Honduras 25>27oct2018: Foro Mesoamericano ALBA Movimientos

“ZEDES”: el proyecto que amenaza la soberanía en América Central

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Honduras una Nación ubicada en el corazón de América, es escenario de un proyecto de subasta territorial, al mejor postor, donde la deliberación del Imperialismo y el sistema de enclave alcanzan su punto máximo, desde 2011 se dieron los primeros pasos para instalar de forma legal vía Congreso Nacional las “ZEDES” (Zona de Empleo y Desarrollo Económico);consistiendo en la creación de zonas de residencias, industria y comercio para extranjeros, para las grandes corporaciones y transnacionales; lo que implicaba el desplazamiento territorial de las comunidades que han sido dueñas de esos territorios legalmente, el cual fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

Estas “ZEDES” están sujetas a un gobierno autóctono, que cuenta con un sistema judicial, económico y político propio.

Este proyecto de corte neoliberal fue creado por el expresidente del Banco Mundial Paul Romer, quien dos años después renunciara a la presidencia de dicho proyecto, quedando en su cargo Michael Strong, siendo este el modificador, quien le diera un giro económico, político, altamente capitalista, esclavista y racista.

Para los Movimientos Ambientalistas y Sociales, representa la privatización más descarada del suelo, rio, bosques, explotación minera, parques agro-industriales, entre otros. Este proyecto afecta las zonas protegidas de reserva biológicas; podemos mencionar lugares específicos como lo es la “Isla Exposición” localizada al sur del país, en donde las comunidades fueron desalojadas por las autoridades, para poder hacer entrega del territorio a Japón.

Para poder contrarrestar que dicho proyecto se lleve a cabo, se realizan por parte delos Movimientos Populares y Ambientalistas, constantes acciones, las cuales consisten en la organización de los pobladores residentes en estos lugares, donde se pretende materializar las “Ciudades Modelos”

El Movimiento Popular para la Defensa del Medio Ambiente, organización multicomunitaria hondureña, es uno de los movimientos sociales que se oponen férreamente a este proyecto que asesinará nuestra soberanía al ser instalado.

China en Centro América

por Gilberto Ríos Munguía*
elpulso.hn

La reciente decisión del gobierno de El Salvador que dirige el Presidente Salvador Sánchez Cerén, ha causado una importante reflexión en todos los ámbitos de las sociedades centroamericanas, tomando en cuenta que para nadie son ajenas las históricas relaciones de subordinación de los países de la región a la economía y política norteamericana, el debilitamiento que su influencia en el mundo ha tenido, el crecimiento de la presencia China en el continente latinoamericano y en Centro América, en la que ya cuenta con relaciones diplomáticas y comerciales con Panamá, Costa Rica y ahora El Salvador.  

El pasado 24 de agosto la embajadora de EEUU en Honduras Teniente Heidi Fulton, dio a conocer el posicionamiento de su país frente a esta noticia a través del siguiente twitter:

Chargé Heide Fulton‏ @USAmbHonduras 24 ago.
Países que buscan establecer o ampliar relaciones con China podrían decepcionarse a largo plazo. Es importante que el pueblo hondureño evalúe quién ha sido, y continuará siendo, un socio cercano y constante en la búsqueda de un mejor futuro para este país con fuerte potencial.

Por su parte la embajadora norteamericana en El Salvador Jean Manes, advertía desde comienzos de julio de este año sobre “el peligro” que representaba China en términos de inversión, ya que los ejemplos en el mundo demostraban que no contrataban mano de obra local en sus inversiones, sino que traían a sus propios trabajadores, además que era clara su intención de expandirse militarmente. Es curioso pensar en los argumentos vertidos por la embajadora Manes, tomando en cuenta las 900 bases militares norteamericanas en más de 173 países alrededor del planeta, pero también es algo más que insultante que los norteamericanos traten de determinar con quienes nuestros países pueden o no tener relaciones diplomáticas y comerciales, sobre todo porque ellos mismos sí las mantienen con China desde enero de 1979.

No obstante las relaciones diplomáticas, China ya es el segundo socio comercial con América Central, con una inversión cercana a los 2,000 millones de dólares. Empresas de ese país ya tienen importantes inversiones de infraestructura en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Algunos analistas aducen que las medidas proteccionistas del gobierno de Donald Trump, al igual que su política de auto aislamiento diplomático, como consecuencia de persistir en una política exterior agresiva y guerrerista, han empujado a muchos gobiernos y pueblos del mundo a ver las relaciones con China como una alternativa viable y prometedora.

También es importante resaltar que la política norteamericana anti migratoria, racista, de separación de las familias migrantes, el aumento a la xenofobia, las desafortunadas declaraciones del Presidente Trump sobre los países de la región a los que llegó a llamar “países de m…” y la situación económica y social que vive la región como consecuencia también del modelo de desarrollo del que ellos son directamente responsables también, han creado un ambiente favorable para que mandatarios y grupos económicos pongan su atención en esta alternativa de la relaciones con el gigante asiático.

Según datos que proyecta el gobierno Chino, el intercambio comercial con la región tiene previsto llegar a 500,000 millones de dólares para el 2025, es decir en apenas 7 años, mientras que la inversión directa superará los 250,000 millones de dólares para esa misma fecha. Al día de hoy China ya es el principal socio comercial de países como Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Chile. Para el 2017 su inversión representaba 113,662 millones de dólares (Fuente El País de España).

Esa política de inversiones, que demuestra una verdadera ofensiva del gigante asiático ha llevado también a acelerar la necesidad de modificar las estructuras de los gobiernos de Centro América por parte de EEUU, en Guatemala el intento de reestructuración condujo a dos ex presidentes de la derecha a la cárcel, en El Salvador a otros dos. En el caso de Nicaragua la ofensiva contra el gobierno del Presidente Daniel Ortega fue también un síntoma de este necesario reposicionamiento norteamericano en la región, aunque no logró su cometido. A esto debe sumársele la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México, lo que también podría hacer que su dominio sobre la nación azteca comience a mermar.

En Honduras, la embajada dirige una operación de las mismas características. Luego de apoyar el fraude electoral de noviembre de 2017, ahora se enfrenta con las mafias que ellos mismos colocaron en el poder, porque un gobierno de izquierda hubiera significado -a su criterio-, perder definitivamente su influencia. La asociación podría ser vaga o distante para algunos, pero el significativo hecho de los allanamientos, secuestro de documentos e incautación de las sedes de los partidos tradicionales el día marte 28 de agosto, por parte de instituciones creadas por voluntad, asesoramiento y acompañamiento de la embajada, no es más que el reflejo de la desesperación de los Estados Unidos en Honduras por corregir las instituciones políticas que han sido de su uso permanente y que han garantizado su dominio casi absoluto de la política nacional.

Pero su desgaste es evidente, tuvieron que recurrir al golpe de estado militar contra el gobierno del Presidente Manuel Zelaya el 2009, al fraude electoral el 2013 y el 2017, lo que demuestra que la capacidad de sus instrumentos políticos se ha reducido notablemente y es que su incompetencia y sus niveles de corrupción han llevado a la inestabilidad política permanente al país.

Es importante comprender que en la medida que la multipolaridad que representan los diferentes poderes ahora en el mundo incrementan su efecto en todas sus regiones, los fenómenos políticos dejarán de tener cada vez menos connotaciones nacionales, dando paso a una nueva versión del mundo globalizado. Por eso la lectura diaria de los acontecimientos mundiales se vuelve cada vez más necesaria. De Taiwán podríamos hablar también pero ya no tiene importancia.

* Dirigente del Partido Libertad y Refundación

 

Declaración de apoyo a la lucha de las fuerzas democráticas en Honduras

por Alba Malta North Africa Coordination

Declaración de apoyo a la lucha de las fuerzas democráticas en Honduras, frente al intento de consolidación de una dictadura militar

Declaración

A la mañana siguiente de las elecciones generales del domingo 26 de noviembre de 2017, los resultados mostraban muy claramente que Salvador Nasralla, el candidato de la Alianza contra la Dictadura había ganado las elecciones presidenciales con una diferencia de más del 5%, lo que parece ser irreversible. Pero luego se cometieron numerosas irregularidades por parte del “Tribunal Electoral de Honduras”, una institución ampliamente controlada por el actual presidente como varias otras-, como fue denunciada por Marisa Matias, Jefa de la Misión de Observación de la Unión Europea el martes 29 de noviembre. La Alianza contra la Dictadura de Salvador Nasralla ha formulado 11 demandas claras y legítimas para garantizar una transparencia mínima en el proceso de escrutinio. También ha movilizado a sus partidarios/as para defender pacíficamente la victoria de las elecciones presidenciales, ya que parecía muy claro, con una diferencia de más del 5% a la mañana después de la votación. La principal demanda de la Alianza es el recuento de 5200 actas de mesas electorales que permitieron al TSE invertir el resultado de la votación en pocas horas el miércoles 29 de noviembre, luego de varias interrupciones en el escrutinio.

La respuesta del régimen del actual presidente y candidato, Juan Orlando Hernández, involucrado en el golpe militar de 2009, fue establecer un toque de queda, suspender los derechos constitucionales y permitir que el ejército use la violencia contra los/as manifestantes pacíficos/as, con como resultado de la muerte de al menos 11 personas, entre ellas un adolescente, una mujer embarazada y su bebé, y cientos de personas heridas. El TSE oficializó finalmente la supuesta victoria de JOH,con una diferencia de 1%. Se esperan actualmente impugnaciones de la oposición y que el clima de inestabilidad se profundice.

Desde 2009, año del golpe contra Manuel Zelaya, Honduras es un país capturado por las empresas transnacionales (ETN), que han impuesto su poder en todos los asuntos de la sociedad y del estado. El fraude que se concreta ahora es la consolidación del poder de las ETN, representadas en Juan Orlando Hernández, su partido y demás poderes asociados. La Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y poner fin a la Impunidad expresa su más profunda preocupación la situación en Honduras. Ya en 2016 demostró su indignación ante el asesinato de Berta Cáceres y se unió a la movilización internacional de Solidaridad con COPINH y la demanda de Justicia en el caso de Berta[1].

Hoy, la Campaña condena enérgicamente el establecimiento de un toque de queda y la suspensión de los derechos constitucionales, el asesinato de ciudadanos/as desarmados/as por parte del ejército nacional, y hace un llamamiento a las organizaciones internacionales y los países extranjeros para que condenen la violencia y soliciten al gobierno hondureño detener cualquier tipo de violencia y restablecer los derechos constitucionales, entre ellos el derecho a protestar pacíficamente, apoyar la solicitud de verificar con total transparencia las 5200 actas de mesas electorales bajo sospecha, y ejercer presión sobre el actual presidente hondureño para que acepte la decisión democrática del Pueblo hondureño como se expresó en la elección del 26 de noviembre. La Campaña Global hace un llamado urgente para un pronto regreso de la democracia a Honduras, y el fin a la impunidad y la corrupción.

La Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las empresas transnacionales y Poner fin a la Impunidad es una coalición de más de 200 movimientos sociales, redes, organizaciones, y comunidades afectdas que resisten a la destrucción generada por las empresas transnacionales desde diferentes sectores y en los diferentes continentes.

Más información: https://www.stopcorporateimpunity.org

Contacto: [email protected]

[1] Ver: https://www.stopcorporateimpunity.org/international-solidarity-mission-to-honduras-justice-for-berta-caceres-and-copinh/

http://www.cdhal.org/declaracion-de-apoyo-a-la-lucha-de-las-fuerzas-democraticas-en-honduras-frente-al-intento-de-consolidacion-de-una-dictadura-militar/

Un saludo fraternal

P/La coordination
Sinia Benigassan

“Más Vale una pizca de lealtad que cien años de Gloria”, ​”Este Pueblo de America sabe que su fuerza interna esta en la union y su fuerza continental esta tambien en la union” – Fidel Castro 2004

Alba Malta North Africa Coordination

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L’Honduras è controllato da una élite criminale

da Notas de Periodismo Popular 

Intervista di Fernando Vicente Prieto a Olivia Zúñiga

2maR2017.- Notas ha intervistato Olivia Zúñiga – candidata a deputata e figlia della militante honduregna Berta Cáceres (1) , assassinata un anno fa da sicari – che ha analizzato la situazione del paese latinoamericano e il suo ruolo geopolitico, col colpo di stato del 2009 (2) come punto di rottura.

Qual è la situazione del popolo Lenca (3) e dei movimenti popolari – in particolare del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – ad un anno dall’omicidio di Berta?

Il contesto attuale è fatto di criminalizzazione, persecuzione, minacce, omicidi. Lo Stato honduregno cerca di imporsi con l’implementazione di politiche del terrore. L’assassinio di Berta Cáceres non è stato il primo e nemmeno l’ultimo: ci sono stati diversi omicidi dopo che hanno ammazzato mia madre. E il popolo Lenca, malgrado questo messaggio di terrore, continua a lottare, ad organizzarsi. È il più numeroso dei nove popoli indigeni che abitano l’Honduras e, storicamente, il più ribelle. Ancora non sono arrivati al nostro sterminio, ancora sopravviviamo, siamo qui. Sappiamo che si avvicina un periodo ancor più pieno di battaglie e per questo la dittatura ha approvato un nuovo codice penale sul “terrorismo”, grazie al quale tutti noi, come movimenti sociali, saremo danneggiati. A questo ha portato la guerra mediatica e giuridica che si è imposta da diversi anni e che cerca di criminalizzarci ancor di più. In mezzo a tutto il dolore e il terrore non sono riusciti a fermarci: abbiamo continuato ad andare avanti, lottando, con grandi limiti. Nel caso del COPINH, l’organizzazione che coordinava mia madre, ancora si resiste alle cariche del progetto capitalista e neoliberista, di tutte queste politiche di morte e fasciste con cui cercano di sterminarci.

Che implicazioni ha questo crimine nel quadro della situazione politica e sociale in Honduras?

L’omicidio politico di Berta Cáceres segna un prima e un dopo nella storia dell’Honduras. Ha prodotto chiarezza tra la popolazione, coscienza sul pericolo che comporta la difesa della Madre Terra, la difesa della vita e della dignità dei popoli. Malgrado un’esposizione internazionale notevole, sebbene fosse una leader conosciuta a livello mondiale, nulla di tutto ciò ha fermato le elite criminali, che la mandarono ad uccidere con squadroni della morte e con una guerra contro i nostri popoli combattuta da truppe di elite addestrate dagli Stati Uniti, dalla Colombia, da Israele. E bisogna ammettere che senza dubbi tutto ciò produce coscienza ma anche terrore tra la popolazione. Ora essere ambientalista o difensore della vita, essere un/una militante sociale in questo paese significa firmare capo una sentenza di morte. Il crimine di Berta Cáceres conferma tutti i sospetti che aveva sul fatto che molte compagne e molti compagni sono stati assassinati dagli squadroni della morte perché colpevoli di difendere la vita. Come movimenti sociali abbiamo avuto certezza di tutto ciò e lo abbiamo sempre denunciato: così come negli anni ’80, un nuovo Piano Condor si è imposto a partire dal colpo di stato in Honduras. Il golpe del 2009 è stato cruciale per la riattivazione di tutti i gruppi paramilitari, gli squadroni della morte. La crisi umanitaria, politica e sociale che vive il nostro paese è il risultato di questo colpo di Stato, ed è responsabilità di un’elite criminale incuneatasi nello Stato honduregno, un’elite formata anche da imprenditori che lavorano per favorire al capitale transnazionale e non in favore della grande maggioranza del nostro popolo honduregno.

A quali obiettivi economici e politici risponde quest’offensiva?

Quest’offensiva contro il popolo honduregno risponde ad interessi economici del capitale transnazionale che controlla il mondo e che vuole saccheggiare i nostri territori, dal momento che l’Honduras è un paese estremamente ricco in biodiversità, risorse naturali, ha accesso ai due oceani (Atlantico e Pacifico), un clima tropicale umido, oro, petrolio, argento, minerali in abbondanza e, anche, acqua in abbondanza. Siamo paesi ricchi ma impoveriti economicamente: storicamente saccheggiati, sfruttati. Siamo coscienti del fatto che questi governi sono servili agli interessi del capitale transnazionale perché le elite politiche e imprenditoriali dei nostri paesi hanno i loro profitti, a costo di organizzare colpi di stato. Non è un caso che dopo il golpe del 2009 siano state date più di 300 concessioni per progetti estrattivisti, senza fare alcun processo di consultazione previa, libera e informata, secondo quanto prescritto dall’accordo 169 della OIL (Organizzazione Internazionale dei Lavoratori). I beneficiari sono un’elite imprenditoriale di questo paese, il capitale transnazionale e funzionari pubblici che sono parlamentari ma a volte anche imprenditori, in quanto azionisti dei progetti estrattivisti. Chi ha controllato questo paese sono elite criminali. L’Honduras è stato un paese storicamente occupato dagli anni ’70, visto che era il luogo in cui operavano i gruppi contro-insorgenti denominati “contras”, che agivano contro i processi rivoluzionari di liberazione nei momenti di scontro armato più importanti del Centro America. Da allora è un paese strategico per lanciare attacchi contro i processi rivoluzionari e di liberazione di altri paesi. Oggi l’Honduras è geopoliticamente strategico e viene utilizzato per attaccare paesi come Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina. L’Honduras è stato un laboratorio di nuovi colpi di Stato, del “golpe blando”, così come lo chiamano. È un nuovo esperimento che poi è stato ripreso in tutto il continente. Ora stiamo vivendo le gravi conseguenze. Il golpe in Honduras è stato un golpe contro la democrazia in tutto il continente. Tutto ciò risponde ad interessi economici per i quali non importa la vita delle persone, soprattutto dei popoli indigeni e di noi che abitiamo i paesi del cosiddetto Terzo Mondo. Tutto gira intorno al capitale. Per questo continuiamo a condannare questo sistema – come diceva mia madre – capitalista, razzista e patriarcale.

Qual è la situazione giudiziaria e a che punto ci troviamo per il progetto Agua Zarca?

Fino a questo momento gli autori intellettuali non sono stati nemmeno indagati, figuriamoci incarcerati. Delle 33 denunce promosse da mia madre nel 2015 per le minacce di morte, di stupro, di sequestro dei figli e del nipote, nessuna è stata ascoltata. Aveva misure cautelari concesse dalla Commissione Interamericana di Diritti Umani (CIDH)). Ciononostante, lo Stato honduregno non ha fatto nulla per proteggerla e, al contrario, è stato complice del suo assassinio. Mia madre aveva denunciato più volte di essere oggetto di minacce da parte di funzionari pubblici, sindaci, deputati. Che la stavano perseguitando sicari, squadroni della morte, gruppi paramilitari che la aggredivano fisicamente e verbalmente. Ad oggi continuiamo ad esigere che si aprano indagini contro gli organi dirigenti dell’impresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) e che gli autori intellettuali di questo omicidio siano puniti con tutto il peso della legge. Al momento ci sono otto persone in carcere, tra cui vari militari – alcuni ancora in attività, altri in pensione. Uno è maggiore delle Forze Armate del Dipartimento di Forze Speciali di Intelligence e Controspionaggio dello Stato honduregno, che per di più aveva svolto missioni in altri paesi per conto dell’ONU, per “risolvere situazioni ostili di guerra”. Si tratta di persone addestrate dagli U.S.A., riunite in gruppi paramilitari. Continuiamo a rivendicare che il río Gualcarque venga dichiarato Patrimonio dell’Umanità, ad esigere che si cancellino, immediatamente e definitivamente, le concessioni del progetto idroelettrico Agua Zarca e tutte le concessioni date illegalmente nel paese. Il progetto Agua Zarca è temporaneamente sospeso, ma la concessione non è stata cancellata in maniera definitiva. Nonostante tutte le minacce, la campagna d’odio e di discredito messa su da più di diciottomila call center che lavorano per il governo honduregno, continuiamo a lottare dall’interno di questo paese. Non ci ferma la paura, non ci ferma il dolore. Crediamo che sia momento di agire a favore delle generazioni future, che un altro Honduras è possibile e che lo possiamo costruire.

[Trad. dal castigliano e note a cura di Giuliano Granato] 

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1 Berta Cáceres, leader del popolo Lenca e cofondatrice della Copinh, è stata assassinata, dopo anni di minacce, il 3 marzo del 2016 all’età di 43 anni. Da sempre alla testa delle lotte per la difesa delle terre ancestrali del suo popolo, il suo omicidio è legato alla battaglia per difendere il Río Gualcarque, fiume sacro al popolo Lenca, dalla costruzione di una diga ad opera di una joint venture tra l’honduregna DESA e la cinese Sinohydro.

2 Il 28 giugno 2009 il presidente honduregno Manuel Zelaya fu arrestato e costretto all’esilio da un colpo di stato militare ordinato dalla Corte Suprema. Il golpe mirava ad impedire le elezioni di un’assemblea costituente, indette dal presidente Zelaya, per timore di un avvicinamento dell’Honduras ad altri paesi progressisti latinoamericani, Venezuela e Cuba in primis. La traiettoria presidenziale di Zelaya, che si era andato poco a poco radicalizzandosi, metteva infatti in discussione gli interessi di chi ha retto l’Honduras fino ad oggi, che siano attori interni al paese o anche esterni.

3 I Lenca sono un popolo indigeno che abita il territorio al confine tra Salvador e Honduras. In quest’ultimo paese costituiscono il gruppo indigeno più numeroso. Il governo honduregno non riconosce la loro lingua, né la loro religione né qualsivoglia autonomia sulle terre ancestrali. Proprio su quest’elemento negli ultimi anni si sta producendo una estrema conflittualità.

Hillary Clinton implicata nel colpo di stato in Honduras

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La candidata alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti e i suoi principali consiglieri lavorarono per rimuovere Zelaya dal potere attraverso un governo di unità nazionale

I messaggi della posta elettronica personale di Hillary Clinton, pubblicati dal Dipartimento di Stato nordamericano, comprendono informazioni sul golpe verificatosi in Honduras nel 2009 contro il presidente Juan Manuel Zelaya.

Secondo le e-mail, che partono dal 2009 per arrivare al febbraio del 2013, l’attuale candidata alla presidenza degli Stati Uniti d’America suggerì di utilizzare Lanny Davis, uomo di fiducia di suo marito – l’ex presidente Bill Clinton – come canale di comunicazione con il presidente de facto dell’Honduras, Roberto Micheletti.

In questo periodo, Davis lavorava come consulente per un gruppo di imprenditori honduregni che sostennero il colpo di stato militare perpetrato contro Zelaya, un politico di sinistra visto come una minaccia per gli interessi commerciali degli Stati Uniti.

In uno dei messaggi di posta elettronica diretto ai suoi consiglieri, Hillary Clinton discusse la possibilità che Davies potesse aiutarla a parlare con Micheletti. Alla stesso tempo, la candidata alle prossime elezioni presidenziali e i suoi principali consiglieri lavorarono per rimuovere Zelaya attraverso un governo di unità nazionale, ma il piano non registrò «grandi progressi». Tuttavia, si creò un enorme lacuna legale, che permise all’esecutivo golpista di porre il veto sul ritorno di Zelaya.

Il Governo ‘de facto’ si fece promotore di elezioni ritenute fraudolente, che resero impossibile il ritorno di Manuel Zelaya, secondo la rivista The Intercept. Nei messaggi di posta elettronica, si rivela inoltre che Hillary Clinton ha scambiato informazioni sensibili ma non classificate, sull’attacco a Bengasi, in Libia, avvenuto nel 2012.

[Trad. dal castigliano per ALBAinformazione di Fabrizio Verde]

Honduras, la sinistra in piazza: «Basta corruzione»

di Geraldina Colotti 

Tegucigalpa. I manifestanti chiedono le dimissioni del presidente

31mag2015.- L’Honduras in piazza con­tro la cor­ru­zione del governo. Oltre 5.000 per­sone hanno mani­fe­stato nella capi­tale Tegu­ci­galpa per chie­dere le dimis­sioni del pre­si­dente Juan Orlando Her­nan­dez (del Par­tido Nacio­nal), accu­sato di essere parte in causa nella grande truffa all’Istituto per la pre­vi­denza sociale. Già lo scorso 13 marzo la gente è scesa in strada a pro­te­stare con­tro la cor­ru­zione: per chie­dere un’indagine sul buco di circa 350 milioni di dol­lari dell’Istituto per la pre­vi­denza sociale. Nel 2014, è stato arre­stato per truffa e tan­genti (oltre 500 milioni di dol­lari) l’ex mini­stro del Lavoro Car­los Mon­tes, respon­sa­bile dei fatti quando era mem­bro dell’Istituto di previdenza.

Un paese preda della crisi, della cor­ru­zione e dei gio­chi di potere dell’oligarchia che punta a rima­nere in sella con la rie­le­zione inde­fi­nita, ha soste­nuto la lea­der indi­gena Berta Cace­res, del Copinh. Cace­res, che ha vinto il pre­mio Gold­man 2015 per l’America latina, è stata in prima fila nel ten­ta­tivo di costruire un cam­bia­mento elet­to­rale in Hon­du­ras soste­nendo la can­di­da­tura di Xio­mara Castro, del Par­tido Liber­tad y Refun­da­ción (Libre), alle ultime ele­zioni. Per buona parte dello spo­glio elet­to­rale, i risul­tati sem­bra­vano a favore del cam­bia­mento, ma poi la palude si è richiusa sulle accuse di bro­gli, pro­ve­nienti da diversi set­tori sociali. Vi sono state pro­te­ste anche dopo una sen­tenza della Corte suprema di giu­sti­zia che ha appro­vato la rie­le­zione del pre­si­dente, nono­stante il det­tato della Costi­tu­zione. Sei anni fa, solo per aver ven­ti­lato la pos­si­bi­lità di un refe­ren­dum su que­sto punto, l’ex pre­si­dente Manuel Zelaya è stato but­tato giù con un colpo di stato: così l’oligarchia si è libe­rata di un mode­rato che aveva però inten­zione di vol­gersi alle alleanze pro­gres­si­ste dell’America latina e non più a quelle gestite dagli Usa. E ora, l’attuale pre­si­dente con­ser­va­tore cerca di usare quell’episodio per accu­sare i suoi avver­sari di voler pro­vo­care un «autogolpe».

Intanto, cri­mi­na­lità, vio­lenza e impu­nità accom­pa­gnano la povertà cre­scente degli strati popo­lari. L’Honduras è con­si­de­rato il paese più vio­lento dell’America latina. Nel 2015 ci sono stati oltre 1.800 omi­cidi. In 14 dei 18 dipar­ti­menti si sono regi­strati 85 mas­sa­cri. La tassa di fem­mi­ni­cidi è di 14,6 per ogni 100.000 abi­tanti. Atti­vi­sti, sin­da­ca­li­sti e gior­na­li­sti con­ti­nuano a lasciarci la vita. E intanto, arri­vano nel paese nuove truppe Usa.

Honduras vota Libre. O almeno ci proverà

di Geraldina Colotti – il manifesto

Xiomara Castro, moglie del deposto presidente Zelaya e candidata del nuovo partito Libertad e Refundacion, punta a una «rivoluzione pacifica»

Oltre 200 osservatori internazionali sono in Honduras per le elezioni di domani. Si vota per eleggere il presidente che sostituirà quello in scadenza, Porfirio Lobo, i tre vicepresidenti, 128 deputati al Congresso, 20 al Parlamento centroamericano (Parlacen) con altrettanti supplenti, e 298 rappresentanti locali. Ai 5.437 seggi allestiti in tutto il paese, sono attesi 5,3 milioni di cittadini, compresi i 46.000 che vivono negli Stati uniti. Possono scegliere tra nove partiti e altrettanti candidati alla presidenza. I più quotati dai sondaggi risultano Juan Orlando Hernandez, del Partido Nacional (la destra che governa) e Xiomara Castro. Quest’ultima, che rappresenta il partito Libre (Libertad y Refundacion) è la moglie dell’ex presidente Manuel Zelaya, deposto con un colpo di stato il 28 giugno del 2009. Quattro dei nove partiti in campo sono stati fondati dopo il golpe: Libre, Anticorrupción, Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper) e Alianza Patriótica, quest’ultimo diretto da Romeo Vasquez, ex Capo di stato maggiore delle forze armate al momento del golpe. Per la giornata elettorale verrà intensificata ulteriormente la già altissima presenza militare e poliziesca nelle strade. Il piccolo paese centroamericano (circa 8 milioni di abitanti) è in cima alle statistiche mondiali per numero di omicidi: 85,5 ogni 100.000 persone, secondo l’Onu. Molti assassinii riguardano attivisti per i diritti civili e giornalisti. L’ultimo in ordine di tempo è stato Manuel Murillo Varela, 32 anni, ucciso nella capitale Tegucigalpa con tre colpi di pistola. Era un militante di Libre, già vittima di sequestro e tortura da parte di poliziotti in borghese, il 2 febbraio del 2010. La Corte interamericana per i diritti umani, che ha effettuato diverse visite nel paese, gli aveva attribuito una protezione, ma non è bastato.

Un altro modello di stato
«Il capitalismo selvaggio non vuole che i popoli ottengano giustizia, pace ed equità», ha detto la candidata Xiomara Castro nel comizio di chiusura davanti a un mare di sostenitori. La candidata di opposizione, leggermente in testa nei sondaggi, ha promesso «una rivoluzione pacifica e democratica». Un cambiamento regolato da una nuova costituzione, che dovrà essere il risultato di un ampio processo costituente. Libre, nato ufficialmente il 15 marzo del 2011, punta a rompere il bipartitismo imperante dei due partiti tradizionali, il Partido Nacional e il Partido Liberal. Propone un altro modello di stato, basato «sulla trasformazione della società e del sistema economico e politico, sulla costruzione di una vera democrazia partecipata e inclusiva, frutto di uguaglianza, libertà, solidarietà e giustizia, garanzia del rispetto universale dei diritti umani». L’equipe di presidenza di Xiomara Castro è composta da Juan Barahona, dirigente del Fronte nazionale di resistenza popolare (Fnrp), dal politico Enrique Reina e dall’imprenditrice Juliette Handal. Una rappresentanza dell’arco di forze che compone il partito, frutto di un’articolata ricomposizione politica iniziata dopo il golpe. Un variegato embrione di resistenza popolare si era messo in moto già all’indomani dell’espulsione di Zelaya dal paese ad opera dei militari. Poi, ne aveva appoggiato i vari tentativi di rientro, sostenuto dall’attività diplomatica del Brasile, del Venezuela e del Nicaragua. Dopo il ritorno dell’ex presidente in Honduras, le forze del cambiamento hanno intensificato l’attività politica, arrivando a fondare Libre e a eleggere Xiomara Castro come rappresentante. L’annuncio di una costituente, unito all’adesione di Zelaya al campo dei paesi socialisti latinoamericani, aveva messo in moto i piani destabilizzanti e innescato la crisi politica, già nel novembre del 2008. Poi, il colpo di stato e l’azzeramento delle timide riforme sociali avviate da Zelaya. A rimetterci, sono stati i lavoratori delle maquilas – le fabbriche ad alto sfruttamento che prosperano in centroamerica -; i contadini dell’Aguan, uccisi dalle squadracce dei proprietari terrieri, e gli oppositori, perseguiti, ammazzati o fatti scomparire. Dopo un lustro di crescita annuale del 5,6%, nel 2009 l’Honduras è entrato in recessione, come la maggior parte dei paesi del Centroamerica, per riflesso della crisi finanziaria del 2008. Dal 2010 al 2013, l’economia ha però ripreso a crescere di un 3,6% annuale: sempre a vantaggio, tuttavia, delle élite che reggono, per conto terzi (Stati uniti e grandi imprese transnazionali) l’ex repubblica delle banane. Un paese formalmente democratico dai primi anni ’80, ma sempre sotto la tutela dei militari e delle grandi imprese straniere, che hanno in concessione circa la metà del territorio, controllano e sfruttano tutte le risorse (minerarie, idroelettriche, agricole, commerciali e industriali).

Garifuna a rischio
Da ultimo, dopo un’opportuna modifica costituzionale, il governo Lobo è arrivato a concedere pezzi di territorio ai capitali nordamericani per costruire città private fuori controllo, che comportano ulteriori devastazioni ambientali e sociali. La prima, sulla costa caraibica, disboscata e cementificata per circa 1.000 km quadrati, mette a rischio la sopravvivenza della popolazione indigena Garifuna. Con il pretesto della lotta al narcotraffico che domina parte del territorio e permea tutti i livelli delle istituzioni, si alimenta il business delle imprese private del controllo e l’apparato poliziesco-militare. L’Honduras è sempre il cortile di casa degli Stati uniti, che solcano gli spazi marittimi come fossero i propri con navi da guerra, e usano il territorio nazionale per le proprie basi militari come quella di Palmerola. E così, l’indice di povertà e quello di povertà estrema sono arrivati rispettivamente al 13,2% e al 26,3%. È povero circa il 70% della popolazione. Tra il 2006 e il 2009, durante la gestione del pur moderato Zelaya, gli indici erano rispettivamente al 7,7% e al 20,9%. Il coefficiente di Gini, che misura le disuguaglianze e fino al 2009 era allo 0,50, alla fine del 2011 ha registrato un aumento del 12,3%, il più alto della regione. Una situazione destinata ad aggravarsi se passa il piano di governo di Orlando Hernandez che ha promesso una maggior militarizzazione del territorio, e la creazione di «120.000 nuovi posti di lavoro con le maquilas». Sul modello del Frente Amplio uruguayano, Libre propone invece un patto sociale «contro un modello di paese che favorisce un piccolo gruppo ed esclude il popolo». Durante il suo comizio conclusivo, Xiomara Castro ha proiettato un messaggio video dell’ex presidente brasiliano Lula da Silva, che ne inviò uno analogo a Nicolas Maduro in Venezuela e un altro alla candidata presidente in Cile, Michelle Bachelet, domenica 17. Lula, che dette asilo a Zelaya nell’ambasciata del Brasile a Tegucigalpa ha detto che Libre – affiliata al Foro di San Paolo – rappresenta «un gran momento di rinnovamento e speranza per l’Honduras». Anche altri presidenti socialisti latinoamericani come l’ecuadoriano Rafael Correa, hanno inviato messaggi a Xiomara. Per questo, la destra ha scatenato un putiferio. Il Tribunal Supremo Electoral (Tse), che presiede le operazioni di voto, ha invitato gli osservatori «a non interferire nelle elezioni». E intanto ha stabilito che alcuni membri del Foro di San Paolo come la ex Nobel per la pace guatemalteca Rigoberta Menchu potranno assistere solo come accompagnatori. In compenso, nessuna protesta istituzionale per l’arrivo nella capitale di un noto mercenario venezuelano, Robert Carmona Borjas. In fuga dal suo paese dov’è accusato di aver attentato alla vita del defunto presidente Hugo Chávez, Carmona è ritenuto l’ispiratore del golpe contro Zelaya.

[Si ringrazia Leonardo Landi per la segnalazione]

Honduras tra le rovine del recente passato e la speranza per il futuro

di Giorgio Trucchi

Opera Mundi/Alba Sud.- Reportage sul 4° anniversario del colpo di Stato, pubblicato originariamente sul giornale brasiliano Opera Mundi. Non c’è nulla da festeggiare, ma molto da ricordare, per non dimenticare. Include interviste (in spagnolo) a Víctor Meza y Juan Barahona. 

Sono passati quattro anni da quella mattina del 28 giugno 2009, quando un grosso contingente di soldati ha attaccato, sparando, la residenza del presidente costituzionale dell’Honduras, Manuel Zelaya Rosales, costringendolo a salire su un aereo e a lasciare il paese in pigiama verso il vicino Costa Rica, ma facendo prima una “sosta tecnica” a Palmerola, la più grande base militare statunitense nella regione centroamericana.
Da quel momento, l’Honduras è immerso in una crisi politica, economica, sociale e di sicurezza senza precedenti, con un forte aumento della povertà, una crescente militarizzazione della società e una degenerazione accelerata delle istituzioni e dei poteri dello Stato.
Nel frattempo, i gruppi di potere emergenti e quelli che hanno orchestrato ed eseguito il colpo di stato hanno avviato una lotta interna per riposizionarsi e conquistare spazi in vista delle imminenti elezioni del prossimo novembre.
Un processo elettorale che per la prima volta in oltre 100 anni, si caratterizza per la rottura del bipartitismo classico, la cui crisi è stata accelerata dalla creazione e partecipazione di un movimento di base ampio e poliedrico e nuova forza politica, le cui radici sono profondamente legate alla lotta contro il colpo di Stato.
In questo senso, il popolo honduregno si dibatte tra una crisi strutturale della società, oggi ingigantita degli effetti nefasti che ha portato la rottura dell’ordine costituzionale, e una lotta di resistenza politica e sociale organizzata che alimenta speranze per il futuro.
“Sono stati quattro anni segnati dall’approfondirsi della rottura istituzionale dello Stato, sia in termini di sicurezza, di istruzione, di sanità e servizi di base, come dalla profonda crisi della politica e della giustizia”, ha detto a Opera Mundi, sociologo e analista politico Eugenio Sosa.
La violenza e l’impunità
Secondo i dati dell’UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine), l’Honduras ha raggiunto nel 2012 il più alto tasso di omicidi nel mondo (86 ogni 100 mila abitanti), ovvero quasi 10 volte la media globale di 8,8 omicidi. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce “epidemia” un valore che supera i 10 omicidi ogni 100 mila abitanti.
L’Osservatorio sulla Violenza della Unah (Università nazionale autonoma di Honduras) ha calcolato una media di quasi 20 persone uccise ogni giorno nello stesso anno. Il Pubblico ministero (Pm) riconosce che solo 20 dei 100 casi di omicidio sono indagati ed è infinitamente minore è la quantità di casi giudicati e che arrivano ad una condanna.
Lo scorso aprile, il Congresso ha nominato una Commissione d’indagine con l’obiettivo, tra gli altri, di effettuare una valutazione globale del Pubblico ministero e di sviluppare e attuare un miglioramento di tutte le sue strutture. In base ai risultati dell’indagine, la Commissione avrebbe potuto assumere, nominare, sostituire, ruotare o licenziare il personale di questo organo dello Stato.
Nonostante la nomina di questa Commissione sia stata criticata e addirittura considerata illegale per la procedura utilizzata per la sua creazione da parte del Parlamento, i suoi membri non solo continuano con le indagini, ma hanno anche ottenuto una proroga del mandato, che era di 60 giorni.
“Nel Paese vige una totale impunità e il sistema giudiziario funziona bene solo per i colpevoli, per coloro che hanno commesso il colpo di stato e non per le vittime”, ha detto il giornalista e comunicatore sociale Félix Molina.
Secondo lui, in questi quattro anni non ci sono state condanne esemplari che abbiano ridato dignità le vittime. “Non si percepisce la presenza della giustizia e quando questo accade, la gente fa difficoltà a percepire lo Stato”, ha detto.
Quando si parla di violenza e impunità è emblematico il caso del Bajo Aguan, al nord-est del paese. Lì, il conflitto agrario che è nato a causa dell’espansione delle monocolture di palma da olio e della mancanza di accesso alla terra per migliaia di famiglie contadine, ha lasciato un eredità di almeno 60 contadini uccisi dopo il colpo di stato. “Ad oggi, nessuno di questi casi è stato investigato, e nessuno dei responsabili è stato assicurato alla giustizia. L’impunità è totale”, ha detto Bertha Oliva, coordinatrice del Cofadeh (Comitato dei familiari dei detenuti scomparsi in Honduras).
Per due mesi, la Commissione ha indagato qualsiasi atto realizzato da ogni membro dell’istituzione e dopo diversi cambiamenti interni, rotazione del personale e mancato rinnovo dei contratti, due settimane fa ha presentato una relazione preliminare al Congresso. In tale relazione i membri della Commissione hanno rilevato le gravi irregolarità commesse dalle autorità del Pm e ha intrapreso i primi passi per accusare il Procuratore generale, Luis Rubí, e il sostituto procuratore, Roy Urtecho per abuso di potere e violazione dei doveri pubblici.
Come immediata conseguenza a questa relazione, la Commissione di Sicurezza del Congresso Nazionale ha raccomandato di rimuovere dall’incarico i due funzionari attraverso una procedura di impeachment. Nel suo rapporto preliminare, la Commissione del Congresso prende atto che i funzionari del Pm hanno commesso “gravi violazioni delle loro funzioni, poteri e doveri”, e che non hanno proceduto all’azione penale in diversi casi “causando una grave impunità a discapito della popolazione” .
La Commissione ha inoltre raccomandato al Congresso di “avviare la discussione di una nuova legge sul Pubblico ministero, che consenta all’istituzione di adempiere le funzioni e i poteri stabiliti dalle normative nazionali.” Sotto la forte pressione generata negli ultimi mesi, nella notte del 25 giugno, Luis Rubí e Roy Urtecho hanno rassegnato le dimissioni.
Tuttavia, l’ex direttrice del Dipartimento degli Affari interni della Polizia nazionale, Maria Luisa Borjas, ha assicurato a Opera Mundi che la grave crisi delle istituzioni e di tutti gli organi preposti a garantire e ad amministrare la giustizia è tutt’altro che finita.
Depurazione e rimilitarizzazione
Il livello di violenza e d’impunità nella società honduregna è direttamente proporzionale al grado di corruzione e all’infiltrazione della criminalità organizzata e del narcotraffico nelle istituzioni dello Stato, tra cui gli organi di pubblica sicurezza.
Di fronte a questa situazione, il presidente Porfirio Lobo, con il sostegno del Parlamento, dove gode di una larga maggioranza, ha lanciato un’offensiva contro la criminalità, la corruzione e l’impunità. Tuttavia, i risultati sono stati molto scarsi.
Nel giugno dello scorso anno, ha approvato il decreto di emergenza 89-2012, per avviare un processo di “epurazione” della polizia, durante il quale la neonata Diecp (Dipartimento di ricerca e alutazione della carriera di polizia) doveva realizzare test completi di affidabilità – tossicologici, psicometrici e socio-economici – ai funzionari di polizia.
Secondo la testimonianza di fronte al Congresso Nazionale del direttore del Diecp, Eduardo Villanueva, durante i quasi tredici mesi del processo di epurazione sono stati effettuati 774 test, che hanno prodotto 230 richieste di allontanamento che sono state sottoposte al Ministero degli interni. Di esse, 33 sono state convertite in ordini di espulsione, ma solo 7 sono state eseguite, su un totale di quasi 14 mila agenti in servizio.
“Come è possibile che gli ufficiali che non hanno passato le prove di affidabilità non solo non siano stati rimossi dall’incarico, ma che addirittura siano stati promossi o continuino a occupare posti di comando? Di che ‘epurazione’ stiamo parlando quindi?”, ha detto Borjas.
Per l’ex commissario, è evidente che si vuol far credere alla gente che esista davvero l’intenzione di epurare il corpo di polizia, “ma le loro azioni dimostrano il contrario”. E cita diversi esempi, tra cui l’ex portavoce del Ministero degli interni, Ivan Mejía Velásquez e il direttore generale della Polizia, Juan Carlos Bonilla Valladares.
Mejía Velásquez ha un mandato di arresto per violazione dei diritti umani, abuso di autorità e lesioni, mentre Bonilla, soprannominato “Tigre”, è stato indagato per aver commesso tre omicidi extragiudiziari e per il suo coinvolgimento in diversi casi di rapimento e sparizioni. Entrambi continueranno a occupare posizioni di rilievo nell’istituzione.
“Avrebbero dovuti sospenderli o perfino arrestarli, invece Mejía Velásquez è stato appena promosso come nuovo direttore della Polizia preventiva, mentre Bonilla Valladares occupa la carica più alta nell’istituzione,” ha dichiarato.
Borjas era responsabile del Dipartimento degli Affari interni quando, nel 2002, venne indagato Juan Carlos Bonilla. “Lo stavamo indagando per 13 casi di gravi violazioni, tra cui esecuzioni sommarie di giovani apparentemente membri di bande (pandilleros), ma alla fine riuscimmo a presentare solo un caso al Pm e non ci permisero di continuare il nostro lavoro”.
L’ex commissario ha riferito a Opera Mundi che è stata rimossa dall’incarico nel 2003, dall’allora ministro degli Interni Oscar Alvarez. “Hanno smantellato l’apparato logistico, licenziato il mio staff e gli investigatori e alla fine, hanno chiuso l’Unità speciale. Nonostante ciò, l’accusa è rimasta in piedi e il giudice ha emesso un mandato di arresto contro Valladares Bonilla e i suoi tre compagni: Carlos Arnoldo Mejía López, José Ventura Flores Maradiaga e Juan José Zavala Velasquez “, ha dichiarato.
Adesso, grazie a un’assoluzione derivante da un’accordo extragiudiziario firmato nel 2004 dal ministro Álvarez e dall’allora presidente della Corte suprema di giustizia, Vilma Morales, i quattro agenti continuano a occupare i più alti gradini della scaña gerarchica della Polizia “Bonilla Valladares gli serve per fare ‘pulizia sociale’ nel paese. Ciò dimostra che non vi è un reale interesse nel processo di epurazione, bensí paura di agire o addirittura collusione di politici, funzionari del Pubbico ministero e giudici con atti di delinquenza comune o con la criminalità organizzata”, ha detto Borjas.
Inoltre, questo processo di apparente lotta contro la criminalità e l’impunità è stato caratterizzato da una crescente militarizzazione del paese. “Le forze armate sono sempre più coinvolte in attività di pubblica sicurezza e hanno sempre più potere. Sono state create nuove unità speciali, corpi d’elite e Task Force congiunte. Non vi è alcun dubbio che dietro questo processo di rimilitarizzazione e di cambio continuo delle massime autorità degli Interni vi siano gli Stati Uniti e il loro progetto egemonico nella regione”, ha detto Eugenio Sosa.
Progetto egemonico
Per l’anno fiscale 2014, gli Stati Uniti prevedono un leggero calo dei finanziamenti per la “guerra alla droga” in Messico e Colombia e un aumento per la Carsi (Iniziativa regionale di sicurezza per l’America Centrale), per la quale il Dipartimento di Stato ha chiesto 162 milioni dollari, vale a dire 26 milioni in più rispetto al bilancio del 2012. Anche se non sarà facile conoscere la quantità esatta che verrà dirottata verso l’Honduras attraverso diversi canali e programmi, è ovvio che il paese godrà di una attenzione privilegiata.
Recentemente, il Congresso Nazionale dell’Honduras ha approvato la creazione di mille nuovi posti nell’Esercito e di una nuova unità speciale della Polizia chiamata Tigres (Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad). “Si vuole aumentare il potere militare a discapito della pubblica sicurezza. C’è una chiara intenzione di ‘chiudere’ la polizia e di lasciare la gestione della pubblica sicurezza nelle mani dei militari”, ha detto il vicepresidente del Congresso, Marvin Ponce.
Nel 2011, il Pentagono ha aumentato la sua spesa militare nel paese del 71% rispetto all’anno precedente. Nonostante la grave crisi economica, politica e sociale che ha caratterizzato l’Honduras dopo il golpe, le ripetute accuse di corruzione, violazione dei diritti umani e di collusione con la criminalità organizzata rivolte alla Polizia nazionale e il fallimento del processo di riforma e depurazione, gli Stati Uniti continuano a mantenere attivi e a finanziare i loro programmi.
La direttrice del Programma Americhe del Cpi (Centro per la politica internazionale), Laura Carlsen, ha detto a Opera Mundi che gli Stati Uniti “vogliono avere un maggior controllo sulla strategie di sicurezza interna dei paesi centroamericani, soprattutto ora che diversi governi progressisti o di sinistra sono stati eletti in America Latina.
In questo senso – continua – gli Stati Uniti cercano di rafforzare la propria presenza militare per affrontare ciò che considerano una minaccia alla loro tradizionale egemonia nella regione”.
Secondo Felix Molina, si starebbero già vedendo parecchi segnali che mostrano la progressività di tale intervento nello scenario honduregno. “Prima c’è stato un interscambio di tecniche di addestramento e di informazioni tra il regime di Porfirio Lobo e la Colombia e poi è arrivata l’autorizzazione per creare nuove basi militari statunitensi nella Mosquitia e nei Caraibi.
Assistiamo anche all’arrivo, sempre più frequente, di alti funzionari del Dipartimento di Stato nordamericano e all’intervento diretto nei percorsi e analisi dell’azione penale, dell’epurazione della Polizia e nella creazione di diverse leggi “, ha detto il giornalista.
Tra le leggi contestate, Molina ha citato la legge Antiterrorismo, la legge d’Intervento nelle comunicazioni private, quella sui servizi segreti nazionali e sull’estradizione.
Nel marzo scorso, l’assistente segretario di Stato Usa per i narcotici,, William Brownfield, ha riferito in merito all’approvazione di un finanziamento di 16,3 milioni di dollari per creare una task force della Polizia per combattere i reati più gravi.
Mantenere l’Honduras sulle prime pagine dei giornali come la nazione più violenta al mondo e come uno “Stato fallito” farebbe parte, quindi, di una strategia nordamericana per giustificare un eventuale intervento diretto nel paese “Agli Stati Uniti interessa garantire i loro obiettivi e le loro priorità strategiche. È per questo che stiamo vedendo un aumento della loro presenza, insieme alla creazione di nuove basi militari nella regione e a un aumento loro progetti sociali e di cooperazione, dietro ai quali nascondono i loro veri interessi”, ha detto Borjas .
Un ruolo, apparentemente tranquillo e silenzioso, ma molto efficace nella pratica, che secondo Molina cerca di rafforzare istituzionalmente l’apparato di sicurezza dell’Honduras, ma che, in realtà, “si propone di rafforzare l’Esercito, cioè l’apparato che monopolizza la violenza e di garantire il loro controllo egemonico”.
Recentemente, 21 senatori degli Stati Uniti hanno inviato una lettera al Segretario di Stato, John Kerry, nella quali segnalano il “fallimento deludente del processo di epurazione”. Hanno inoltre chiesto trasparenza sui fondi erogati dagli Stati Uniti e destinati all’Esercito e alla Polizia dell’Honduras. “Dobbiamo fare in modo che i fondi degli Stati Uniti non servano a permettere la dilagante violazione dei diritti umani, anche da parte di membri delle forze di sicurezza che agiscono in Honduras protetti dall’impunità”, dice la lettera.
Disastro economico
Secondo l’Osservatorio del mercato del lavoro, nel 2012 il 67% della popolazione – 5,5 milioni di persone – viveva in povertà, di cui 3,8 milioni in condizioni di estrema povertà. Dati del Fosdeh (Centro studi sul debito estero in Honduras) mostrano che dal 2009 al 2012, il numero dei poveri è aumentato di 2,1 milioni.
L’attuale crisi economica in Honduras è il prodotto della combinazione di due elementi: la crisi finanziaria globale e il colpo di stato del 2009. Attualmente, il debito totale, stimato in circa 14 miliardi di dollari, ha superato il 70% del Pil (Prodotto interno lordo), il deficit di bilancio ha raggiunto il 6%, mentre il 63% dei dipendenti e l’80% dei lavoratori autonomi guadagnano meno del salario minimo.
Raf Flores, viceoordinatore del Fosdeh, stima che negli ultimi anni, “per ogni aumento di 100 persone della popolazione dell’Honduras ve ne sono 145 che si convertono in nuovi poveri, mentre i programmi di governo per la riduzione della povertà non stanno intaccando i fattori determinanti che la originano”. Inoltre, vi sono diversi settori del ceto medio-basso che sono caduti in povertà, mentre il tasso di disoccupazione e quello di sottoccupazione ha raggiunto quasi l’80%.
“La situazione è molto complicata e non abbiamo nemmeno un governo con una visione strategica su come affrontare questa crisi, che è un elemento essenziale per favorire la crescita, ridurre il livello di esclusione sociale, che è in continua espansione e che si manifesta con un aumento dell’emigrazione, della povertà e dell’insicurezza sociale”, ha detto Flores a Opera Mundi.
Secondo l’economista, la principale attività economica che ha mantenuto una forte crescita è quella finanziaria. Ciò è dovuto all’emissione di grandi quantità di titoli di Stato a breve scadenza e con tassi di interesse elevati. “L’affare per il settore finanziario è di prestare soldi allo Stato e ricevere tassi di interesse che sono circa il 15% annuo. Il mercato è così saturo che la Banca Centrale sta accettando che una parte delle sue riserva sia in titoli di Stato, garantendo così un doppio interesse e un doppio guadagno a banche e istituti finanziari” ha detto.
Durante i mesi successivi al colpo di Stato, il governo de facto di Roberto Micheletti è riuscito a sopravvivere e resistere economicamente e finanziariamente a discapito dell’enorme aumento del debito pubblico. Principali destinatari di titoli di Stato sono stati proprio i settori e i gruppi finanziari che hanno sostenuto il golpe e che, oggi, continuano a indebitare il Paese.
“In questa situazione si sta allargando il divario del potere d’acquisto delle persone. Il costo dei prodotti del Paniere è aumentato, mentre il reddito è rimasto uguale e non ha compensato l’aumento, peggiorando ulteriormente la curva di povertà”, ha detto Flores.
La voce che genera maggiori entrate di valuta sono le rimesse degli immigrati all’estero, che l’anno scorso hanno raggiunto i tre miliardi di dollari. Al contrario, vi è stata una forte contrazione del settore produttivo, agricolo e industriale, e dell’edilizia. Quest’ultima, che storicamente è stata la principale fonte di posti di lavoro in Honduras, non solo non è riuscita a riprendersi dalla crisi provocata dal colpo di Stato, ma è anche diventato il settore  privilegiato per il riciclaggio del denaro sporco.
“Gli elementi di instabilità politica ed economica derivanti dalla crisi del 2009 ancora persistono, e sono stati aumentati i livelli d’ingovernabilità. Il governo ha varato misure intempestive che non hanno risolto il problema, approfondendo il processo di privatizzazione o le concessioni di beni pubblici “, ha detto Flores.
In effetti, nel mirino della Coalianza (Commissione per la promozione del partenariato pubblico-privato) ci sono strade, porti, telecomunicazioni ed energia elettrica, acqua e fognature, le principali risorse naturali per lo sviluppo di mega progetti in campo minerario e idroelettrico e perfino il territorio dello Stato, con l’approvazione delle riforme costituzionali e delle leggi che creano le Regioni speciali di sviluppo (Red) meglio note come ‘città modello’.
“Sono processi poco trasparenti, il cui costo in termini di riduzione delle entrate fiscali è sconosciuto. L’investimento pubblico sta scomparendo, in quanto quasi il 50% delle imposte si spende per il servizio del debito e per la spesa dei salari pubblici. Indipendentemente da chi vinca nelle elezioni del prossimo novembre, si troverà ad affrontare una situazione molto complicata e dovrà lottare contro quelli che sono  che determinano l’immobilismo, l’esclusione e la disuguaglianza sociale, stabilendo nuove regole del gioco e promuovendo un patto e un accordo economico e sociale serio nel Paese” ha concluso Flores.
Elezioni e diritti umani
Di fronte a uno scenario elettorale sicuramente molto complicato e, allo stesso tempo stimolante, il Partito libertà e rifondazione, Libre, ha recentemente realizzato la sua Assemblea nazionale, confermando i risultati delle elezioni primarie dello scorso novembre e anticipando punti importanti di quello che sarà il suo programma di governo.
“Solo un anno dopo la sua formazione (Libre) un partito che si è formato ed è cresciuto nelle strade con la gente, è diventata la prima forza politica del paese. La nostra candidata, Xiomara Castro, è stata la candidata alla presidenza più votata nella storia del Paese”, ha detto Enrique Flores Lanza, ex ministro della Presidenza durante il governo di Manuel Zelaya e attuale candidato a deputato.
Secondo l’ultimo sondaggio condotto in maggio da Cid Gallup, Xiomara Castro, con il 28% delle preferenze, è in cima alla lista dei sette candidati alle elezioni del prossimo 24 novembre. Seguono il presentatore televisivo Salvador Nasralla, del Partito anti corruzione (Pac), con il 21%, l’attuale presidente del Congresso Juan Orlando Hernandez, del Partito nazionale (Pn), con il 18% e il candidato del Partito liberale (Pl), Mauricio Villeda, con il 14%.
Parlando a migliaia di sostenitori, Castro ha promesso di rifondare l’Honduras chiedendo “un nuovo patto sociale attraverso un’Assemblea nazionale costituente, originaria, includente e che preveda una profonda partecipazione della popolazione”. Propone inoltre di “avviare un cammino di riconciliazione e di trasformazione pacifica e democratica del Paese, derogando le politiche e le leggi neoliberiste approvate e adottate dopo il colpo di Stato, di riportare l’Esercito nelle caserme, così come di porre fine all’impunità e di riformare l’intero apparato di sicurezza e di giustizia”.
Attualmente, la legislazione elettorale honduregna non prevede il ballottaggio, per cui i risultati del sondaggio di Cid Gallup darebbero sì la vittoria alla candidata di Libre, ma gli consegnerebbero un Parlamento estremamente diviso e poco gestibile senza scendere a compromessi con le forze di conservatrici.
“La nostra candidata viene da 14 mesi di continua crescita e questo è visto con estrema preoccupazione dalla destra e dall’oligarchia “golpista” che, adesso, sta reagendo”, ha detto Flores Lanza.
A questo riguardo, Bertha Oliva, ha espresso una forte preoccupazione di fronte al prevedibile aumento degli attacchi fisici a membri o sostenitori di Libre.
“Siamo di fronte ad una struttura molto ben organizzata per creare il terrore e accentuare la violazione dei diritti umani durante i mesi che ci separano dalle elezioni. Tra le persone che accompagnavano l’ex presidente Zelaya nell’ambasciata del Brasile, 8 sono state uccise in meno di due anni “, ha detto Oliva.
La coordinatrice del Cofadeh ha rivelato che in questi primi sei mesi dell’anno c’è stato un forte aumento del numero di denunce presentate a questa organizzazione, per lo più da membri del partito di Xiomara Castro e della Resistenza in generale.
Per lei, ci sarebbe “un vero e proprio odio collettivo delle persone che hanno partecipato al golpe”. Questo elemento, aggiunto alla crescente militarizzazione della pubblica sicurezza e alla proliferazione di organismi di vigilanza privata – si contano più di 700 imprese di vigilanza privata e circa 70 mila guardie private – starebbe conducendo l’Honduras verso il caos.
“Se i sondaggi continueranno a indicare una possibile vittoria di Xiomara Castro, i settori golpisti faranno di tutto per creare il caos e giustificare una sospensione del processo elettorale”, ha detto l’attivista dei diritti umani.
Per Flores Lanza, le forze poitiche e sociali che si sono riunite in Libre si trovano ad affrontare, non solo il potere oligarchico nazionale, ma anche “gli interessi dell’impero statunitense e dell’intera destra internazionale, che agisce come una sola forza, esattamente come ha fatto in Venezuela durante le ultime elezioni”.
Ecco perché il nuovo partito sta lavorando intensamente sulla formazione dei suoi quadri e sulla strategia per la difesa del voto nelle urne. “La forza del popolo è l’unico elemento che può sconfiggere questi tentativi dei partiti tradizionali e dell’oligarchia di perpetuarsi al potere”, ha concluso Lanza.
Criminalizzazione della protesta
La violenza politico-elettorale si mescola con la criminalizzazione della protesta sociale. E ‘questo il caso di Bertha Cáceres, leader indigena del Copinh (Consiglio delle organizzazioni popolari e indigene dell’Honduras), la quale il 24 maggio scorso è stata illegalmente trattenuta, insieme al comunicatore sociale e membro della stessa organizzazione Tomás Gómez, e condotta in commissariato da una pattuglia di militari e poliziotti, mentre si recavano in macchina verso la zona di Rio Blanco, dove da oltre tre mesi le comunità lenca stanno protestando e bloccando il progetto idroelettrico Agua Zarca.
Dopo l’assoluzione in primo grado emessa dal tribunale di Santa Barbara, la Procura della Repubblica ha impugnato la sentenza e Cáceres dovrà affrontare un altro processo per i presunti reati di possesso illegale di armi e di attentato contro la sicurezza dello Stato.
La lotta, da parte delle organizzazioni sociali e popolari che si sono attivate contro il colpo di stato, contro i megaprogetti idroelettrici e turistici, l’attività mineraria, l’espansione delle monocolture, la concessione delle risorse naturali e dei territorirse naturali, continua a essere criminalizzata.
“Si tratta di un processo politico, attraverso il quale si si vuole continuare a criminalizzare la lotta storica che il popolo lenca sta conducendo contro il saccheggio delle risorse e dei territori. Possono comunque imprigionarci o anche ucciderci, ma la lotta non si fermerà. Le comunità sono pronte e determinate e non permetteranno un altro colpo mortale al proprio territorio ancestrale “, ha detto Cáceres.
L’ex commissario Borjas ha confermato questa tesi. Secondo lei, le forze di polizia che si uniranno all’unità Tigres si stanno già addestrando in tre caserme dell’esercito per il combattimento in operazioni a bassa intensità e per strategie contrinsurrezionali. “Il loro ruolo è quello di perseguitare i leader sociali e in questo modo, cercare di smantellare le organizzazioni sociali. È una replica del nefasto Battaglione 3-16, che ha operato negli anni 80 per perseguitare, rapire, torturare e giustiziare persone con un’ideologia diversa da quella dei gruppi di governo e di potere. La cittadinanza vive una situazione ad alto rischio ed estremamente precaria, ma lavoriamo per cambiare le cose con proposte serie e concrete “, ha concluso Borjas. 
(continua sotto)
II

“Los sectores que dieron el golpe son torpes y están afuera de la historia”, dice Víctor Meza, ex ministro de Zelaya
 
Cuatro años después del golpe de Estado que derrocó al  presidente Manuel Zelaya Rosales, Honduras no ha podido recuperarse. Sin embargo, algo que los sectores de la “oligarquía golpista” no habían previsto fue la espontaneidad de la reacción popular, que desembocó en una masiva protesta social en defensa de los derechos y los bienes comunes. Tampoco creyeron en la posibilidad de que surgiera y se consolidara un nuevo partido político, como es Libre (Libertad y Refundación), cuya candidata presidencial, la ex Primera Dama, Xiomara Castro, lidera las encuesta para las elecciones del 24 de noviembre próximo.
Sobre estos y muchos otros temas, Opera Mundi conversó con Victor Meza, ex ministro del Interior y pieza clave de la delegación que representó a Zelaya en la negociación post-golpe, es también director y fundador del CEDOH (Centro de Documentación de Honduras). El año pasado, el nombre de este intelectual prestado a la política apareció en unos cables enviados por el entonces embajador estadounidense, Larry Palmer y publicados por Wikileaks.
En ellos, el diplomático lo señalaba como informante de la embajada estadounidense. Meza siempre ha rechazado esta versión, denunciando la manipulación de los periódicos hondureños y el intento de desprestigiarlo por señalar el involucramiento norteamericano en el golpe.
Opera Mundi: ¿Cuál es la situación de Honduras cuatro años después del golpe de Estado?
Víctor Meza: La Honduras que tenemos hoy es la consecuencia directa del golpe y es muy diferente de la Honduras pre golpe. Antes del 28 de junio de 2009, el país tenía relativa estabilidad interna, con niveles de seguridad alarmantes, pero todavía controlables, con índices de crecimiento económico aceptables y con una deuda interna manejable.
La Honduras de hoy es exactamente lo contrario. El país está sumido es su peor crisis de inseguridad, con una deuda interna inmanejable que constituye el 43% de la deuda total, la cual ya ha alcanzado casi el 40% del PIB (Producto Interno Bruto).
Es una Honduras en crisis de institucionalidad, con fuertes conflictos sociales y a punto de desembocar en un proceso electoral que va a ser el más complicado de los últimos 30 años.
OM: ¿Por qué va a ser el más complicado?
VM: Por varios factores. En primer lugar porque se produce en condiciones post golpe, es decir en medio de una nueva polarización político-social en el país. El enfrentamiento ya no va a ser entre los viejos adversarios tradicionales de la política hondureña, sino entre golpistas y anti golpistas. Además, el sistema bipartidista, que fue una de las primeras víctimas institucionales del golpe, ha dejado de existir. Hoy tenemos por lo menos tres partidos grandes disputándose el poder y nueve partidos participantes, lo cual es algo absolutamente nuevo en la historia contemporánea de Honduras.
Una cosa es cierta: las fuerzas de ultraderecha, concertadas entorno a las élites conservadoras hondureñas que son, sin duda alguna, las más conservadoras de América Latina, están pagando las consecuencias del golpe. Están sumidas en un estado de verdadero pánico ante la posibilidad de que el partido Libre, surgido de las entrañas de la resistencia contra el golpe de Estado, pueda triunfar en las próximas elecciones.
OM: ¿Si los efectos del golpe fueron tan negativos para estos sectores, ¿por qué cree que tomaron esta decisión?
VM: El golpe de Estado es el resultado del miedo de las élites conservadoras ante una creciente dinámica de inclusión social de los sectores más pobres. El proyecto que animaba al gobierno zelayista no era un proyecto revolucionario, sino de elemental justicia social, que inició a tomar forma sólo después de la mitad del período de gobierno.
La gran pregunta que nos hacíamos era cómo hacer incluyente un sistema diseñado para ser excluyente. El gobierno estuvo buscando formas de inclusión y de movilización social, y el proyecto de la Cuarta Urna fue una de las expresiones de esta búsqueda. Queríamos que la gente dejara de ser el tradicional objeto de los procesos electorales, sino que participara y que comenzara a convertirse en un sujeto social, con autonomía propia y con dinámicas sociales movilizadoras.
Eso provocó el miedo en estos sectores de la élite político-económica del país, animada ideológicamente por el fundamentalismo religioso y respaldada por militares herederos de la Guerra Fría y congelados en el tiempo, que fingían ser subordinados ante las autoridades democráticamente electas.
OM: ¿Cuáles son las características de estas élites?
VM: Son élites asustadizas, poco ilustradas y torpes, que recibían con entusiasmo los consejos de grupos ultraderechistas de Washington, particularmente del lobby de los sectores vinculados a los grupos de exiliados cubanos de Miami y a los grupos de venezolanos antichavistas.
La combinación y la mezcla de estos elementos producen esa aberración histórica que fue el golpe, generando las consecuencias ya mencionadas, es decir la ruptura del bipartidismo y el surgimiento de una tercera fuerza política importante en el país.
Fueron tan idiotas que no se dieron cuenta que derrocando a un gobierno constitucional generaban un nuevo escenario político, en donde las nuevas dinámicas sociales se traducirían en nuevas opciones políticas.
Creo que aún no han entendido lo que significó realmente el golpe, ni el movimiento social que se generó y que sorprendió hasta el mismo gabinete de Zelaya. Fue nuestro Mayo francés.
OM: Sin embargo, el sector financiero salió ganando con el golpe
VM: El sector financiero siempre sale ganando. Desde 1990, este sector es el grupo económico más beneficiado de la economía hondureña. Ese grupo nunca pierde, porque siempre le apuesta a los ganadores.
Durante el golpe fue el grupo que le prestó el dinero al gobierno de facto de Micheletti. Estamos hablando de más de 2 millones de dólares diario y hoy este sector está cobrando con creces su dinero y sus intereses. Es por eso que la deuda interna de Honduras se ha vuelto inmanejable.
OM: ¿Cuáles son los elementos que caracterizan la crisis de seguridad que está viviendo Honduras?
VM: Es una combinación de factores. En primer lugar es una crisis determinada por el crecimiento alarmante de las redes delincuenciales y del crimen organizado en todo el país. Esto se traduce en penetración institucional, fuerte debilitamiento de las mismas instituciones estatales, incluyendo a las de seguridad, y en un peligroso proceso de erosión y evaporación de la presencia del Estado.
Honduras, por su posición geográfica, tiene 3 fronteras terrestres y 9 marítimas, y está muy expuesta a la presencia del narcotráfico y el crimen organizado, lo cual genera consecuencias muy graves en términos de violencia. Además, la Policía hondureña permaneció 35 años como una unidad subordinada dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. Es hija del militarismo y, por lo tanto, tiene una profunda cultura militar y un gran déficit de cultura policial.
Esto hace que sea una Policía fácilmente convertible en un órgano de represión interna, siempre a la búsqueda de un enemigo  para destruirlo y no de un ciudadano para protegerlo.
Esta Policía, militarizada culturalmente y corrompida institucionalmente, se convierte en una arma contra la ciudadanía y no es auto reformable, sino que hay que reformarla desde afuera, con voluntad política, valentía, decisión y conocimiento.
Si a eso le agregamos una Fiscalía y una Corte Suprema de Justicia en proceso de contaminación política permanente, que las degrada y las vuelve ineficientes y corruptas, el resultado es una crisis de seguridad nunca antes vista.
OM: En varios sectores de la sociedad hay fuerte preocupación por la creciente militarización de la seguridad pública.
VM: El militar está preparado para la guerra y educado para aniquilar al enemigo, no para proteger al ciudadano. Por el contrario, el policía debería estar preparado para evitar la muerte y proteger la vida de las personas. Esto explica los altos niveles de virulencia y de brutalidad con que la Policía reaccionó después del golpe contra la población. Ahí vimos los policías actuar por lo que son: apéndices de los militares.
Es por eso que debemos acelerar el diseño de una reforma de la Policía, para lograr una profesionalización que rompa, de una vez, la cultura castrense, reemplazándola con una cultura comunitaria.
OM: ¿Por qué ha fallado la depuración de la Policía?
VM: Por varias razones. La depuración comenzó de abajo hacia arriba, mientras debería ser lo contrario, es decir comenzar a depurar la cúpula policial porque después va a ser más fácil depurar la base. Además, la depuración fue concebida como un proceso muy largo, prolongado y lento, recubierto de un manto de secretividad que lo volvió sospechoso y poco creíble, quitándole legitimidad pública.
Tampoco fue parte de un proceso de reforma integral mucho más amplio, que incluya un cambio radical del sistema de selección, nombramiento, educación y promoción de los policías. Visto solamente como un componente aislado, el proceso de depuración no va a poder impedir de que haya un retroceso.
Es por eso que decimos que puede haber depuración sin reforma, pero nunca reforma sin depuración.
OM: ¿Quién gana al fracasar la depuración policial?
VM: Los primeros que ganan son los actores vinculados al crimen organizado. Son grupos fácticos informales que operan en la sociedad hondureña, que tienen influencia, que financian campañas políticas,  que controlan eslabones importantes de la economía y que influyen en el sistema institucional y político de Honduras.
Son los primeros beneficiarios de la ausencia de una real política de depuración y por lo tanto, son los que alimentan, estimulan y financian la contrarreforma. En medio de esta situación hay que enfocar el tema de la politización partidaria y sectaria de las instituciones. En la medida que sigue este proceso, las instituciones son inútiles.
Tenemos un Estado paquidérmico, lento, contaminado, vulnerable, que en lugar de caminar avanza casi arrastrándose, incapaz de enfrentar el desafío de la inseguridad.
Hay que cambiar toda la estructura y el sistema, y no solamente reaccionar ante la coyuntura aprobando nuevas medidas y nuevas leyes, o cambiando personas. Es por eso que la consigna es la Asamblea Nacional Constituyente, para refundar un Estado que está diseñado para no cambiar y perpetuar el statu quo.
OM: ¿Qué rol está jugando Estados Unidos en Honduras?
VM: Estados Unidos es un país que tiene su propia agenda y sus prioridades en términos de seguridad. Por la importancia estratégica que tiene nuestro país para Washington, frecuentemente la agenda de Honduras queda supeditada a la de Estados Unidos, y muchas veces las prioridades de los dos países no coinciden.
Los norteamericanos, por ejemplo, privilegian la formación de grupos élites y de fuerzas de tarea, y ya hay unos 10 grupos dentro la fuerza de seguridad hondureña controlados, dirigidos y estructurados por Estados Unidos. Cuando Honduras pretende diseñar y poner en práctica una agenda propia inevitablemente entra en choque con estas tendencias y prioridades norteamericanas.
Además, durante los años 80, la política norteamericana dejó a Honduras como un territorio poblado por habitantes y no un país poblado por ciudadanos. La situación fue cambiando poco a poco a partir de los años 90, pero el golpe le dio un impulso inesperado a este proceso y generó una dinámica de vocación ciudadana como nunca antes visto. Esta situación le preocupa a Estados Unidos.
Espero que tengan la capacidad de buscar y construir una relación relativamente respetuosa con un posible gobierno de Xiomara Castro, así como de cooperación más intensa a nivel económico.
La Honduras de hoy es consecuencia de la firma del Acuerdo Tegucigalpa-San José Diálogo Guaymuras, que condujo a diversificar el sistema político y a enterrar el viajo equilibrio en el país.
Con una dosis suficiente de pragmatismo, los norteamericanos tendrán que saber negociar este proceso de construcción de un nuevo equilibrio, que supone la aceptación de un tercer invitado en la mesa.
OM: ¿Qué elecciones van a ser las del 24 de noviembre?
VM: Elecciones difíciles y complicadas, con un sistema electoral diseñado para dirimir la disputa entre dos fuerzas políticas iguales y sin diferencias ideológicas, y con un aparato militar y de seguridad que fue parte del golpe. Ahora la situación ha cambiado y este sistema electoral no está preparado.
Siento que el pueblo es más despierto, más exigente, con demandas sociales más consistentes. Hay como un deseo de expresarse en las urnas para vengarse del golpe.
III

“Vamos a defender el voto en las urnas y en las calles”, dice Juan Barahona
El 4 aniversario del golpe de Estado que en 2009 derrocó al presidente constitucional de Honduras, Manuela Zelaya Rosales, se enmarca en una coyuntura electoral que, el próximo 24 de noviembre, llevará a unos 5.3 millones de hondureños a las urnas para elegir el futuro presidente de la República, 128 diputados y los alcaldes de los 298 municipios con que cuenta el país.
La profunda crisis político-económica y social derivada del golpe ha sacudido y dividido la sociedad y las familias hondureñas. Juan Barahona, actual subcoordinador del FNRP(Frente Nacional de Resistencia Popular) y candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Libre (Libertad y Refundación), asegura a Opera Mundi que la mañana de aquel 28 de junio de 2009 el pueblo se volcó a las calles de manera espontánea, para luchar contra el quiebre del orden constitucional en el país.
Según el también secretario general de Libre e histórico dirigente sindical, nadie se esperaba que el FNRP pudiese organizarse y crecer tanto a nivel nacional, dando vida, sólo tres años después, a un partido cuya candidata, Xiomara Castro, encabeza todas las encuestas de preferencia de voto.
Opera Mundi: Faltan cinco meses a las elecciones nacionales. ¿Cómo se está preparando el partido Libre ante esta cita?
Juan Barahona: Somos un partido nuevo, que tiene poco más de un año de vida, y ya contamos con estructuras en todos los municipios y departamentos del país. Fuimos capaces de ir a elecciones primarias para elegir a nuestros candidatos en vista de las elecciones nacionales de noviembre.
Estamos creciendo y nuestra candidata de consenso, Xiomara Castro, está encabezando todas las últimas encuestas. Eso nos indica que tenemos el apoyo y el respaldo de la mayoría del pueblo, porque hemos sabido interpretar sus aspiraciones de cambio y presentar propuestas concretas.
OM: ¿Cuáles son los elementos que más caracterizan la propuesta política de Libre?
JB: Sin lugar a duda la propuesta de impulsar y gobernar con un modelo diferente al modelo neoliberal, que históricamente concentra riqueza y reproduce pobreza.  Además, durante su discurso en la Asamblea Nacional de Libre el 16 de junio pasado, Xiomara Castro ha dicho que quiere promover un socialismo democrático, es decir avanzar hacia un cambio del modelo capitalista.
Son propuestas que el pueblo está apoyando firmemente, no porque somos un partido nuevo, sino porque tenemos propuestas concretas para cambiar la situación económica, política, social y cultural de nuestro país. Libre es una esperanza para el pueblo y una mayor responsabilidad para quienes lleguemos a ocupar cargos de elección popular en el gobierno y en la conducción del partido.
OM: ¿Cómo se va a cambiar un modelo que está hecho para mantener el statu quo y para que nada cambie?
JB: Nos es posible si no vamos a una Asamblea Nacional Constituyente y no aprobamos una nueva Constitución Política. Todo está legislado para garantizar y legalizar los intereses de los oligarcas que han mantenido el control del país, así que es necesario un proceso de refundación, que rompa ese estado de concentración de poder y de recursos.
OM: No sería, entonces, suficiente ganar la Presidencia, sino tener también una mayoría en el Congreso.
JB: Estamos trabajando para tener una fuerza significativa en el Congreso y para controlar un número importante de alcaldías. Solamente de esta manera podremos generar cambios en las instituciones y poderes del Estado, y en la sociedad en general.
OM: Tu trayectoria personal está marcada por una larga historia de lucha sindical al lado de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es la propuesta de Libre en el ámbito laboral?
JB: Libre ha prometido respetar las conquistas de los trabajadores y trabajadoras, que están reflejadas en la legislación laboral nacional y los Convenios internacionales ratificados por Honduras, tal como el derecho de sindicación y de negociación colectiva. También ha prometido derogar la Ley de Empleo Temporal, que cercena muchas de las conquistas logradas en más de 50 años de lucha.
OM: Ya han pasado 4 años del golpe de Estado. En esos días tan difíciles, ¿cuáles eran las expectativas y qué tanto se han hecho realidad?
JB: En aquel momento estábamos en las calles, desafiando el estado de sitio y la suspensión de los derechos constitucionales, luchando para revertir el golpe y restituir al presidente Manuel Zelaya en la Presidencia.
Aun así no dejamos ni un solo día de salir a las calles en todo el país, Fue un desafío a todas estas medidas represivas de los golpistas, sin pensar que íbamos a llegar a una situación de fuerza como la que tenemos ahora. El FNRP está organizado en todo el país y ha dado paso a la organización de una fuerza política que le está disputando el poder al bipartidismo, que ha gobernado por más de cien años.
OM: Ya hay señales preocupantes en cuanto al aumento de la violencia contra miembros del FNRP y de Libre. ¿Tiene temor de que la situación pueda empeorar a medida que se acercan las elecciones?
JB: Desde el día del golpe de Estado hemos estado bajo una represión salvaje, una violación sistemática de los derechos humanos y muchos compañeros y compañeras han sido reprimidos, perseguidos, encarcelados y hasta asesinados de manera selectiva.
Un día antes de la celebración de nuestra Asamblea Nacional asesinaron a Marvin José Rivera, un joven militante del partido Libre, quien acababa de salir del lugar donde se estaba montando la estructura para la actividad. El 24 de este mes fue secuestrado el periodista Aníbal Barrow, quien estaba comprometido con la Resistencia, y todavía no se sabe nada de él.
Creemos que, a medida que se acercan las elecciones, vamos a enfrentarnos a una profundización de la represión, porque los golpistas apuntan a meter miedo y generar terror, para que el pueblo retroceda y deje de respaldar a nuestro partido.
Prueba de eso es el hecho de que el principal asesor del candidato oficialista, el actual presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, es J.J. Rendón, el mismo que asesoró al candidato de la derecha venezolana, Henrique Capriles, y que enfocó su campaña en la confrontación, la violencia y el terror.
OM: ¿Se están preparando para defender el voto en las urnas?
JB: No solamente estamos preparándonos para defender el voto en las urnas, sino también en las calles si pretenden robarnos el triunfo. Asimismo, estamos preparándonos permanentemente para conservar nuestras vidas, porque estamos en este proyecto político para cambiar la situación en nuestro país, no para morir.
OM: ¿Cuáles son tus planes en caso de salir electo como Designado Presidencial el próximo 24 de noviembre?
JB: Actualmente soy secretario general de Libre y en la fórmula presidencial de Xiomara Castro voy como primer Designado. Yo vengo de los sectores sociales y populares y voy a representarlos en el marco de un futuro gobierno. Mi responsabilidad va a ser seguir al lado de estos sectores, que históricamente han sido abandonados y excluidos, escuchando sus necesidades y demandas, y tratando de dar respuestas concretas desde el gobierno.
[Trad. dal portoghese Fabio per Fabionews]
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