¡Unidad sí, unanimidad no!

por Néstor Francia

Análisis de Entorno Situacional Político

Lunes 03 de Marzo de 2017

¡Unidad sí, unanimidad no!

¿Qué fue lo que pasó en el caso TSJ-Fiscalía? ¿Acaso el Gobierno actuó urgido por las presiones internacionales? ¿Quiso bajarle calor a la olla de presión nacional? ¿Fue una jugada maestra en el ajedrez político? ¿Una demostración de dinamismo institucional?

¿Un real impasse institucional que se resolvió con el arbitraje presidencial?

Francamente, no tenemos la respuesta. Lo cierto es que cuando alguien nos dio la noticia sobre las declaraciones de la Fiscal, que estaban en pleno desarrollo mientras nosotros nos ocupábamos de otra cosa, nuestra primera reacción fue positiva y afirmamos que no se puede pensar que los conflictos y contradicciones son necesariamente malos en una revolución. Muy por el contrario, esta suele alimentarse de ellos, le dispara el espíritu creativo, a menudo se transforman en instrumento de avances, en motor de cambios, en detonante de nuevos desarrollos. Una revolución cómoda, tranquila, sin sobresaltos no es tal.

Conocemos a Luisa Ortega Díaz desde hace muchos años, desde aquella agitada década de los 70 del siglo pasado, cuando ambos militábamos en los abrevaderos del PRV-Ruptura. Es una veterana de las luchas sociales y políticas de izquierda. Como se dice, no nació ayer a estas lides. Por eso nos preocupó un poco la reacción intolerante de algunos chavistas, que rápidamente la convirtieron en traidora y en agente de la CIA ¿También lo es Eva Golinger, que le mostró apoyo de inmediato?

Nosotros no estuvimos de acuerdo con el enfoque que le dio al asunto la Fiscal, por razones que ya hemos asomado en anteriores Análisis: no creemos en las formalidades de la “democracia” tal como se le conoce, disentimos con buena parte del espíritu aun demasiado representativo de la Constitución Bolivariana y de la estructura del Estado que ella consagra, y por su reforma o sustitución nos pronunciaremos más temprano que tarde con detalles. Sabemos que es una Constitución de avanzada, renovadora en muchos sentidos, pero también pensamos que hoy es más bien una rémora de cara a los desafíos que nos plantea el futuro, si queremos que la Revolución se profundice, avance y alcance sus objetivos estratégicos.

Para nosotros priva la política sobre el Derecho (es claro que en este último tema, Ortega nos lleva una morena) ¡Pero vaya si tiene pleno derecho a expresar su opinión esta luchadora con experiencia, trayectoria y calidad intelectual! De hecho, de cara a los resultados, el Gobierno le ha dado la razón. Nosotros no, ya lo hemos dicho, aunque podríamos estar equivocados, claro que sí.

Por otro lado, el resultado quizá sea bueno para Venezuela en este momento. En la reunión del Consejo Permanente de la OEA de hoy, la derecha ha perdido algunos argumentos que le venían al pelo: los relativos la inmunidad parlamentaria, a las atribuciones de la Asamblea Nacional y a la “separación de poderes”. Por supuesto, ya tendrán otros. Sus reacciones a los recientes acontecimientos que cambian las decisiones del TSJ, así lo indican. El insufrible de Almagro ya tuiteó diciendo que “de una ruptura institucional no se sale con aun más alteración del orden constitucional” (¿!!?) y Mercosur activó el inicio de su “cláusula democrática”, a pesar de lo ocurrido después de las declaraciones de la Fiscal.

A lo interno se maneja también los argumentos que pretenden seguir estableciendo la matriz de que hubo un golpe de Estado en Venezuela. El presidente derechista de la AN, Julio Borges, afirmó que “El Tribunal Supremo de Justicia pretende maquillar un muerto (…) Que no crea que tachando una palabra en esa sentencia corrigen el muerto, la sentencia es la culminación de un golpe de Estado que han venido dándonos desde hace años” y tuvo la desfachatez de aseverar que “En Venezuela no hubo un problema entre la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, sino un Golpe de Estado; y ahora Nicolás Maduro no puede pretender normalizar al país, por eso no asistí a la reunión de Miraflores. Maduro es responsable del quebrantamiento del orden Constitucional y no puede pretender ser mediador”. En esa oposición a que Maduro pretenda normalizar el país, se le ve clarita la mala intención a este sujeto que estuvo comprometido hasta la médula con el golpe de Estado de 2002 y que no pagó por ello.

Otra arista del asunto se refiere a un axioma que hemos planteado: la unidad es posible y además necesaria, la unanimidad es imposible y además inconveniente.

Cualquier sensación de unanimidad es un engaño. Las diferencias existen y deben ser parte asumida del movimiento revolucionario, porque si se expresan con franqueza y lealtad, pasan a ser un aporte vital, se esté o no en acierto. Lo son porque promueven el debate y aminoran los peligros del inmovilismo y el conformismo, dos lacras letales para la Revolución. En el chavismo de base, el chavismo de calle, las críticas abundan y no por ello deja de apoyar a Maduro y a la Revolución. Chávez era muy crítico de su Gobierno y Maduro también lo es del suyo. Nosotros somos críticos de oficio, aleluya.

La postrera instrucción de Chávez fue que estuviéramos unidos, no que fuésemos unánimes. El siempre fue un animador del debate. Así que no podemos inquietarnos cada vez que alguien disiente, ni lapidarlo sin más ni más. Las diferencias se discuten, como acaba de promoverlo el Presidente, no se eliminan por decreto.

Precisamente, tenemos que estar unidos, a pesar de las diferencias, sobre todo ante los intereses fundamentales, como la defensa de la Patria.

Hay otra cosa: pareciera que el único contenido del comunicado del Consejo de Defensa Nacional hubiese sido el exhorto al TSJ, cuando en realidad hubo otros ítems destacados. Ratificó que el TSJ “es la instancia competente para el control de la Constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del Poder Público Nacional que coliden con la Carta Magna”; reiteró la importancia de la colaboración entre los poderes públicos; insistió en la disposición al diálogo e invitó a la oposición a incorporarse al diálogo nacional; y, muy relevante, repudió “categóricamente cualquier intervención que atente contra la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación. Los asuntos de los venezolanos deben ser resueltos exclusivamente por nosotros, sin injerencia ni intervención alguna, y en respeto estricto a la jurisdicción interna del Estado venezolano”. Esa es una muestra de la unidad posible y necesaria, en medio de las diferencias.

Por último, Nicolás Maduro volvió a demostrar que es un tanque de guerra de esta Revolución, un líder sagaz y activo que se crece en las dificultades ¡Bravo por él!

Pero los acontecimientos se precipitan. Ayer fue el balotaje en Ecuador y la Revolución Continental se apuntó una importante victoria con el triunfo de Lenin Moreno. El Consejo Permanente de la OEA se reúne de nuevo hoy. Por otra parte, la oposición venezolana ha comenzado a plantear una nueva estrategia para intentar volver masivamente a las calles después de un largo período de reflujo. Afortunadamente, tenemos bastante tela para cortar.

 

Venezuela: Comunicato del Consiglio di Difesa della Nazione

1apr2017.- Il Consiglio di Difesa della Nazione, debitamente oggi presieduto dal presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, in conformità al mandato e alle attribuzioni che gli conferiscono l’articolo 323 della Costituzione e dalla Legge Organica di Sicurezza della Nazione, in occasione della controversia sorta tra la Procura Generale della Repubblica e la Sala Costituzionale del Tribunale Supremo di Giustizia, ha deciso di:

1. Ratificare che il massimo tribunale della Repubblica nella sua sala costituzionale è la istanza competente per il controllo della costituzionalità degli atti emanati di qualsiasi organo del Potere Pubblico Nazionale che collidono con la Carta Magna, così come la risoluzione dei conflitti tra poteri.

2. Esortare il Tribunale Supremo di Giustizia a rivedere le decisioni delle sentenze 155 e 156 con il proposito di mantenere la stabilità istituzionale e l’equilibrio dei poteri, mediante i ricorsi contemplati nell’ordinamento giuridico venezuelano.

3. Reiterare che i disequilibri e conflitti tra i diversi rami del Potere Pubblico Nazionale si risolvono mediante i meccanismi di controllo costituzionale e la collaborazione tra i poteri, i quali sono espressione del dinamismo e della pluralità degli Stati costituzionali democratici.

4. Evidenziare i lodevoli sforzi del Presidente della Repubblica in quanto capo di Stato, nella ricerca della risoluzione, nel quadro costituzionale e attraverso il dialogo costruttivo, dei conflitti fra gli organi del Potere Pubblico Nazionale, nel rispetto della Indipendenza, della divisione e dell’autonomia dei suoi distinti rami.

5. Insistere nel nostro dialogo fecondo ed esortare l’opposizione venezuelana ad integrarsi senza indugi al dialogo nazionale promosso dal capo di Stato, e accompagnato da Unasur, papa Francisco, gli ex presidenti Leonel Fernández, Martín Torrijos e Rodríguez Zapatero.

6. Rifiutare categoricamente qualsiasi intervento che metta in discussione l’indipendenza, la sovranità, l’integrità territoriale e l’autodeterminazione. Le questioni dei venezuelani devono essere risolte esclusivamente da noi venezuelani, senza ingerenze, ne intervento alcuno, e rispettando strettamente la giurisdizione interna dello Stato venezuelano. La forza del sistema democratico in Venezuela e del suo robusto Stato di diritto non è in discussione in nessun caso, al contrario è una dimostrazione dello stato costituzionale di diritto, di giustizia sociale e di pace, edificato in un paese che ha fatto della pratica del protagonismo democratico e partecipativo il veicolo per la trasformazione della società e la ricerca della maggiore somma di felicità possibile, con le parole del nostro Libertador, Simón Bolívar: “Solo la democrazia è suscettibile di una libertà assoluta, libertà che si definisce come il potere che ha ogni uomo di fare tutto quanto non è proibito per legge”.

[Trad. dal castigliano per ALBAinformazione di Ciro Brescia] 

TSJ suprimió contenido de las sentencias

por ALBAtv

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suprimió este sábado 1 de abril las sentencias 155 y 156 que tratan sobre la la inmunidad parlamentaria y las funciones de la Asamblea Nacional.

En el portal del TSJ en la sentencia Número 157, N° expediente 17-0323, se detalló: “Se Aclara de Oficio la sentencia N° 155 de fecha 28 de marzo de 2017, en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria. Se suprime dicho contenido. Se suprime la cautelar 5.1.1 de dicho fallo”.

Mientras que en la sentencia Número 158 se explicó: “Se Aclara de Oficio la sentencia N° 156 de fecha 29 de marzo de 2017, en lo que respecta al punto 4.4 del dispositivo referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ésta o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho; cuyo contenido se suprime”.

La Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció ayer sobre tales sentencias y sostuvo que eran violatorias de la Constitución de la República.

Más tarde, el presidente de la República convocó a una sesión del Consejo de Seguridad a la que asistieron representantes de los Poderes Públicos, y en la que se acordó revisar las polémicas sentencias.

En dicha reunión el Mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, indicó que la sesión del Consejo Permanente de la Nación, fue fructífera y se erigió como una deliberación “cumpliendo y haciendo cumplir el espíritu de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su artículo 323, como mecanismo útil y pertinente para procesamiento de esta controversia que ha surgido y que rápidamente en la activación, como jefe de Estado que soy, hemos avanzado en importantes acuerdos y soluciones”.

>>>sigue>>>

El TSJ y la AN en tiempos de Revolución

por Nestor Francia

Análisis de Entorno Situacional Político

Viernes 31 de Marzo de 2017

El TSJ y la AN en tiempos de Revolución

Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que limitan la inmunidad parlamentaria y asignan al TSJ las atribuciones de la Asamblea Nacional, tomadas en razón del desacato continuado del poder legislativo y de sus reiteradas violaciones de la Constitución Nacional, han causado un gran revuelo al nivel nacional e internacional

¿Qué revela todo ello?

El Gobierno Bolivariano de Nicolás Maduro se les ha plantado de frente a los gobiernos y voceros de la derecha mundial, encabezados por Estados Unidos. No se ha amilanado, no ha reculado, no ha mostrado temor ni debilidad. Ha seguido enfrentando con decisión y firmeza a los enemigos internos del pueblo y de la Patria, que persisten en lanzar provocaciones, en desconocer al poder revolucionario y en promover la intervención foránea en el país. Es lo que hubiera hecho Chávez, quien jamás dio cuartel a esos enemigos. Es una política chavista digna y correcta dirigida por su legatario, el presidente Nicolás Maduro. Así es que se gobierna.

Venezuela se convierte una vez más en la gran vanguardia combativa de esta segunda guerra de independencia continental, en momentos en que la derecha envalentonada por victorias circunstanciales cree que en la Patria Grande su mandado está hecho. Aquí resistimos, levantando la llama que igualmente mantienen encendida los otros pueblos de América, como los de Argentina y Brasil, que ya se sublevan contra las bandas de Macri y de Temer, y anuncian que, como predijo Allende, más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Ya lo dijo también el Che: está gran Humanidad ha dicho basta y su marcha de gigante no podrá ser detenida. Acompañemos al camarada Maduro y digamos al mundo, tal como lo estamos haciendo: ¡Chávez vive, la lucha sigue!

En cuanto a la situación específica que anima nuestro Análisis de hoy, lo primero es destacar que la actuación írrita, inconstitucional y subversiva de la mayoría circunstancial de la derecha en la Asamblea Nacional, desde que se instaló el 5 de enero de 2016, es el origen de la situación de desacato que ha declarado el Tribunal Supremo de Justicia para hacer respetar las leyes y los poderes de la República.

La Asamblea Nacional de mayoría derechista arrancó su gestión desde ese 5 de enero con un discurso de su presidente Henry Ramos Allup, que se constituyó en una verdadera apología del delito, el cual se planteaba como tareas la rebelión contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el desconocimiento del resto de los poderes constituidos. Desde entonces, se han repetido insultos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a los rector@s del Consejo Nacional Electoral, además de ofensas escatológicas contra las damas que representan estos poderes, amenazas abiertas y agavillamiento contra ellas, con total impunidad.

Hubo amenazas concretas de salir del Presidente Nicolás Maduro absolutamente fuera de los tiempos previstos por la CRBV, amén de boicot al gobierno legítimamente constituido.

Un ejemplo palpable de las violaciones señaladas es la declaración de desacato por parte del TSJ por el hecho de haber la AN pasado por encima a la medida cautelar de sentencia 260 del mes de diciembre de 2016. En esa circunstancia, la Sala Constitucional del TSJ afirmó que “En ese sentido, es del conocimiento de esta Sala que por diversos medios de comunicación social se dio a conocer el día 6 de enero de 2016, el hecho noticioso del cual se evidencia el incumplimiento del mandato constitucional cautelar ordenado en la sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015, referido a la juramentación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana en los cargos de diputados a la Asamblea Nacional por el estado Amazonas los dos primeros, y por la Región Sur el último de los nombrados”.

El 11 de enero de 2017, la Sala Constitucional del TSJ confirmó una vez la situación de desacato en la que ha incurrido la AN, decidiéndose por ello que la Memoria y Cuenta anual del Presidente fuese presentada ante ese órgano rector del Poder Judicial.

El TSJ consideró que durante la instalación de la AN y la elección de la nueva junta directiva el 5 de enero de 2017, el Parlamento violó su propio Reglamento Interior y de Debates, razón por la cual todas las actuaciones parlamentarias desplegadas desde ese día también son nulas, incluyendo la sesión del 9 de ese mismo mes y año, “todo ello conforme a lo examinado en las sentencias números 2 y 3, publicadas el 11 de enero de 2017, por la Sala Constitucional”, declarando que “En vista de la imposibilidad para realizar actos válidos, se configura la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional, por lo cual el Presidente de la República en pleno ejercicio de sus funciones, ciudadano Nicolás Maduro Moros, deberá rendir su mensaje anual ante el TSJ, en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior”. En este contexto, el órgano judicial ordenó a los diputados que se encontraban en omisión parlamentaria inconstitucional y en desacato a varias sentencias del Poder Judicial a que desistieran inmediatamente de tales actuaciones y ejercieran sus atribuciones conforme a la Carta Magna y al resto del orden jurídico, no obstante la responsabilidad que puedan generar las mismas: “La Sala Constitucional ordena a los diputados que conformaron la Junta Directiva durante el año 2016, que antes de instalar el segundo periodo de sesiones y elegir válidamente a la Junta Directiva para el año 2017, deben hacer cesar el desacato al Poder Judicial, para que la nueva junta sea legítima y los actos de la Asamblea Nacional sean válidos, en acatamiento, entre otras, a las sentencias Nros. 808 y 810, de fechas 2 y 21-09-2016, respectivamente; la sentencia 952 del 21 de noviembre de 2016, así como también las decisiones 1012, 1013, 1014 del 25-11-2016 y la N° 1 del 06 de enero de 2017, en las que se ha ratificado el desacato por parte de la Asamblea Nacional a las decisiones N° 260 del 30-12-2015, 1 del 11-01-2016 y 108 del 01-08-2016, emanadas de la Sala Electoral del TSJ” ¿Les parece poco?

En esa ocasión el Máximo Tribunal hizo un llamado a los diversos actores políticos de la Nación, para que utilicen la vía del diálogo como herramienta fundamental para dirimir las diferencias políticas y, en especial, para cumplir los deberes, fines y normas constitucionales, “en función de garantizar la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y de procurar la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo; toda vez que el enfrentamiento constante en todos los asuntos que les compete perjudicaría de forma ostensible al pueblo venezolano en general, sin distinción alguna, comenzando por los sectores sociales más vulnerables”.

El 22 de marzo de 2017, el Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional, encabezado por el jefe de la bancada, Héctor Rodríguez, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad luego de que los diputados derechistas aprobaran el día anterior un acuerdo en respaldo a la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país. Rodríguez indicó, ante la actitud apátrida de los dirigentes de la MUD, que en el país no hay ningún acuerdo superior a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y existe una democracia plena: “Solicitar la intervención extranjera representa ilícitos constitucionales y delito de traición a la Patria”.

Las reacciones de la derecha han sido furibundas. A lo interno, proclaman a viva voz que ha habido un golpe de Estado y convocan a protestas callejeras (ya hubo pequeños focos en la autopista Francisco Fajardo y frente al TSJ por parte de un grupito de diputados), aunque como ya es costumbre, la mayoría de los venezolanos ha asumió todo con calma, demostrando que en realidad les preocupa muy poco la suerte de esa Asamblea Nacional.

En el exterior, la derecha se agita por doquier. Ha habido declaraciones opuestas a las decisiones del TSJ de parte de los gobiernos de Estados Unidos (el jefazo), Brasil, Argentina, México, Colombia, Panamá, Guatemala. Chile y Perú anunciaron el retiro de sus embajadores (el barranco derechista de Bachelet es ya indetenible).

Se han pronunciado en el mismo tono representantes de la Unión Europea, el congreso de Costa Rica y voceros reaccionarios no oficiales como Oscar Arias y Mario Vargas Llosa.

Por supuesto, no podía faltar Luis Almagro, quien ha convocado una nueva reunión del Consejo Permanente de la OEA y ha agitado una vez más el fantasma de la Carta Democrática Interamericana.

Tiempos de cambio, tiempos de lucha, tiempos de emociones infinitas, tiempos de Revolución. No olvidemos, finalmente, que el domingo habrá una importante batalla de esta guerra en Ecuador. Veremos qué ocurre.

 

Venezuela: il bilancio partecipativo si fa sistema

di Geraldina Colotti – il manifesto

15ott2016.- Caracas. Per il Tsj, il Parlamento è “in stato di ribellione”.

In Venezuela, il braccio di ferro tra il Parlamento governato dalle destre e il governo di Nicolas Maduro sta producendo conseguenze inedite, sia sul piano politico che istituzionale. Per la prima volta nella storia del paese, a varare la finanziaria del 2017 non sarà l’Assemblea nazionale, ma il Tribunal Supremo de Justicia (Tsj). L’alta corte lo ha deciso martedì scorso, ribadendo che ogni atto del Parlamento unicamerale è da considerarsi privo di valore legale. Per l’opposizione (maggioritaria in Parlamento), si tratta di un atto incostituzionale che dev’essere sanzionato dall’Osa con la Carta democratica interamericana. Per il Tsj è invece il Parlamento unicamerale ad essere privo di legittimità.

Uno scontro tutto politico. L’Assemblea nazionale vuole disarticolare la «democrazia partecipativa e protagonista» per imporre il tradizionale sistema rappresentativo con cui applicare il «programma di transizione», tarato sul modello neoliberista già visto in Argentina e ora nel Brasile di Temer. Il Venezuela è però una repubblica presidenziale basata sull’equilibrio di 5 poteri di cui il Tsj è ago della bilancia. Ignorarlo, significa porsi fuori dall’ambito costituzionale. A settembre, l’alta corte ha così definito l’Assemblea nazionale in «stato di ribellione»: per aver integrato tre deputati eletti nello stato di Amazonas, sotto processo per accuse di brogli elettorali alle legislative del 6 dicembre scorso.

Il Tsj aveva sospeso in via cautelare i tre deputati indigeni, in attesa della sentenza dei tribunali. Il battagliero presidente dell’Assemblea – Henry Ramos Allup, del partito Accion Democratica (Ad) – aveva però deciso di integrarli nell’incarico e, il 1 agosto, l’alta corte aveva considerato il gesto «una evidente violazione dell’ordine pubblico costituzionale». In conseguenza, aveva dichiarato nulla ogni decisione presa con il voto dei tre deputati.

Maduro, che ha recentemente rinnovato il decreto che stabilisce lo Stato di eccezione e di Emergenza economica, dovrà perciò presentare la finanziaria per il 2017 all’approvazione del Tsj e non dell’Assemblea. Per tutta la settimana, il presidente ha discusso il bilancio in numerose assemblee popolari, che hanno coinvolto tutti i settori sociali del paese: dagli operai agli studenti, alle donne, ai pensionati. Un bilancio partecipato, esteso a tutto il Venezuela per sancire che, nonostante la drastica caduta del prezzo del petrolio e la guerra economica intentata dai poteri forti, non ci saranno tagli alla spesa sociale. Anzi. Oltre all’aumento di salari e pensioni, la spesa sociale più in controtendenza rispetto a quanto avviene in Europa è quella destinata alla cultura e all’istruzione pubblica. Non solo gli universitari venezuelani studiano in modo totalmente gratuito, hanno in dotazione computer e libri, ma anche borse di studio per recarsi all’estero, il cui montante è stato aumentato.

Ieri, il presidente ha illustrato il bilancio al Congreso de la Patria, un organismo composto da 100 rappresentanti del potere popolare su tutto il territorio. Il piano di governo, varato all’inizio dell’anno, ne aveva suddiviso il lavoro in cinque aree fondamentali: da quella economica a quella politica e della formazione; dall’organizzazione territoriale, alla costruzione di «un nuovo blocco storico che rafforzi la coscienza progressista dei popoli», a un nuovo modello economico-produttivo, e all’approfondimento delle distinte «vie di lotta», che accompagnino quella elettorale.

Un piano generale per uscire dall’angolo, che sta producendo frutti soprattutto per il buon funzionamento dei Clap, i Comité Locales de Abastecimiento y Distribucion con cui l’esecutivo porta gli alimenti direttamente nelle case dei meno abbienti, per aggirare il contrabbando. Un recente patto con le imprese private sancisce che debbano vendere almeno il 50% dei prodotti direttamente allo stato, che li destina ai Clap. I Comités sono anche una forma di auto-organizzazione, fornita da un’omonima rivista che dà conto dei successi del nuovo modello produttivo.

Ma l’opposizione pensa al referendum revocatorio contro il presidente. Tra il 26 e il 28 ottobre, si procederà alla raccolta del 20% delle firme. A rafforzare il campo delle destre è arrivata ieri anche la nomina del venezuelano Arturo Sosa a nuovo Generale dei Gesuiti (il papa nero), accolta con giubilo dall’opposizione.

Chávez non ha bisogno di un nuovo giuramento

Informazione Prensa Latina

supremo1 09 01 2013. – La Sala costituzionale del Tribunale Supremo di Giustizia (TSJ) del Venezuela, a Caracas, ha confermato oggi che il presidente Hugo Chávez è da considerarsi presidente rieletto senza necessità di dover prestare un nuovo giuramento.

Il presidente della TSJ, Luisa Estella Morales, ha affermato che il giuramento non è necessario “in virtù del fatto che non esiste alcuna soluzione di continuità nell’esercizio delle sue funzioni”.

Ha inoltre rilevato che non siamo di fronte ad una assenza temporanea del presidente, bensì ad un permesso per ragioni mediche approvato all’unanimità dall’Assemblea Nazionale (AN).

Ha inoltre evidenziato che il presidente non è in condizione di assenza né assoluta né temporanea, “il termine del mandato, non può essere considerato una assenza assoluta, non è riportata all’articolo 233 della Costituzione e sarebbe assurdo in presenza di un presidente rieletto e proclamato”.

Morales ha chiarito che l’atto formale del giuramento può avvenire dopo il 10 gennaio davanti al TSJ a norma dell’articolo 231 della Costituzione e la data di tale atto sarà stabilita nel momento in cui ci sarà la constatazione da parte del presidente della cessazione dei motivi che sono stati di impedimento alla presenza del 10 davanti alla AN.

D’altra parte, rispetto al Governo ha deciso: “non è ammissibile che davanti l’esistenza di una sfasatura cronologica tra l’inizio del periodo costituzionale ed il giuramento, si consideri che il governo diventi inesistente; di conseguenza, il potere esecutivo, continuerà ad esercitare pienamente le sue funzioni”.

La magistrata, ha precisato che data la rilevanza del momento storico “del quale siamo pienamente coscienti”, il Tribunale Supremo di Giustizia ha deciso che questa sentenza fosse dichiarata congiuntamente da tutti i magistrati.
Infine, ha precisato che per la continuità del potere esecutivo, il resoconto che c’è da presentare nei prossimi giorni, può essere realizzato dal Vicepresidente esecutivo.

[trad. dal castigliano di Martina Tabacchini]

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