaciones populares de su entorno. En tal sentido, se procederá a investigar y sancionar hechos de corrupción denunciados por las y los trabajadores y las comunidades.

– Proceder a revertir los procedimientos administrativos o judiciales de revocatoria de otorgamiento de tierras a movimientos campesinos, recursos mediante los cuales se despojaron a los campesinos para favorecer a viejos y nuevos terratenientes, tanto militares como politiqueros y personeros de la burocracia estatal.

– Dejar sin efecto y corregir todas las decisiones en política económica que favorezcan a empresas transnacionales y a capitalistas nacionales, que vayan en desmedro de la soberanía nacional y el medio ambiente, y que lesionen el interés del pueblo trabajador venezolano.

Buró Político del Comité Central
Partido Comunista de Venezuela (PCV)
Caracas, 10 de julio de 2017