por @Marco_Teruggi
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Juan Guaidó no pierde su mensaje de optimismo. Según sus palabras la transición es indetenible y es cuestión de semanas, meses como mucho. Lo repitió en cada país donde fue recibido: Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, en algunos con todos los honores como presidente encargado, en otros con más discreción. No aparece punto de retroceso que plantee un posible diálogo, repite invariablemente los tres pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres.

Esa narrativa de discursos y redes sociales contrasta con lo que debate la derecha tras las puertas. El post 23 de febrero no se desarrolla como lo esperaban los sectores que tienen como hoja de ruta el desenlace intervencionista que, con artimaña discursiva, buscan presentar como “cooperación militar”. El resultado debía ser otro: una escalada en la narrativa militar hasta ser planteado de manera abierta en el Grupo de Lima y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Era la etapa siguiente, que debía ser justificada por la construcción de sentidos del 23, presentado como “masacre”, “quema de ayuda humanitaria”, “la raya que fue cruzada”.

Ocurrió lo contrario, una desescalada progresiva en el discurso que desembocó en Elliot Abrams, encargado para la cuestión Venezuela, afirmando que las opciones militares están descartadas. En el camino se pronunciaron en contra de cualquier salida armada gobiernos de América Latina y Europa favorables a Guaidó. El consenso quedó establecido en lo público alrededor de la solución “política e institucional”, y Bolton anunció que buscarán crear una coalición internacional para lograr la “transferencia pacífica del poder de Nicolás Maduro a Juan Guaidó”.

Se pueden buscar varias respuestas a por qué la opción fue mantener el escenario sobre las mismas variables de ataque económico, cerco diplomático y comunicacional. Una de ellas es que la operación del 23 de febrero mostró que el cuadro de fuerzas presentado no era real. Quedó al descubierto el sobredimensionamiento de la fuerza propia planteado en los discursos de Mike Pence, John Bolton, Mike Pompeo, Marco Rubio, Iván Duque, Juan Guaidó y la derecha venezolana que encabeza esta estrategia.

De la mano con eso se demostró que ni la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se quebró, ni el chavismo estaba en una situación de debilidad terminal. Sacar a Nicolás Maduro es más complejo que la narrativa triunfalista que plantea Guaidó en twitter y salones diplomáticos. Significa avanzar en otros pasos para los cuales todavía no hay acuerdos internacionales ni internos. Un caso, por ejemplo, es el de Brasil, donde existe un apoyo político por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, pero las Fuerzas Armadas de Brasil no parecen dispuestas a involucrarse en un conflicto armado con Venezuela.

La combinación de elementos desembocó en dejar de lado, por el momento, la amenaza repetida de “todas las opciones son posibles”. Quienes están al mando de las operaciones parecen haber agotado una serie de cartas, han recogido los resultados de sus acciones, y plantean nuevos movimientos en cada uno de los niveles, unos en superficie, otros por debajo de la mesa. Desistir en lo público no significa hacerlo en lo privado.

El vicecanciller de Venezuela, Samuel Moncada, denunció en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la amenaza que se gesta por debajo: “Estados Unidos está intentando armar una guerra indirecta y mercenaria con grupos irregulares y armados”.

Se trata de una amenaza que tiene elementos conocidos en Venezuela a la vez que una nueva dimensión en vista del escenario en el cual se daría. Ya en el 2014, y sobre todo en el 2017 la derecha desplegó bandas criminales y grupos paramilitares que asaltaron cuarteles, comisarías, asediaron pueblos, persiguieron chavistas, incendiaron depósitos de comida. Guardaron sus estructuras pasada la oleada, enviaron algunas a Colombia para recibir mayores niveles de entrenamiento, y realizar actos como el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro en agosto del 2018.

Lo nuevo es el cuadro actual de gobierno paralelo, cierre de diálogo y ofensiva final conducida de manera explícita desde Estados Unidos. Al frente de esa trama se encuentra Abrams, experto en montar operaciones de esas características, como lo fue en Nicaragua en los años ochenta. Uno de los territorios priorizados desde los cuales hacer ingresar estas fuerzas sería Colombia, como también denunció Moncada: “la conformación de un supuesto ejército de Venezuela en territorio colombiano para infiltrarse en nuestro país”.

Esa hipótesis se articula a otros puntos. Uno de ellos es la utilización que podrían hacer de los integrantes de la Fanb que han cruzado a Colombia bajo promesa de la amnistía y los 20 mil dólares ofrecidos. Seguramente no de quienes han desertado, pero sí, por ejemplo, hacer pasar comunicacionalmente a paramilitares por exintegrantes de la Fanb, o utilizar sus uniformes para realizar acciones denominadas de falsa bandera. Existe una práctica de Estado de estas acciones en Colombia: quien ha sido ascendido a Comandante del Ejército por el presidente Duque está implicado en 23 casos de falsos positivos, es decir de asesinatos de civiles haciéndolos pasar por fuerzas guerrilleras. Sucedió entre el 2002 y 2008, bajo Álvaro Uribe.

En ese contexto la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, estuvo en Rusia donde brindó una rueda de prensa junto al canciller ruso Serguei Lavrov. Allí, además del respaldo explícito al gobierno de Venezuela, Lavrov denunció que Estados Unidos está “comprando armas ligeras a países de Europa del Este, ametralladoras, lanzagranadas portátiles, entre otros, para enviarlos a Venezuela (…) tratan de aumentar las tensiones para crear una situación que provocaría una explosión, un derramamiento de sangre que justificaría una intervención militar, nadie lo oculta en Washington”.

Guaidó, epicentro mediático de la estrategia, anunció que regresará a Venezuela, y convocó a concentraciones para el lunes en la mañana. El Grupo de Lima, voceros norteamericanos, han denunciado amenazas contra él. ¿Qué sucederá cuando llegue? ¿Ingresará por caminos ilegales como para su salida? El país parece cerca de ingresar en un segundo momento del asalto. Las cartas están en preparación.

por Marco Teruggi

Convencerse de su propia mentira puede ser un error fatal. No sería la primera vez para la derecha venezolana. Repiten, desde que ha comenzado el intento de conformar un gobierno paralelo, que el chavismo ya no es más que Nicolás Maduro encerrado en el Palacio de Miraflores rodeado de una cúpula militar amarrada por la corrupción. Solo sería cuestión de empujar lo que ya no existe, el árbol muerto.

En el 2017 afirmaban lo mismo: sobrestimaron su fuerza, subestimaron al chavismo. Esa lectura los condujo a un asalto violento seguido de una sucesión de derrotas políticas que los trajo hasta este escenario en el cual afirman que derrocarán a Maduro, otra vez por la fuerza.

La realidad del chavismo es otra. En primer lugar, no se ha desmovilizado. Quedó expresado no solamente en la marcha del 23 de enero -invisibilizada por la derecha y los grandes medios- sino también en las movilizaciones que siguieron los dos días siguientes, como la del viernes en Vargas, localidad cercana a Caracas.

Sobre este punto conviene desarmar dos mitos de la derecha. En primer lugar, que el apoyo se debe a una red clientelar, y, en segundo lugar, que quienes se movilizan lo hacen por obligación. Existe entre 37 y 41% de personas que se autodefinen chavistas, según los números de la encuestadora Hinterlaces. Sus relaciones respecto al actual proceso político son varias, con combinaciones complejas como de distanciamientos/desgaste debido a las profundidades de las dificultades económicas, y de filas cerradas ante un cuadro donde queda evidenciado que se está ante un Golpe de Estado direccionado desde los Estados Unidos.

Ese chavismo tiene además otra característica: sus niveles de organización y politización. Existe un tejido organizativo en las barriadas populares, zonas rurales. Se trata de consejos comunales, comunas, comités locales de abastecimiento y producción, mercados comunales, consejos campesinos, emprendimientos productivos, milicias bolivarianas, entre otras experiencias. El chavismo tiene una dimensión identitaria y territorial. La derecha no tiene presencia organizada allí, por eso recurre a grupos armados y pagados para crear focos que logren sumar apoyo popular.

Además de ese entramado se encuentra el Partido Socialista Unido de Venezuela, principal instrumento político del chavismo, el partido más grande del país, que no ha mostrado rupturas. El reflejo de la unidad ante la agresión es poderoso. La derecha busca quebrarlo, generar deserciones, arrepentidos que luego son presentados como héroes.

Esa fortaleza política se une a la falta de respuesta que ha tenido el llamado al Golpe de Estado sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y sobre los diferentes poderes del Estado. En el 2017 la derecha había logrado que la Fiscal General diera un giro total a su posición respecto al gobierno, esta vez no, solo un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia que abandonó su cargo y pidió ser acogido en los Estados Unidos. Es poco para una acción de fuerza como la que está sobre la mesa.

La situación de debilidad absoluta del chavismo presentada por la derecha es entonces una construcción que no se sustenta en lo que ocurre en barrios o altas esferas. ¿Creen lo que afirman?

No significa que no existan fragilidades, producto de los ataques, errores propios, equilibrios internos inestables. El cuadro económico prolongado es el factor que más corroe. Por eso una de las estrategias anunciadas por los Estados Unidos reside en profundizar los frentes del bloqueo sobre la economía para secar una economía dependiente del petróleo y las importaciones. Por eso también resulta claro que la fuerza del plan del gobierno paralelo no reside en el plano interno sino internacional.

El destiempo entre ambas variables es prístino visto desde Venezuela. El sábado lo evidenció: mientras el día transcurría con tranquilidad en Caracas y el país, la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas era territorio de enfrentamientos entre el bloque liderado por Estados Unidos y los países opuestos al avance de la injerencia. Es allí donde se juegan los movimientos principales hoy.

La derecha en Venezuela parece a la espera de recibir instrucciones desde afuera según la evolución de las diferentes acciones emprendidas. Ha quedado evidenciada una partición de posturas internacionales, con claros apoyo a Maduro como el de Rusia, a la vez que la consolidación de la alianza autodenominada como “comunidad internacional”: Estados Unidos, Francia y Alemania -la dirección real de la Unión Europea-, España -quien marca la agenda hacia América Latina por razones neocoloniales-, Gran Bretaña, Canadá, y el Grupo de Lima sin México.

Resulta demasiado arriesgados pronosticar la evolución de las variables, aunque el desarrollo hasta ahora dado parece evidenciar que los Estados Unidos avanzan paso tras paso en un plan establecido. La pregunta que circula a estas horas es: ¿cuáles son los tiempos que han calculado para lograr el derrocamiento de Maduro? ¿Piensan acelerar en lo nacional una vez que el cuadro internacional quede establecido según sus necesidades? ¿Con qué actores? ¿O piensan por el contrario ingresar a un cuadro de mediano plazo? Existe un elemento que hasta el momento no ha entrado en acción con la fuerza que se espera: el gobierno de Colombia.

La política no funciona como ajedrez, en particular cuando el mundo ya no es la unipolaridad de los años noventa donde los Estados Unidos hacían y deshacían, la forma en que ha mutado la guerra en Siria es un ejemplo claro. Tampoco Venezuela es un terreno donde los cálculos hasta el momento les hayan dado los resultados previstos, y la derecha venezolana ha resultado una pésima y costosa inversión: este es el cuarto intento de asalto al poder en seis años. Una de las razones para entender cómo han fracasado en ese objetivo una y otra vez es la caracterización del chavismo, sus complejidades, potencias, arquitecturas, capacidades de respuestas al estar contra las cuerdas.

Subestimar al adversario, en este caso enemigo por cómo han planteado el conflicto, es un error central. La derecha no ha dejado de cometerlo. ¿Lo harán también los Estados Unidos?

por Marco Teurggi
pagina12.com.ar

La construcción del escenario internacional contra Venezuela se ha acelerado. La decisión proviene desde la dirección estratégica del conflicto que se encuentra en Estados Unidos (EEUU). Nikki Haley, embajadora de los EEUU ante la Organización de Naciones Unidas, y James Mattis, Secretario de Defensa, fueron los dos últimos en desplegarse en el continente, en particular en la base central: Colombia.

La primera estuvo en la asunción del recién electo presidente Iván Duque, se desplazó a la frontera colombo-venezolana, desde donde declaró que “el mundo debe darse cuenta de que hay un dictador en Venezuela”, y llamó a los países de la región a actuar. El segundo se reunió con el presidente luego de su gira por Brasil, Argentina, Chile y Colombia. La agenda se centró en Venezuela, la presión mediática, diplomática, el cerco económico, los próximos pasos en la escalada.

Mattis anunció luego de su visita el envío del buque-hospital USNS Comfort a las aguas colombianas cercanas a Venezuela. Argumentó que se trata de un apoyo ante los “refugiados” provocados por la “crisis humanitaria”.

Quienes tomaron la delantera a los pocos días fueron Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, quien afirmó “mantener todas las opciones sobre la mesa” en el caso de Venezuela. Le siguió el senador Marco Rubio, operador central de la línea intervencionista-golpista contra Venezuela, al afirmar que las circunstancias cambiaron, y una intervención armada forma parte de las posibilidades. “Venezuela y el régimen de Maduro se han convertido en una amenaza a la región e incluso a EEUU”, declaró. Lo hizo luego de reunirse John Bolton, miembro del Consejo de Seguridad Nacional.

Sus palabras fueron dichas a pocos días del inicio de los ejercicios militares UNITAS 2018 que se realizan en Cartagena, costa colombiana cercana a Venezuela, donde participan catorce países -entre los cuales Argentina- con buques, submarinos, aeronaves, bajo la dirección del Pentágono.

Factor Colombia
Iván Duque asumió la presidencia con un objetivo internacional en la mira: Venezuela. Heredó de Juan Manuel Santos el no reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente, el ingreso a la OTAN como socio global, la construcción mediática-política en ascenso de hostilidad hacia el gobierno de Nicolás Maduro y los venezolanos.

Duque profundizó la orientación con la visita al Comando Sur, donde se entrevistó con Kurd Tidd, seguido del anuncio del retiro de Colombia de la UNASUR, la protección política de Julio Borges -uno de los principales autores intelectuales del intento de asesinato de Maduro, prófugo en Colombia- y las condiciones para que el Tribunal Supremo de Justicia ilegal sesione en Bogotá. Este último declaró culpable a Nicolás Maduro, pidió nuevamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detenerlo. Ese Tribunal, ilegal, es parte de una de las cartas en desarrollo desde el 2017: la conformación de un gobierno paralelo.

Un elemento más resulta clave en el factor Colombia: la frontera. Más de dos mil kilómetros donde en el lado colombiano operan grupos paramilitares, narcotraficantes, y se desarrolla el contrabando de extracción. El gobierno colombiano, desde Álvaro Uribe –padre político de Duque-, legalizó el contrabando, en particular de gasolina. Fue en zona de frontera colombiana, cercano a donde estuvo Nikki Haley, donde se entrenaron quienes intentaron el asesinato con drones, justamente por tratarse de un territorio con alto desarrollo paramilitar.

Desde allí han ingresado fuerzas paramilitares que se han arraigado, propagado su forma de despliegue territorial bajo terror, y han actuado en la violencia de abril-julio del 2017. La hipótesis de acciones violentas se relacionan directamente con ese desarrollo: fuerzas irregulares financiadas, entrenadas, dirigidas desde el uribismo y los EEUU.

Factor migración
Las cámaras, tapas de diarios, discursos de gobiernos, se han orientado hasta la saturación hacia lo que presentan como el “éxodo” y los “refugiados”. No se trata de una repentina preocupación sino una coordinación para imponer esa idea, de manea a generar en la opinión pública la convicción de que es necesario intervenir. Es el punto de apoyo para convocar a la comunidad internacional y justificar posibles acciones.

Algunos de esas acciones recientes han sido el envío de Cascos Blancos argentinos a la frontera colombo-venezolana, la declaración de emergencia sanitaria por causa de la inmigración venezolana por parte del gobierno de Perú, la decisión del gobierno de Brasil desplegar la Fuerza Armada en la frontera con Venezuela, y las declaraciones de preocupación y entrega de dinero por parte de la Unión Europea.

El tratamiento dado a la situación de la emigración venezolana evidencia su utilización para construir un escenario de aislamiento y presión internacional. No es el primer caso en la historia. La emigración es real, es parte de los efectos del cuadro económico y otros elementos como las promesas de que fuera habrá trabajo/techo/dólares, pero no lo es en las dimensiones en las que se la construye mediáticamente. La preocupación por parte de las grandes cadenas de televisión y periódicos nunca estuvo, por ejemplo, con la emigración colombiana que, tan solo en Venezuela, se eleva a cerca de 5 millones 600 mil personas.

El próximo cinco de septiembre tendrá lugar una reunión especial de la Organización de Estados Americanos para “considerar la crisis migratoria originada por la situación en Venezuela”. Otra pieza en la construcción del tablero intervencionista.

Todas las cartas
¿Habrá una intervención internacional? Se puede afirmar que existe un escenario en construcción, una voluntad por parte de sectores políticos nacionales e internacionales, una medición de cómo podría ser: vías, actores, pretextos, tiempos. Por el momento aumentan la presión, amplían posiciones, rodean, buscan convencer. Los EEUU desarrollan todas las cartas, utilizan una u otra según el escenario que esté ya conformado o busquen acelera, y según los resultados. La apuesta por la oposición venezolana y las elecciones ha llevado a una sucesión de derrotas.

Lo que parece seguro es que anunciarán nuevos ataques contra la economía como parte del bloqueo ya declarado contra Venezuela. Es en la economía donde se juega hoy una de las principales batallas: el gobierno necesita a toda costa estabilizarla, y el bloque adverso hará lo posible para que el cuadro empeore y eso genere condiciones para nuevas acciones.

Por último cabe señalar que en septiembre tendrá lugar un ejercicio militar de defensa aérea conjunto entre Venezuela y Rusia en territorio venezolano. La influencia rusa, así como china, no deben perderse de vista en este acomodo de posiciones. Son una amenaza para los intereses de los EEUU, así lo han afirmado en varias oportunidades. El conflicto venezolano es mucho más que venezolano.

por Marco Teruggi – pagina12.com.ar

Estabilizar. Esa palabra condensa el anhelo de millones. Que la economía deje de ser un escenario de batallas y retrocesos. Estabilizar los precios, el dólar, el abastecimiento de medicamentos, billetes, transporte, luz. Es el centro del debate diario en Venezuela cuando no suceden acontecimientos catastróficos que buscan volcar el escenario. El último fue el intento de asesinato con drones del presidente, el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y representantes de los poderes públicos. Le siguió otro, meno difundido, el desmantelamiento de un plan de asesinato de dirigentes chavistas, la Operación Caín.

El gobierno ha tomado un conjunto de medidas económicas para enfrentar la situación. Serán implementadas por pasos, unos ya se han dado, otros sucederán este 20 de agosto, otros en septiembre y más adelante. Se trata de una jugada mayor en un escenario donde el tiempo se reduce.

La primera decisión fue la derogación de la ley de régimen cambiario y sus ilícitos, el llamado control de cambio, aprobado en el 2003 para enfrentar la fuga de capitales. Cualquier persona natural o jurídica podrá ahora transar sus divisas libremente, para lo cual se abrirán trescientas casas de cambio en el país.

Uno de los objetivos de la medida es atraer remesas, capitales, generar un mercado de dólares alimentado por los empresarios y no por el Estado a través de los dólares generados por la producción petrolera. Otro objetivo es el de detener el mercado paralelo de dólares marcado por un aumento que tiene elementos económicos y políticos: el paralelo/ilegal aumenta aceleradamente ante cada escenario electoral y dificultad política de la derecha.

En segundo lugar, se eliminarán cinco ceros a la moneda a partir del 20 de agosto: el bolívar soberano remplazará al bolívar fuerte. Esta medida tendría, entre otras cosas, un efecto en la disponibilidad de efectivo en manos de la gente, que en la actualidad se encuentra en menos del 1% de la liquidez monetaria. Ese desabastecimiento, creado por el contrabando de efectivo hacia Colombia y la especulación desatada por el desabastecimiento, ha generado, entre otras cosas, un mercado paralelo de venta de billetes -se compran en 200% por encima de su valor.

La reconversión monetaria se implementa junto al anclaje del bolívar con el petro, la criptomoneda creada por el gobierno a principio de año. El petro tiene su valor atado al precio del barril de petróleo, hoy arriba de 60 dólares: una variación del precio del petróleo impactará sobre el petro y en consecuencia el bolívar.

La decisión tomada por el gobierno fue establecer el valor de un petro en 360 millones de bolívares fuertes, es decir 3.600 soberanos, y colocar el salario en medio petro. El mínimo pasaría de esta manera de 50 bolívares soberanos a 1.800. Esto supuso a su vez reconocer como referencia el tipo de cambio el dólar paralelo y no el que era producto del oficial Sistema de Divisas de Cambio Complementario, con su consecuente devaluación.

En tercer lugar, se implementará en septiembre la medida relacionada a la gasolina. Según declaraciones oficiales, se pierden más de 12.000 millones de dólares anuales por el contrabando ilegal de gasolina a Colombia en manos de mafias colombianas -ligadas al paramilitarismo- con complicidades dentro de Venezuela. Para enfrentar ese cuadro se tomarán dos acciones conjuntas: un subsidio directo para quienes tengan un vehículo y la internacionalización del precio de la gasolina. Se buscará quitar la rentabilidad del negocio del contrabando y evitar que el costo recaiga sobre las diferentes áreas de la economía nacional.

Existen otras medidas, como el aumento a 16% del IVA a consumo suntuario, el cobro del 1% a las transacciones financieras de contribuyentes especiales, y la decisión del gobierno de cubrir las nóminas de la pequeña y mediana empresa por tres meses debido al reajuste salarial.

Los anuncios traen preguntas, principalmente relacionadas con los precios, que aumentan cerca del 100% mensual y ponen en jaque todo incremento salarial. Según el gobierno se logrará frenar la hiperinflación debido al anclaje del bolívar al petro, el golpe al mercado del dólar paralelo con la derogación de los ilícitos cambiarios, el reconocimiento del precio del dólar paralelo actual para establecer el cálculo, los tres meses de apoyo a la pequeña y mediana empresa, el subsidio directo al combustible, y la activación de los mecanismos de fiscalización del Estado junto con la contraloría social, popular.

Contra ese pronóstico se encuentran el impacto que tendrá la devaluación, el efecto en cadena que podría tener el próximo aumento de la gasolina aun con el subsidio, la duda acerca de la desaparición del mercado paralelo que impacta sobre los precios, la imposibilidad de lograr acuerdos con los oligopolios que son parte vertebral de la desestabilización económica, y la lógica especulativa transversal desatada en la economía.

Existe un punto más, central: las medidas se dan en un contexto de una violenta conflictividad política/económica tanto nacional como internacional. Los Estados Unidos han puesto en marcha e incrementado de manera declarada una serie de sanciones, es decir ataques, para bloquear la economía venezolana. Buscarán redoblarlas para evitar todo tipo de estabilización económica, continuar con el desgaste y trabajar sobre las consecuencias que genera.

Cuentan para eso con aliados venezolanos e internacionales, como el caso paradigmático de Colombia, donde se anunció, luego de la visita del Secretario de Defensa estadounidense, que arribará la embarcación Usns Comfort bajo el argumento de “misión humanitaria” para Venezuela. Evo Morales denunció el envío de “invasión encubierta del gobierno de EEUU”.

En los próximos días y semanas se verá la evolución de las medidas. El gobierno juega una de sus principales cartas en el punto crítico que es la economía. Su objetivo principal: estabilizar, para lo cual dio un lapso de noventa días. Quienes buscan derrocarlo harán lo posible para impedir toda mejora, crearán acontecimientos para generar un río revuelto y furioso que les permite ensayar posibles nuevas acciones de fuerza. Han demostrado de qué son capaces con el reciente intento de magnicidio.