Las propuestas de los comunistas para la ANC

por PCV

PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA (PCV)
FRENTE NACIONAL DE LUCHA DE LA CLASE
TRABAJADORA (FNLCT)

Jornada Nacional de Discusión del PCV y del FNLCT
(Caracas, 8 de julio del 2017)

EL PUEBLO TRABAJADOR CONSTRUYE SU PROPUESTA
REVOLUCIONARIA A LA CONSTITUYENTE

El contexto de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente

El carácter e intensidad de la actual confrontación de clases por el poder político en Venezuela, son reflejo del impacto que en todos los ámbitos de la sociedad tiene la agudización de la crisis general del sistema capitalista mundial en su fase imperialista y, particularmente, del agotamiento del modelo capitalista dependiente y rentístico venezolano.

La esencia de esta lucha descarnada que se desarrolla hoy, fundamentalmente entre sectores de la burguesía históricamente asociada en condiciones de subordinación a las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas y de la pequeña burguesía en condiciones de gobierno, es la disputa por el control del aparato gubernamental y estatal, como medio para ejercer control y acceso al usufructo de la renta petrolera y demás riquezas naturales que subyacen en el territorio nacional, en beneficio también de intereses encontrados del capital monopolista mundial.

Los efectos de la crisis capitalista sobre las masas trabajadoras y el pueblo en general, agudizados tanto por las agresiones de los capitales monopolistas como por la incapacidad del gobierno nacional y todo el aparato estatal ‒dada su naturaleza de clase‒ para afrontar la crisis con medidas genuinamente revolucionarias que favorezcan a la clase obrera y al pueblo trabajador, han fortalecido el posicionamiento de las fuerzas políticas reaccionarias entre las masas, (como lo evidencia la pérdida de la Asamblea Nacional), adelantando un proceso de conciliación de clases, que se concreta a través del Consejo Nacional de Economía Productiva y que pretenden legitimar en la constituyente si la correlación de fuerzas en ella favorece al reformismo entreguista. En ese contexto continúa el ascenso de la actividad e influencia política de fuerzas de la ultra-derecha de carácter fascistas, especialmente entre las capas medias de la sociedad, comprometidas con la violencia reaccionaria y el intervencionismo imperialista norteamericano y europeo.

Luego de iniciarse el proceso de negociación y acuerdo entre el gobierno nacional, partidos de derecha y el empresariado, que trajo como resultado un conjunto de medidas a favor del capital que impactaron negativamente sobre las masas trabajadoras y sectores populares, las fuerzas reaccionarias protagonizan hoy un nuevo episodio de conflicto y confrontación de calle contra el gobierno y todo el proceso sociopolítico bolivariano, dirigido a desmontar todas las conquistas alcanzadas por el pueblo a lo largo del mismo. Esta ofensiva reaccionaria interna, se corresponde con la colosal campaña internacional bien articulada por las fuerzas imperialistas que persiguen generar un clima de presión y cerco internacional en favor de las demandas políticas y económicas de las fuerzas de la reacción.

La derecha apuesta a seguir intensificando la confrontación y la presión internacional contra el gobierno y el proceso bolivariano, con el fin de crear un cuadro de violencia, terror, caos e ingobernabilidad y caos que facilite ‒en el marco de la descomposición política, económica y social que acelera la crisis capitalista‒ nuevas fracturas en el seno del gobierno y el PSUV, en el movimiento popular y revolucionario, en el aparato del Estado y la FANB, que faciliten su objetivo de alcanzar la sustitución del gobierno por la vía de la ruptura del orden constitucional.

En este complejo cuadro de la confrontación, es que el presidente Nicolás Maduro anunció al país la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que, por lo tanto, no surge en un contexto de ofensiva del movimiento popular, sino como resultado de la búsqueda de un acuerdo de gobernabilidad que asegure la estabilidad al actual orden establecido bajo dirección pequeñoburguesa.

Sin embargo no podemos dejar de lado que esta convocatoria a la ANC se da también en el contexto de la más aguda crisis del modelo capitalista venezolano. Se trata del agotamiento de la forma capitalista particular organizada de la base económica de nuestra sociedad, que condena al país a la dependencia, el atraso y el saqueo permanente por parte de los monopolios nacionales e internacionales que se disputan la extracción de la renta. Para la reacción y el reformismo, el debate sobre el agotamiento del modelo de capitalismo dependiente y rentístico, se resuelve con la formulación de ilusorias y simples iniciativas economicistas aisladas, mientras que para los comunistas y la clase trabajadora es un problema medular que plantea la transformación revolucionaria de la base económica de la sociedad, y con ella la necesidad de trastocar todo el edificio político-jurídico-legal que sobre esta base se levanta abriéndole perspectivas reales a la construcción de la sociedad socialista fundamentada en el socialismo científico.

Carácter y alcance de la Asamblea Nacional Constituyente para la Clase Trabajadora Las fuerzas convocantes de la ANC han dejado muy claros sus objetivos: alcanzar la paz, lograr una salida “democrática” a la crisis y consolidar constitucionalmente una solución capitalista a la crisis del capitalismo dependiente venezolano. Con ninguno de estos propósitos podemos coincidir los comunistas, si se entiende la paz como la concreción institucional de la entrega de las conquistas populares y la solución a la crisis como la legitimación de las superficiales medidas de carácter reformista que se vienen implementando en favor de los capitalistas, bajo el trillado pretexto de impulsar la capacidad productiva del país.

En el Partido Comunista de Venezuela y su Juventud Comunista, consideramos en primer lugar que la Asamblea Nacional Constituyente por sí sola, no representa para las masas trabajadoras de la ciudad y el campo ninguna salida real a los problemas que las agobian como resultado de la crisis capitalista y las políticas reformistas. La ANC tendrá utilidad para los intereses del pueblo trabajador, en la misma medida en que su dinámica esté determinada por una agenda de agitación y lucha dirigida a materializar las demandas urgentes de las masas trabajadores y populares frente a la ofensiva del capital. Por tanto, separar los debates de la ANC de la cotidianeidad y las necesidades apremiantes de las masas, es hacerle concesiones al reformismo, engañar y embaucar a los trabajadores y entregarlos a la influencia de la burguesía y el imperialismo.

En segundo lugar, debemos tener claro que el carácter de la Asamblea Nacional Constituyente corresponderá en todos los casos a la correlación de fuerzas que surja al elegir a los 545 representantes que la integrarán. Por tanto son las condiciones de fuerzas concretas y no las aspiraciones del gobierno o actores políticos y sociales determinados las que incidirán en el carácter, contenido y alcances de la ANC.

Que la Constituyente responda a los objetivos y aspiraciones populares dependerá principalmente de la presencia en ella de un fuerte y decisivo contingente de constituyentes comprometidas y comprometidos en defender consecuentemente el programa que levanta la unidad revolucionaria obrero-campesina y popular.

Estamos conscientes de que las condiciones no son las más propicias para lograr tan necesaria correlación de fuerzas; aun así, la Asamblea Nacional Constituyente es un espacio y momento de aguda disputa por la dirección de las masas y de profundización de la confrontación de clases, propicia para desarrollar una audaz campaña de agitación político-ideológica de masas con nuestras propuestas y para presionar por conquistas que beneficien al pueblo trabajador.

Más aun, cuando la esencia del debate constituyente debe ser su contenido programático en torno al modelo político, económico y social que sirve hoy a los objetivos del país, debate que adquiere mayor relevancia para la militancia comunista y el movimiento de trabajadoras y trabajadores, al desarrollarse en el contexto del quiebre de la base económica capitalista y, en consecuencia, del tipo de organización estatal que le sirve de superestructura.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), en alianza con otras corrientes, sectores y fuerzas del movimiento revolucionario obrero-campesino y popular, tiene en la ANC la oportunidad y obligación histórica de mostrar a las masas trabajadoras y al pueblo en general, su visión y propuestas frente al agotamiento del modelo capitalista dependiente. Demostrar que la solución que plantea la reacción pro-imperialista, de un nuevo gobierno de los capitalistas monopolistas, no beneficia al pueblo ni a los intereses de la nación venezolana, debido a que mantiene y agrava la explotación y la opresión, la dependencia y la entrega, agudizando los problemas en detrimento del pueblo trabajador de la ciudad y el campo; mientras que la revolución socialista sí representa la única y verdadera salida novedosa de justicia, igualdad, desarrollo soberano e independiente, auténtica democracia y paz, genuinamente popular y revolucionaria, al proponerse barrer con el orden capitalista caduco e injusto y establecer los cimientos de la nueva organización de la sociedad para el desarrollo y progreso social, bajo la dirección de las y los trabajadores como clase social mayoritaria.

El proceso constituyente y el propio desarrollo de la ANC, exige del PCV y demás corrientes revolucionarias de la clase obrera, una intensa y creativa labor para difundir y defender las propuestas programáticas para una resolución revolucionaria a la crisis capitalista, en cuanto a: la transformación revolucionaria de la base económica y la edificación del nuevo Estado al servicio de los objetivos e intereses de los trabajadores y el pueblo; la protección de los derechos sociales y políticos de la clase trabajadora, el reconocimiento de los derechos fundamentales del pueblo, y la defensa del derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación y soberanía contra todo tipo de injerencia de las potencias imperialistas.

Desarrollar una fructífera y amplia labor educativa, propagandística y de agitación, que precise con claridad la posición y propuesta estratégica de la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, sobre las cuestiones fundamentales de debate actual, es fundamental para fortalecer el perfil propio del Partido y, con ello, avanzar sostenidamente en el desarrollo de la conciencia de clase de las/los trabajadores, en el proceso de acumulación y centralización de las fuerzas para la lucha eficaz por su emancipación del capitalismo y por la consecución de los objetivos nacionales de liberación.

Debemos profundizar el combate contra la ofensiva imperialista, el fascismo y la política entreguista del reformismo, para abrir perspectivas a la opción revolucionaria a la crisis capitalista.

Derrotar la tentativa fascista de caotizar el país para dar un golpe de estado con apoyo de las potencias imperialistas y, al mismo tiempo, hacer frente a los reformistas y oportunistas que, bajo el falso discurso “revolucionario” y “socialista”, trabajan meticulosamente en un nuevo acuerdo o pacto entre las élites capitalistas, es el centro del trabajo ideo-político de la militancia comunista y del frente obrero y popular, que debe servir al desarrollo de la acumulación de fuerzas revolucionarias obrero-campesina y popular.

La ANC es también una oportunidad para desarrollar una campaña que eleve la moral de la clase trabajadora y mostrarle que no hay solución a la crisis fuera de su propia iniciativa y capacidad revolucionaria; para convocarla a confiar en el enorme potencial de su fuerza transformadora de la realidad, y persuadirla de abandonar toda creencia de que depositando su confianza en los partidos de los capitalistas podrá encontrar solución a sus problemas. Solo el pueblo trabajador venezolano puede ser artífice de la construcción de su propio futuro.

Todo este esfuerzo debe contribuir a combatir la falsa polarización sembrada en el imaginario colectivo de las masas sobre los supuestos dos bandos (opositores y chavistas), debido a que tal esquema convierte a la clase trabajadora en presa fácil del engaño, impidiéndole ver con claridad su situación, intereses y papel en la lucha de clases. Debemos demostrarles que la única lucha antagónica que existe en nuestra sociedad es entre los capitalistas y su sistema por un lado, contra la clase trabajadora y los sectores populares explotados por otro, confrontación de clases que tiene su raíz en la contradicción fundamental del sistema capitalista (la contradicción capital-trabajo) y no simplemente en la política de ningún gobierno. La posibilidad de la solución revolucionaria a la crisis demanda que la clase trabajadora deje de actuar engañada en beneficio de intereses de clase que le son ajenos, y se convierta en vanguardia de su lucha por su verdadera emancipación política y social.

La unidad revolucionaria obrero-campesina popular para una nueva correlación de fuerzas Nuestra intención no es sembrar ilusiones en las masas trabajadoras ni en el pueblo venezolano en general, sobre el alcance de la Asamblea Nacional Constituyente en el actual contexto de la lucha de clases y de la correlación de fuerzas. Consideramos este proceso constituyente y la propia ANC, como una oportunidad para seguir avanzando en la construcción y fortalecimiento de alianzas de la clase obrera con los diversos sectores del movimiento popular, en función del objetivo común en esta fase de la lucha de clases: derrotar la ofensiva fascista e imperialista, y hacer frente al entreguismo reformista.

El PCV no concibe la lucha de la clase obrera y del pueblo trabajador, en el contexto de la ANC, separada del proceso de construcción de la unidad revolucionaria obrero-campesina y popular. Es indispensable para los objetivos estratégicos de las y los trabajadores, que el proceso constituyente sirva para avanzar, en conjunto con el movimiento popular y revolucionario, en la definición de los puntos programáticos comunes, que permitan construir un tejido mejor articulado en función de configurar un nuevo bloque de fuerzas políticas y sociales, capaz de plantearse la lucha y disputa por el poder político en Venezuela.

Estos procesos de unidad y alianza deben sostenerse y profundizarse, en primer lugar, con base a las propuestas programáticas y de lucha. Nuestro Partido y la JCV desarrollarán una labor audaz para nuclear progresivamente a amplios sectores y fuerzas sociales revolucionarias obreras-campesinas y populares en torno a nuestras propuestas para la ANC y también en torno a la agenda de lucha para materializar aspiraciones urgentes de las masas populares.

En esta línea el PCV participará en la ANC con candidaturas propias y unitarias de la alianza revolucionaria obrero-campesina y popular, una de cuyas expresiones concretas en los actuales momentos es el Frente Popular Antimperialista y Antifascista (FPAA). Es necesario trabajar, para que tal bloque de fuerzas tenga una actuación coherente y articulada en función de los objetivos comunes. De este esfuerzo unitario dependerá alcanzar conquistas para la clase obrera y el movimiento popular en el marco de la ANC.

La construcción de estos procesos de alianza de la clase obrera con el movimiento popular, no niega la posibilidad de impulsar también acuerdos electorales con el principal partido de gobierno y sus corrientes, en el marco de la articulación de la lucha contra la agresión imperialista y fascista, siempre y cuando estas alianzas no impliquen para el PCV compromisos de abandonar, cualesquiera sean las circunstancias, su perfil propio. Debe negarse toda posibilidad por parte del Partido Comunista de Venezuela, de respaldar en la elección a la ANC candidatas o candidatos corruptos, oportunistas y al servicio de modelo capitalista.

Propuestas Programáticas

Como bien expresaba Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto del Partido Comunistas:

“…lo que nos hace diferentes del otro conjunto de fuerzas políticas, es que los comunistas no ocultamos nuestras verdaderas intenciones a las masas, todo lo contrario, realizamos todos los esfuerzos para difundir nuestras propuestas, porque solo en manos de las masas explotadas se convierten en arma poderosa capaz de transformar la realidad.”

La gran tarea de esta campaña ideo-política de masas en el marco de la ANC, es la defensa del proyecto de la clase obrera venezolana: el socialismo-comunismo, como única y verdadera solución frente a las causas de los problemas que agobian a las masas trabajadoras. La crisis del modelo capitalista venezolano y su expresión en la descomposición del aparato estatal, ha abierto un intenso debate del cual no debe estar ausente la propuesta programática de las y los comunistas para sacar a nuestro país del laberinto capitalista, que nos condena a la dependencia, el atraso y el saqueo de los monopolios.

Entre las propuestas del capital monopolista representado por la derecha proimperialista, y la propuesta reformista pequeñoburguesa de la conciliación y la farsa del “capitalismo humano”, las/los comunistas asumimos con firmeza, convicción y audacia, la labor de presentar nuestra propuesta programática como la única opción realmente diferente, porque sí se plantea una ruptura real con el orden económico burgués y con la dominación imperialista sobre nuestro país.

En este sentido, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), en acuerdo con el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) y otras corrientes populares revolucionarias, propone para el debate constituyente del pueblo venezolano cinco grandes líneas de discusión y propuestas:

1.- Transformación revolucionaria de la base económica: la salida revolucionaria a la crisis capitalista. Orientada a superar el sistema capitalista dependiente y rentista, construyendo un modelo económico productivo de nuevo tipo que siente la bases para la transición al socialismo-comunismo.

– Instaurar el control obrero y popular sobre los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios fundamentales.

– Instaurar un sistema científico de planificación central participativa de la economía, que coordine en un todo único la inversión, la producción, la distribución, la acumulación y reinversión de lo producido, y al que estén sujetos todos los sectores y ramas económicas, sean privadas, estatales o mixtas.

– Iniciar un programa nacional de desarrollo científico-técnico estrechamente vinculado a la industrialización y con un acelerado crecimiento productivo, con participación protagónica de las y los trabajadores, consejos comunales, comunas y del Consejo Nacional del Poder Popular.

– Asumir una estrategia de desarrollo de las fuerzas productivas en armonía con el ambiente y garantizando los derechos laborales, particularmente la salud y seguridad en el trabajo
– Constituir dos corporaciones estatales para el fomento de la industrialización y la soberanía agroalimentaria, bajo cuya tutela se establezcan, con estricto apego a las prioridades de la planificación nacional, grandes empresas de propiedad estatal, sin excluir la participación de capitales privados en las áreas que se determinen, dándole la máxima urgencia a las industrias básicas y pesadas, ejemplo: producción de aceros especiales, maquinaria pesada y otros rubros de gran envergadura, las de carácter estratégico, y las que atiendan necesidades vitales de la población, con especial énfasis en la producción manufacturera y agroindustrial masiva a gran escala.

– Desarrollar la red estatal de abastecimiento y comercialización de alimentos y otros rubros esenciales, bajo control obrero y popular, que desplace efectivamente a las grandes cadenas privadas de carácter monopólico.

– Prohibir efectivamente a los monopolios y oligopolios

– Nacionalizar de inmediato la banca y todo el sistema financiero, cuya lógica especulativa es contraria al interés nacional y popular. Con la nacionalización, la sociedad, a través del Estado, obtendrá control de los recursos para financiar el desarrollo del aparato productivo nacional, propiciar el pleno empleo, superar el estancamiento de la economía y garantizar la creciente superación de las condiciones de vida del pueblo venezolano, a la vez que se eliminará uno de los mecanismos principales para la corrupción, el lavado y desvío de capitales ilegales, y la fuga de divisas.

– Nacionalizar total e inmediatamente el comercio exterior, y establecer la centralización estatal de las importaciones. Los dólares de la República deben ser utilizados para alcanzar el esarrollo productivo nacional y para la satisfacción creciente de las necesidades de nuestro pueblo.

– Suprimir toda norma que debilite o ceda al capital privado la propiedad y rectoría estatal sobre los hidrocarburos y su industria integralmente, así como en general sobre los recursos estratégicos de la nación.

– Reorganizar y disciplinar las finanzas públicas, estableciendo criterios de racionalidad, eficiencia y orden en el manejo del presupuesto nacional y en la administración del tesoro, dentro del marco de la planificación central participativa.

– Establecer un régimen tributario verdaderamente progresivo que traslade el peso de la carga impositiva hacia los grandes capitales, las actividades especulativas y el consumo suntuoso; incremente las tasas de impuesto sobre la renta a las personas jurídicas y grandes contribuyentes; peche las ganancias excesivas o súbitas y las tierras y bienes de capital ociosos o subutilizados; elimine progresivamente los impuestos al consumo popular como el IVA; suprima todo mecanismo de evasión por los capitalistas; y elimine los tratados contra la doble tributación.

– Auditar la deuda pública nacional, investigando posibles casos de endeudamiento fraudulento, analizando los escenarios y términos de refinanciamiento o renegociación, suspendiendo los pagos de servicio en ciertos casos y considerando la posibilidad de declaración de una moratoria general de la porción externa de la deuda.

– Cárcel y confiscación de bienes a los corruptos, estén donde estén. Crear instrumentos jurídicos que hagan posible la repatriación de los capitales ilegalmente fugados al exterior.

– Aplicar una política de defensa y transformación de las empresas estatales y tierras recuperadas, que establezca un nuevo modelo de dirección y gestión bajo control obrero, campesino y popular basado en la dirección colectiva y múltiple de los procesos de producción, administración y distribución de bienes y servicios, y que destierre definitivamente los flagelos de la corrupción, la ineficiencia y los métodos autoritarios y antidemocráticos en la gestión.

– Asumir una política integral de desarrollo agroproductivo con soberanía y participación protagónica de los campesinos y campesinas, las comunas y las trabajadoras y trabajadores, que contemple: desarrollo productivo con dirección colectiva y rectoría estatal de los fundos en manos del Estado; superar la injusta tenencia de la tierra con vocación agrícola, hasta abolir el latifundio; apoyo técnico, financiero y de insumos a los pequeños y medianos productores; propiciar las condiciones para la colectivización de la producción agrícola; creación de un banco nacional de semillas que garantice el abastecimiento y suprima la dependencia de las semillas transgénicas.

2.- Nueva organización del Estado de carácter democrático-popular revolucionario.
En el contexto de la crisis del capitalismo dependiente venezolano, es oportuno plantearse ya no sólo alternativas a la estructura extractivista-rentista sobre la que se ha asentado la economía nacional desde hace cerca de un siglo, sino incluso al propio modelo general de país hoy vigente, con todos sus componentes institucionales. Por ello, el actual debate constituyente no debe servir apenas para reformar otra vez algunos elementos y estructuras del Estado, dejando intactos de nuevo sus principios orientadores fundamentales que se han mantenido vigentes pese a los numerosos cambios constitucionales habidos a lo largo de nuestra historia.

Mucho se ha hablado en Venezuela en la última década sobre el Poder Popular. Pero, como el PCV ya ha advertido en varias otras oportunidades, muy poco de lo que el gobierno y las fuerzas dirigentes del proceso bolivariano han dicho o hecho sobre este tema ha servido para fomentar el desarrollo del verdadero Poder Popular. Ha quedado claro, especialmente a partir de 2009, que el gobierno bolivariano reduce el Poder Popular a una instancia circunscrita al nivel territorial inferior del aparato del Estado burgués; le concede a lo sumo el rol de mecanismo para corregir las insuficiencias de las otras instancias del Estado (por ejemplo como instrumento para acelerar la resolución de los problemas materiales prioritarios de las comunidades); lo priva de posibilidades reales de incidir en la dirección, administración y contraloría del resto del aparato estatal; y lo tutela y subordina a las decisiones y lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional.

Para el PCV, el Poder Popular «… no es una parte del poder, no es una nueva rama ni un nuevo nivel del Poder Público. Es la fuente fundamental de la que emana todo poder en una democracia popular revolucionaria. La toma de decisiones a todos los niveles de los poderes del Estado debe estar sujeta a este principio». Y en sintonía con dicho principio, sostenemos que toda la estructura jurídico-institucional de la República, todos los poderes, ramas, instancias y niveles del aparato estatal deben quedar efectiva y absolutamente sometidos al Poder Popular.

Esto implicaría abolir la estructura presidencialista y el concepto de la separación de poderes que han sido elementos fundamentales y permanentes del Estado venezolano a lo largo de la historia constitucional del país. Es notable que el proceso constituyente de 1999 de nuevo mantuvo y hasta enfatizó ambos elementos: fortaleció las atribuciones y prerrogativas del Presidente, y reafirmó la separación de poderes agregando dos adicionales a los tres clásicos. Y en nuestra opinión, lo que se requeriría en el contexto de una verdadera revolución de liberación nacional con perspectivas socialistas es precisamente lo contrario.

Así que proponemos el establecimiento de un régimen parlamentario democrático-popular revolucionario.

De esta manera, todas las ramas funcionales del Estado serían emanaciones de un único Poder, el Popular, encarnado en una cámara parlamentaria que podría llamarse «Asamblea del Poder Popular», y quedarían sometidas a ésta.

Las/los integrantes de dicha “Asamblea del Poder Popular”, mucho más numerosos que los de la actual Asamblea Nacional, serían elegidos periódicamente por voto universal, directo y secreto, pero con mecanismos electorales que asegurarían una participación privilegiada a las organizaciones de base del Poder Popular, así como disposiciones que garantizarían el respeto del principio de representación proporcional de las minorías políticas y ejercicio de la dirección colectiva. A tal efecto, deberá promoverse la constitución del Consejo Nacional del Poder Popular, integrada por: los consejos de trabajadores y trabajadoras, los sindicatos clasistas, consejos de delegados y delegadas de prevención, consejos comunales y comunas, consejos campesinos e indígenas, consejos estudiantiles, consejos juveniles culturales y deportivos, consejos de soldados y soldadas, entre otros; para que asuman poderes efectivos y en la definición y ejecución, seguimiento, control y evaluación de las políticas, planes y metas del gobierno democrático-popular revolucionario.

Naturalmente, las funciones legislativas nacionales recaerían sobre la Asamblea. Y a su vez, ésta determinaría la estructura, composición y funciones de un «Consejo de Gobierno», que ejercería las funciones ejecutivas nacionales de manera colectiva, y cuyos miembros, presidente y vicepresidente serían elegidos del seno de la propia Asamblea.

El presidente del Consejo de Gobierno ejercería las funciones de Jefe del Gobierno nacional y del Estado y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero, al igual que el resto de los miembros del Consejo, quedaría bajo la supervisión constante de la Asamblea, y sujeto a ser removido de su cargo en cualquier momento por ésta.

Asimismo, la alta dirección de las otras funciones del Estado (judicial, electoral, contralora, etc…) sería ejercida por consejos análogos al de gobierno, elegidos de similar manera por la Asamblea (no necesariamente de su seno) y sujetos a parecidas restricciones. En todos los casos, las potestades de la Asamblea y de los distintos consejos elegidos por ésta, dejarían a salvo la estabilidad funcional de los distintos órganos de la administración pública así como la estabilidad laboral del personal ordinario que en ellos se desempeñe, cuyas condiciones de ingreso, regímenes de trabajo, normas disciplinarias y causales de despido, quedarían sometidos a las disposiciones legales aplicables a la carrera del funcionariado público, a la carrera judicial, a la función de contraloría, etc…, según corresponda.

Se suprimirán todos los privilegios especiales y abultados emolumentos de los altos cargos de dirección gubernamental, a todos los niveles, incluyendo los de elección popular, quienes no podrán percibir salarios ni beneficios por encima del promedio de lo percibido por las y los trabajadores cualificados, ni facilidades más allá de las requeridas para el estricto cumplimiento de sus funciones. Todas las personas designadas para el ejercicio de labores de gobierno tendrán que rendir memoria y cuenta ante las instancias respectivas del Poder Popular.

En cuanto a la organización de las funciones del Estado en los niveles territoriales sub-nacionales, se establecería una estructura en todo análoga a la ya descrita, a partir de la elección de asambleas del Poder Popular para cada una de las divisiones territoriales del país, y con la elección por cada una de éstas de los consejos respectivos para su jurisdicción correspondiente.

Es nuestra convicción que tal modelo para el Estado promovería el desarrollo de la dirección colectiva y pondría coto a los excesos presidencialistas y en general burocrático-personalistas, a la vez que fomentaría la participación efectiva de las organizaciones del Poder Popular en todos los procesos y etapas de la gestión pública.

El ejercicio del poder político y las tareas de administración, planificación, evaluación y control de las políticas públicas reposaría así en la totalidad del pueblo, quien la ejercería directamente en los distintos niveles de la organización del Poder Popular, e indirectamente a través de las asambleas del Poder Popular.

El nuevo Estado democrático-popular revolucionario reconocerá a las diversas expresiones organizativas que emanan del pueblo como auténticas formas del empoderamiento y protagonismo de las/los trabajadores, el campesinado, las/los jóvenes y el movimiento popular en las tareas de dirección de la sociedad.

¡POR VERDADERO PODER PARA EL PODER POPULAR!
¡POR UNA DIRECCIÓN COLECTIVA Y DEMOCRÁTICA DE LA SOCIEDAD!

3.- Defender los derechos sociales y políticos de la Clase Trabajadora frente a la arremetida del capital. La crisis del capitalismo tiene como principal víctima las conquistas y derechos de las y los trabajadores venezolanos. El avance de las políticas reformistas que expresan la ofensiva mundial del capitalismo en crisis, pone en evidencia la contradicción fundamental del sistema entre el capital y el trabajo. Esta línea de discusión y propuesta se plantea desmontar la esenciade la crisis y poner en evidencia la contradicción y lucha de clase entre los trabajadores y
sus enemigos reales, los capitalistas.

– Por una política laboral que tienda a desarrollar las capacidades de lucha, de organización, conciencia clasista y revolucionaria del pueblo trabajador de la ciudad y el campo, proteger su estabilidad en el trabajo y hacer respetar los fueros de ley y la inamovilidad laboral.

– Reconocer y garantizar plenamente los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción, con particular énfasis en los trabajadores y trabajadoras con discapacidades.

– Aplicar sanciones penales para los patronos/patronas que violenten derechos de las y los trabajadores.

– Fomentar la cultura del trabajo y la disciplina laboral, en función de los objetivos del desarrollo económico independiente; detener y revertir los cierres fraudulentos y sabotajes patronales de empresas para reactivar los procesos productivos con papel protagónico y control de las y los trabajadores.

– Garantizar los derechos colectivos de las/los trabajadores a sindicalización, libertad sindical, huelga y negociación colectiva, fortaleciendo la independencia y autonomía de clase de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores.

– Prohibir constitucionalmente la tercerización y toda forma de simulación y fraude en la relación laboral.

– Salvaguardar y fortalecer el salario: entre otras garantías, prohibir la bonificación de los salarios, la mayor parte de los ingresos de las y los trabajadores tendrán carácter salarial

– Revertir y proscribir la judicialización, criminalización y represión de las luchas laborales y del sindicalismo clasista.

– Aprobar la Ley Especial de los Consejos de Trabajadoras y Trabajadores, para que éstas y éstos cumplan un papel protagónico en los procesos de planificación, administración, dirección, ejecución, seguimiento y control de la producción y demás procesos de trabajo.

– Establecer normativas avanzadas que regulen a las empresas de vigilancia y seguridad con garantía de los derechos de sus trabajadores y trabajadoras.

– Transformar y depurar profundamente los organismos del Estado con competencia en materia laboral y en materia de prevención, salud y seguridad laboral; instaurar, con carácter vinculante, la contraloría y supervisión de las y los trabajadores y sus organizaciones sobre las instancias e instituciones del ministerio con competencia en trabajo y seguridad social.

4.- Reconocimiento de los derechos fundamentales del pueblo.

La materialización y respeto de los derechos fundamentales del pueblo que le aseguren una vida digna y decorosa, no son posibles de forma estable, universal y duradera en el marco del modo de producción capitalista. La realidad de la crisis capitalista venezolana es una prueba más que lo confirma. Para que los derechos sean verdaderamente estables, universales y de calidad, deben emanar de una nueva organización de la base económica donde el desarrollo productivo y la distribución del producto social del trabajo tengan como objetivo la elevación de la calidad de vida del pueblo. Por tal razón combatimos las políticas asistencialistas propias de gobiernos reformistas gestores del capitalismo, que engañan al pueblo con beneficios que no son sostenibles en el tiempo, por el atraso en el desarrollo de las fuerzas productivas y el carácter regresivo del sistema tributario (que aún persiste desde 1992) y la evasión, que hace que el financiamiento del Estado corra por cuenta del petróleo y el IVA, es decir, por cuenta de la clase trabajadora y el pueblo en general.

Luchamos por la emancipación de la clase obrera y, con ella, de todas las clases y capas sociales explotadas y oprimidas por el capital. Este objetivo sólo es posible desalojando del poder a las distintas expresiones de la burguesía e instaurando el poder obrero-campesino y popular, para desmontar el Estado burgués, construir el Estado Democrático-Popular Revolucionario y abrirle perspectivas al socialismo-comunismo.

En el combate diario contra la explotación capitalista, luchamos por el derecho de nuestro pueblo a una vida digna. Nuestras propuestas programáticas tienen por objetivo, lograr que los derechos fundamentales reconocidos por el Estado se cumplan y amplíen. La garantía de concreción y profundización de estos derechos se sustenta en la instauración del Estado democrático-popular revolucionario, de contenido revolucionario obrero-campesino y popular, que eleve la calidad de vida del pueblo en correspondencia con el grado de desarrollo de la producción y el control-distribución del excedente social, resultado del desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo económico independiente.

– Instaurar un sistema de auténtico y férreo control de precios, costos y ganancias en todas las cadenas de producción y comercialización, con participación directa de la clase obrera y del pueblo trabajador

– Defender la propiedad estatal sobre los principales servicios sociales públicos y su dirección bajo principios de universalidad, calidad y control social.

– Establecer un Sistema de Seguridad Social integral, universal y solidario, con base a lo establecido en el actual artículo 86 de la CRBV

– Establecer el Sistema Público Nacional de Salud, con participación protagónica de las y los trabajadores de salud y las comunidades organizadas, en ejercicio del Poder Popular.

– Establecer un modelo educativo de calidad, al servicio del pueblo y del desarrollo soberano del país. Por una educación que resalte la formación en el dominio de la ciencia y la tecnología a fin de apuntalar el desarrollo de las fuerzas productivas, que estén acordes a las necesidades de cada región del país, que aprovechen y estimulen los talentos y habilidades de los estudiantes, que procuren el equilibrio entre los contenidos teóricos y prácticos y fomenten una educación vinculada con el trabajo.

– Establecer la autonomía universitaria basada en la democracia de la gestión y administración, por parte de estudiantes, profesores/as y trabajadores/as, en igualdad de condiciones.

Las políticas universitarias estarán en correspondencia con el desarrollo nacional soberano e independiente.

– Crear una red nacional de guarderías infantiles, públicas y gratuitas, desde nivel maternal hasta preescolar.

– Garantizar mayor tiempo libre a las mujeres, que permitan disminuir los riegos de salud vinculados a la doble o triple explotación.

– Establecer el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, especialmente en cuanto a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y su inclusión en la sanidad pública con carácter gratuito.

– Condena contra todos los tipos de violencia que desde el sistema capitalista se ejercen contra las mujeres, como la trata, la explotación y el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, intracomunitaria y política, la violencia en los medios de comunicación, la discriminación y la violencia en los centros de salud, de trabajo y de estudio.

– Proscribir toda forma de discriminación y segregación por razones sociales, económicas, religiosas, de raza, género, orientación sexual y cualquier otra condición.

– Obligatoriedad de un programa gubernamental para la promoción del empleo juvenil que garantice, por un lado, un digno inicio de la experiencia laboral de las/los jóvenes trabajadores con pleno respeto de sus derechos fundamentales de acuerdo a la ley; y, por otro lado, la incorporación masiva de las/los pasantes de pregrado y egresados del subsistema universitario y escuelas técnicas a los planes estratégicos de desarrollo agrario e industrial del país.

– El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas. Toda persona tendrá derecho a la protección de su hogar o el de su familia declarándolo como vivienda principal ante los órganos del Poder Popular, y por tanto no podrá acordarse ni ejecutarse medidas preventivas o ejecutivas de carácter judicial.

5.- La lucha por la independencia y defensa del derecho a la soberanía y autodeterminación de nuestro pueblo. El Estado Democrático-Popular Revolucionario profundizará y fortalecerá una política exterior soberana e independiente, desarrollando relaciones con todos los países y pueblos del mundo, sobre la base de la coexistencia pacífica, el respeto mutuo y la autodeterminación de los pueblos. Reforzará los nexos con todos los países socialistas y con los países liberados de la dominación imperialista.

– Se profundizará la activa política a favor de la paz mundial, del desarme y de la distensión internacional.

– Todos los convenios internacionales deberán ser conocidos por el pueblo venezolano y los de carácter socio-laboral deben garantizar los derechos laborales y de seguridad social conquistados por los trabajadores y trabajadoras.

– Se fortalecerá la posición firme contra la proliferación y por la eliminación de las armas de destrucción masiva, incluyendo las basadas en la energía nuclear. Ésta se desarrollará exclusivamente como energía alternativa y para uso pacífico, especialmente en la ciencia médica y en la investigación.

– Se profundizarán los procesos de integración en la América Latina y el Caribe, sobre la base de la defensa eficaz de los intereses nacionales comunes de nuestros pueblos frente al poderío de las transnacionales y de las diversas agencias económicas del imperialismo, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros.

– Venezuela denunciará el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), continuará el rechazo de las injerencias de la CIA y otros cuerpos policiales yanquis, y no participará en maniobras militares pro-imperialistas, radicalizará la denuncia de la injerencia a través de agencias como la USAID y las ONG en los asuntos internos del país.

– Seguirá propiciando el arreglo pacífico de las controversias con Colombia, dentro de un espíritu bolivariano y mantendrá su renuncia a toda política de fuerza contra Guyana y de presiones sobre otros pueblos de la región caribeña.

– El Estado Democrático-Popular Revolucionario contribuirá a la transformación de la Organización de las Naciones Unidas y respaldará las decisiones justas de todos sus organismos, así como no apoyará las resoluciones para incrementar las intervenciones militares imperialistas, exigirá el cumplimiento de las resoluciones que condenan el bloqueo contra Cuba socialista y las que se han adoptado para beneficio del pueblo palestino.

– Se luchará contra el racismo, el sionismo, el fascismo, todo sistema de segregación racial y cualquier otro tipo de discriminaciones entre los seres humanos.

– Se profundizará una activa política de solidaridad con los movimientos de liberación nacional y las luchas de los movimientos obreros y populares por sus justas reivindicaciones, enmarcado en el internacionalismo proletario.

ACTOS CONSTITUYENTES ORIGINARIOS DE CARÁCTER REVOLUCIONARIO
OBRERO-CAMPESINO Y POPULAR

Las y los constituyentes comunistas venezolanos, junto a las organizaciones revolucionarias del movimiento obrero clasista, campesino, comunal y popular, propondrán e impulsarán en ejercicio del poder popular originario, se produzcan actos ejecutivos constituyentes –con la participación directa y protagónica del movimiento obrero, campesino y popular- en materia social, económica, política, laboral y agraria, a los efectos de revertir y corregir decisiones directa o indirectamente tomadas por el Estado burgués en desmedro de los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y el campo.

Plantearemos, entre otras acciones:

– Revertir los miles de despidos injustamente cometidos en empresas privadas (con aval de las autoridades laborales del Estado) y en empresas públicas, tales como los casos de la Red de Abastos Bicentenarios, CVAL y PDVAL, entre muchas otras.

– Dejar sin efecto los procedimientos administrativos y judiciales de criminalización y judicialización contra luchadores del movimiento obrero y sindical clasista, siendo sancionados los funcionarios policiales, fiscales y jueces que se hayan prestado para tales actos que solo favorecen a los capitalistas y golpean a la clase obrera.

– Suspender y revertir procesos de desmantelamiento y reprivatización de empresas estatales, las que serán recuperadas con la directa participación y control de sus trabajadores, trabajadoras y organizaciones populares de su entorno. En tal sentido, se procederá a investigar y sancionar hechos de corrupción denunciados por las y los trabajadores y las comunidades.

– Proceder a revertir los procedimientos administrativos o judiciales de revocatoria de otorgamiento de tierras a movimientos campesinos, recursos mediante los cuales se despojaron a los campesinos para favorecer a viejos y nuevos terratenientes, tanto militares como politiqueros y personeros de la burocracia estatal.

– Dejar sin efecto y corregir todas las decisiones en política económica que favorezcan a empresas transnacionales y a capitalistas nacionales, que vayan en desmedro de la soberanía nacional y el medio ambiente, y que lesionen el interés del pueblo trabajador venezolano.

Buró Político del Comité Central
Partido Comunista de Venezuela (PCV)
Caracas, 10 de julio de 2017

(VIDEO) PCV incita la classe operaia a lottare per il potere

Risultati immagini per tribuna popularda Tribuna Popular

Caracas, 3apr2017, Tribuna Popular TP.- Il Buró Político del Partito Comunista del Venezuela (PCV) ha incitato la classe operaia, le lavoratrici ed i lavoratori della città e della campagna, le comuneras e i comuneros, i partiti politici rivoluzionari, le intellettuali e gli intellettuali, a dare forma ad un grande movimento rivoluzionario capaci di contendere il potere alla destra filo-imperialista e al riformismo che stanno distruggendo le conquiste sociali realizzare dal popolo.

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Caracas, 3 de abril 2017, Tribuna Popular TP.- El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) hizo un llamado a la clase obrera; a las y los trabajadores de la ciudad y el campo; a las y los comuneros; a los partidos políticos revolucionarios y a la intelectualidad a impulsar un gran movimiento revolucionario que sea capaz de disputar el Poder a la derecha proimperialista y al reformismo que está entregando las conquistas alcanzadas por el pueblo.
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Aquino (PCV): «La questione del potere in Venezuela non è risolta»

da lariscossa.com

Di seguito la traduzione in italiano dell’intervista a Carlos Aquino, membro dell’Ufficio Politico del Partito Comunista del Venezuela (PCV) e direttore del giornale del Partito, Tribuna Popular. L’intervista è stata realizzata da Bonjour Karl e tradotta dalla redazione di “La Riscossa”, per avere un quadro più chiaro sui recenti sviluppi politici in Venezuela. L’intervista è precedente agli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto il TSJ e la Fiscalía General.

Per iniziare questa intervista ci piacerebbe conoscere, con la preoccupazione che merita, in cosa consiste il processo di messa al bando che minaccia il Partito Comunista del Venezuela (PCV)?

In primo luogo, vogliamo salutare l’iniziativa che rappresenta Bonjour Karl, nel quadro della tanto necessaria controffensiva politico-ideologica che dobbiamo promuovere da coerenti posizioni rivoluzionarie di classe, con le valide bandiere del marxismo-leninismo e per il trionfo della rivoluzione proletaria e popolare. Al contempo, ringraziamo per la manifesta solidarietà con il PCV, ritenendola un’espressione dell’internazionalismo proletario – che è una delle armi fondamentali con le quali contiamo per sconfiggere la borghesia e il capitale transnazionale.

In secondo luogo, effettivamente oggi il PCV corre il pericolo reale di essere messo fuori legge per la quarta volta nei suoi 86 anni di lotta. Bisogna ricordare che per ben un terzo della nostra vita siamo stati in clandestinità per disposizioni politico-giuridiche dello Stato borghese: dal 1931 al 1945, per la Costituzione della tirannia di Juan Vicente Gómez;  dal 1950 al 1958, per decreto della dittatura militare di Marcos Pérez Jiménez; e dal 1962 al 1969, per decreto del regime di polizia di Rómulo Ernesto Betancourt.

Durante quest’ultimo periodo che ho menzionato – nel quale abbiamo condotto una lotta armata contro il regime filo-imperialista e antipopolare che dominava in Venezuela – sono stati perpetrati la stragrande maggioranza dei più di 10.000 crimini di Stato registrati dal 1958 al 1998 contro i comunisti e il movimento popolare, attraverso sparizioni forzate, torture e assassini di massa e selettivi.

In questo contesto fu promulgata, nel 1965, la Legge sui partiti politici, riunioni pubbliche e manifestazioni, concepita come meccanismo restrittivo e di controllo ai danni dei partiti di sinistra e dei movimenti rivoluzionari.

In seguito all’approvazione della Costituzione del 1999, l’ordinamento giuridico avrebbe mantenuto la sua validità in tutto ciò che non fosse in contraddizione con la Carta Magna – secondo la Disposizione derogatoria –, e il parlamento nazionale – secondo la Disposizione transitoria sesta – aveva due anni di tempo per adattare la legislazione preesistente ai nuovi principi postulati dalla Costituzione, specialmente in tutto ciò che riguarda la promozione della partecipazione, del protagonismo e del controllo popolare nella gestione pubblica.  La Legge sui partiti del 1965 però, pur essendo contro e precedente alla stessa costituzione, è tuttora in vigore.

In base all’articolo 25 di questa legge, che stabilisce il “rinnovamento” periodico della nomina degli iscritti nei partiti politici affinché questi ultimi mantengano il proprio riconoscimento legale, il Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) emette di volta in volta le “regole” che disciplineranno tale “rinnovamento”. Tuttavia l’anno scorso, il CNE, tra le altre disposizioni, ha imposto nuovi parametri che prevaricano illegittimamente i criteri adottati fino ad allora, le corrispondenti sentenze del Tribunale Supremo di Giustizia (TSJ) e persino la legge stessa.

Storicamente e giuridicamente, il rapporto del CNE era sempre stato con i partiti politici. Era poi ciascuno di essi ad occuparsi dell’iscrizione e della registrazione della propria militanza, avendo a disposizione sei mesi per adempiere al processo di “rinnovamento”. Nelle nuove norme, però, viene snaturato totalmente questo rapporto e vengono ridotti drasticamente i tempi del procedimento, giacché i militanti hanno soltanto due giorni per registrarsi e devono farlo direttamente presso il CNE, senza che i partiti certifichino la veracità della loro dichiarata militanza. È un fatto, questo, che minaccia i principi organici e di funzionamento statutario dei partiti, specialmente nel caso del PCV che, essendo un partito di quadri, seleziona coloro che hanno le qualità per la condizione di militante comunista. Per giunta, se centinaia o migliaia di persone si iscriveranno presso il CNE come militanti del PCV senza esserlo realmente, potranno automaticamente e costituzionalmente reclamare il diritto a partecipare ai nostri processi interni di scelta degli organismi di direzione del partito e di selezione delle candidature.

Come se non bastasse, altro nuovo parametro è che il CNE consentirà a chiunque, attraverso il proprio portale web, di accedere ai dati di ogni singola persona che si sia registrata, e risalire a quale partito essa è iscritta, il che viola il diritto a salvaguardare la propria scelta politica e indebolisce il principio di segretezza del voto, oltre a porre a rischio la stabilità lavorativa e la sicurezza personale tanto dei militanti comunisti, quanto dei militanti rivoluzionari di altri partiti, giacché la destra neofascista e la classe padronale – nello Stato borghese che continua ad esistere e nel quadro dell’acutizzazione della lotta di classe – potranno costituire delle liste per, oggi o domani, perseguitare i rivoluzionari, come già hanno fatto in passato.

Per questo, da quando queste “norme” sono state emesse il 4 marzo del 2016, il PCV ha dichiarato ripetutamente, pubblicamente e in privato, che non si sottometterà a questi parametri, in quanto non solo prevaricano il quadro giuridico, ma sono anche inaccettabili per la dignità e la sicurezza di un’organizzazione rivoluzionaria com’è il caso del PCV. Il PCV ha preso questa decisione avendo chiara consapevolezza che essa avrebbe comportato la sua messa fuori legge, ma sapendo che la responsabilità politica e storica di questo fatto ricadrà sui poteri pubblici dello Stato.

Perché credi che questo stia accadendo proprio in questi momenti e non precedentemente? Siamo forse di fronte ad un processo di acutizzazione della lotta di classe all’interno del processo rivoluzionario venezuelano, in cui la borghesia creola vede con preoccupazione un partito comunista che guadagna sempre più presenza e forza tra la classe operaia e, attraverso l’influenza politica esercitata sul PSUV, cerca di disattivare il PCV con l’obiettivo di lasciare la classe operaia venezuelana senza il suo principale strumento di lotta verso il Socialismo?

È del tutto legittimo chiedersi perché proprio adesso si esercitano queste azioni che colpiscono e mettono in pericolo la permanenza legale di organizzazioni rivoluzionarie, con misure giuridiche e normative che accrescono le naturali differenze tra i partiti che hanno sostenuto il processo bolivariano iniziato nel 1999. In tutto il mondo, persino coloro che difendono la sacra “separazione dei poteri” delle democrazie borghesi, sanno che dietro alle decisioni delle istituzioni di ciascuno Stato ci sono gli interessi politici ed economici dei differenti settori della borghesia, che fanno pressione per inclinare l’equilibrio dei poteri in una direzione o nell’altra.

Bisogna chiarire che la questione del potere in Venezuela non si è ancora risolta. La classe operaia non ha preso il potere nel nostro paese, e di conseguenza la struttura del sistema borghese non è stata modificata. Una struttura che, nel nostro caso, è aggravata dall’essere un modello di capitalismo di rendita e di dipendenza, improduttivo, mono-produttore e multi-importatore, e di conseguenza uno Stato altamente inefficiente, corrotto e burocratizzato. È la classe sociale che esercita la propria egemonia a determinare il carattere dello Stato, non la persona che congiunturalmente sieda alla presidenza della Repubblica, per quanto buona e rivoluzionaria sia tale persona.

Ciò che comunemente viene chiamata “rivoluzione bolivariana” – con il trionfo di Hugo Chávez nelle elezioni presidenziali del 1998 – è stato artefice di politiche anti-neoliberali ma non aveva un programma anti-capitalista. Con la “rivoluzione”, gli strati della piccola borghesia legati al nuovo governo progressivamente scalzarono i settori tradizionali della borghesia venezuelana dal controllo della rendita petrolifera e, a partire dal 2005, l’impostazione del “Socialismo del XXI secolo”, nella sua ansia di prendere le distanze dalle esperienze marxiste-leniniste sviluppatesi in URSS e negli altri paesi del campo socialista, si avvicinò sempre più al “socialismo” socialdemocratico e al cosiddetto “stato sociale” europeo, tanto cari ai riformisti dei partiti socialisti europei e latinoamericani.

La scomparsa nel 2013 di Chávez – figura nella quale si concentrava il principale referente dell’unità delle tanto eterogenee forze e settori attivi nel processo bolivariano – e il contemporaneo aggravamento della crisi del modello di accumulazione capitalistica nel nostro paese, che era in gestazione dal 2008, hanno provocato un’acutizzazione della lotta di classe, nella quale: settori della destra sono riusciti ad avanzare politicamente e socialmente; forze all’interno del Governo Nazionale si stanno riposizionando, con crescente influenza di un settore che sostiene la conciliazione tra le classi ed è disposto a cedere le conquiste popolari; le organizzazioni come la nostra, genuinamente rivoluzionarie e impegnate nella radicalizzazione del processo e l’accumulazione di forze nella prospettiva socialista, combattono la destra e prendono le distanze dall’entreguismo (corrente politica conciliatoria e traditrice che consegna al nemico le conquiste popolari, ndt).

Per questo, tanto i settori tradizionali della borghesia venezuelana quanto le nuove fazioni della borghesia emerse all’ombra della “rivoluzione bolivariana” – ciascuna con sue rispettive espressioni politiche, in partiti della MUD (Mesa de Unidad Democratica, coalizione di destra all’opposizione, ndt) e in correnti all’interno del PSUV, rispettivamente – hanno tra i loro nemici il PCV e, sapendo che non possono sottometterci né comprarci, hanno bisogno di indebolirci quanto più possibile, facendo in modo che tra la classe operaia e nel popolo lavoratore non continuino a guadagnare forza le nostre parole d’ordine strategiche di rottura reale con il sistema capitalista e di lotta per una vera rivoluzione sociale.

Che mosse sta prendendo il PCV per affrontare questo attacco e fino a dove è disposto ad arrivare?

Per noi è chiaro che questa è una battaglia politica, e politicamente la stiamo affrontando. In primo luogo, rivendichiamo il diritto legittimo del PCV nel continuare a portare avanti le sue lotte nel pieno rispetto dei suoi diritti e tutele costituzionali, né più né meno di ogni altro partito. Spiegando anche il contesto delle posizioni che abbiamo assunto, sulla base del pericolo permanente che minaccia il PCV come organizzazione creata per rovesciare il sistema dominante e costruire una nuova società. Un compito che è ancora in corso e per il quale stiamo accumulando forze. Mettiamo inoltre a nudo i discorsi fraudolenti e pseudo-rivoluzionari che cercano di confondere e paralizzare la classe operaia affinché si sottragga al ruolo storico di avanguardia di tutto il popolo nella liberazione nazionale e sociale.

Inoltre, durante lo scorso anno si sono svolte varie riunioni bilaterali con alti funzionari del Governo e riunioni allargate tra rappresentanti dei partiti che sostengono il processo bolivariano, inclusi dirigenti del PSUV. In tutte queste riunioni abbiamo espresso le nostre critiche alle “norme” del CNE per il “rinnovamento”, sottolineando l’importanza che il partito di Governo assumesse questa posizione condivisa dai partiti che definisce “alleati”. Tuttavia, quest’anno, mentre alcuni dirigenti nazionali del PSUV in riunioni bilaterali ci hanno espresso la loro “comprensione” sulla questione, altri dirigenti hanno dichiarato pubblicamente che il processo del CNE è conforme al diritto e che deve svolgersi così come è stato stabilito. Pertanto, non è mai stato definito con chiarezza quale sia la posizione ufficiale della direzione nazionale del PSUV.

Noi del PCV abbiamo sottolineato che in questa occasione abbiamo dalla nostra parte non soltanto i principi di giustizia, bensì che questa battaglia e le nostre rivendicazioni hanno anche un fondamento giuridico, per cui abbiamo fatto ricorso al CNE il 10 giugno de 2016 con una comunicazione nella quale presentavamo dettagliatamente le nostre osservazioni e proposte sulle “norme” e sul “rinnovamento”. Ad oggi, tuttavia, non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Ciò, oltre ad essere una violazione delle disposizioni costituzionali e legali che obbligano le istituzioni dello Stato a rispondere opportunamente, dimostra che il Potere Elettorale non ha avuto la volontà politica di evitare l’aggravarsi di questa situazione.

Di fronte alla mancanza di risposta dell’ente elettorale e all’annuncio che il processo di “rinnovamento” verrà portato a termine senza modificare i nuovi parametri imposti nella “norma” del CNE, lo scorso 16 febbraio il PCV ha presentato alla Camera Costituzionale del TSJ (Corte Suprema di Giustizia, ndt) un ricorso di annullamento per incostituzionalità dell’art. 25 della legge dei partiti politici, con sollecitudine di misure cautelari affinché si sospenda preventivamente il processo di “rinnovamento”; tuttavia, questo processo ha avuto inizio il 4 marzo senza che il TSJ si pronunciasse sulle misure cautelari e ad oggi non è stato deciso nulla nel merito del ricorso.

Secondo il calendario stabilito per il “rinnovamento”, al PCV spetta il prossimo 6 e 7 maggio. Il Comitato Centrale del nostro partito ha detto chiaramente che il PCV non parteciperà a questo processo per le ragioni già segnalate, intendendo che non riconoscerà come militanti del PCV nessuno che si registri quei giorni. Il CNE ha comunicato che ogni partito che non si “rinnoverà” in questo processo sarà “cancellato” – che è il termine usato dalla legge – perdendo, di conseguenza, il suo status legale e la sua personalità giuridica, con tutte le implicazioni che questo comporta. Tra il 27 giugno e l’8 luglio, il CNE renderà pubblico il suo rapporto finale su questo processo.

Per la dignità e la sicurezza del PCV e della militanza rivoluzionaria, con la tranquillità di sapere che stiamo sollevando principi giusti e che sono la nostra storia, la nostra lotta e il popolo lavoratore a darci legittimità, siamo disposti ad affrontare questa nuova messa fuori legge.

Il PCV ha già ricevuto un attacco importante qualche anno fa quando si pose la questione della sua dissoluzione all’interno delle file del PSUV. Attacco di fronte al quale il partito fu all’altezza del suo compito storico, evitando la sparizione del PCV. Esistono nemici del PCV nel Governo Bolivariano o con influenza molto diretta sullo stesso?

Sì, dentro il Governo Nazionale ci sono correnti di destra e riformiste – socialdemocratiche e socialcristiane – dotate di molto potere e influenza politica. Queste correnti naturalmente hanno come suoi nemici il PCV e le forze genuinamente rivoluzionarie, in quanto rappresentiamo valori, principi e proposte contrari ai loro interessi di classe e antitetici rispetto alle loro concezioni politico-ideologiche. Questo non vuol dire che combattere il PCV sia una politica “ufficiale” del Governo, ma conferma il fatto che la lotta di classe si esprime e sviluppa anche all’interno delle forze del processo bolivariano, il cui esito e l’orientamento che infine prenderà dipenderanno da quali forze riusciranno ad imporsi.

In diverse occasioni, in vari modi, il PCV ha dovuto combattere battaglie molto dure per fronteggiare i tentativi di cancellarlo definitivamente. Le esperienze accumulate nel corso dei 170 anni del movimento comunista internazionale, le conseguenze dello scioglimento di partiti comunisti in strutture “ampie”, la nostra stessa storia e la chiarezza della necessità che la classe operaia abbia il suo strumento organico – caratterizzato da una diversa fisionomia e un programma nitido e incontrovertibilmente marxista-leninista – per condurre vittoriosamente la lotta di classe, ci hanno persuaso che l’esistenza del Partito Comunista è una necessità storica, che sarà superata solo nella stessa misura in cui vengono raggiunti gli obiettivi per il quale esso esiste. Non prima. Per tanto, la posizione della dissoluzione del Partito rivoluzionario della classe operaia, che lo si voglia o no, sostiene e rafforza le posizioni controrivoluzionarie e indebolisce le lotte per gli interessi del proletariato e il popolo lavoratore.

Nel dicembre 2006, Hugo Chávez, meno di due settimane dopo la rielezione presidenziale con la quale si evidenziava il picco della sua popolarità e della sua influenza di massa, pose la costituzione del “partito unico” al quale dovevano integrarsi tutti i partiti del processo bolivariano. Il PCV iniziò un dibattito interno che culminò con la realizzazione del nostro 13° Congresso (Straordinario), il 3 e 4 marzo del 2007, nel quale non solo prendemmo la decisione di non scioglierci in una organizzazione interclassista, senza ideologia né forme di organizzazione definite e senza un chiaro programma socialista-scientifico, ma stabilimmo inoltre le caratteristiche che deve avere il partito della rivoluzione venezuelana, riconoscendo, con spirito autocritico, che ancora non avevamo quelle caratteristiche ma che, per l’ideologia di avanguardia che assumiamo e i principi organizzativi leninisti che abbiamo, eravamo il partito che più si avvicina a queste caratteristiche.

All’epoca, la nostra decisione non fu sufficientemente compresa da molti settori amici in Venezuela e nel mondo, e abbiamo anche sofferto cedimenti tanto da parte di compagni onesti e validi quanto di individui che si sono piegati a una politica divisoria e frazionista per far implodere il PCV. Con coraggio e fermezza siamo sopravvissuti a questo attacco ingiusto e a questa politica errata, e oggi è sempre più difficile incontrare qualcuno che non riconosca che la nostra posizione fu quella corretta.

Attraverso Tribuna Popular apprendiamo che si stanno producendo avanzamenti in materia sindacale attraverso la Corriente Clasista “Cruz Villegas”. Cos’è e qual è la situazione del movimento operaio e sindacale in Venezuela in questo momento?

Nel PCV sappiamo che la rivoluzione non la farà il partito da solo, ma che è necessario un ampio, cosciente, organizzato e unitario movimento di massa, che identifichi il suo posto all’interno dei rapporti di produzione nel sistema capitalista, i suoi interessi nel superamento rivoluzionario di questo sistema e il suo ruolo da protagonista nella presa del potere e nella costruzione della nuova società.

Questo movimento di massa deve aver un chiaro orientamento di classe, per non perdersi nel disparato labirinto che propugnano la piccola borghesia e gli strati medi, o nei “nuovi” intenti di declassare il soggetto storico della rivoluzione trasferendo questo ruolo “alle moltitudini” o “alle comunità”.

Per questo, un asse centrale dell’azione ideologico-politica e organizzativa del PCV è diretto prevalentemente verso la classe operaia e, in modo più ampio, verso i lavoratori e le lavoratrici della città e della campagna. Questo lavoro lo realizziamo in modo diretto attraverso gli organismi di base del partito, le cellule, ma anche attraverso fronti di massa, come la Corriente Clasista “Cruz Villegas”, dove i lavoratori e le lavoratrici che vanno acquisendo coscienza di classe – militanti o meno di qualche altro partito –, si raggruppano e attivano con militanti comunisti sulla base dell’impresa o del ramo di produzione di beni e servizi cui appartengono, con l’obiettivo di rafforzare il movimento operaio e sindacale di classe rivoluzionario, promuovere la democrazia sindacale e lottare per un nuovo modello di gestione dei processi produttivi, basato nel controllo operaio-popolare.

Negli ultimi tre anni si è avanzato molto rispetto a questi compiti, specialmente a partire dalla costruzione del Fronte Nazionale di Lotta della Classe Lavoratrice (FNLCT), dove – oltre la Corriente “Cruz Villegas” – ci sono decine di sindacati, delegati di prevenzione e movimenti classisti dei lavoratori, di imprese pubbliche e private, che acquisiscono coscienza nella missione che assumono in quanto “classe per sé”.

Oggi sono particolarmente importanti queste bandiere e queste iniziative, per quanto il sindacalismo di classe sta soffrendo un sensibile incremento degli attacchi da parte dei padroni, sia a livello statale che nel settore privato, con la complicità delle istituzioni dipendente dal Ministero del Lavoro, facendo prevalere gli interessi del capitale con politiche anti-operaie e anti-sindacali a danno del popolo lavoratore. Questa politica si esprime nei licenziamenti di massa, che violano la sicurezza sul luogo di lavoro, gli spazi sindacali e benefici di maternità; ostacoli burocratici alla costituzione di sindacati di classe e persecuzione degli scioperi; rifiuto di Ispettori e Tribunali del Lavoro a ricevere o trasmettere denunce dei lavoratori; non adempimento di provvedimenti amministrativi di reinserimento; e uso di forze di polizia per spaventare e infastidire dirigenti sindacali e del movimento di classe. Inoltre, si sta consolidando una pericolosa tendenza alla svalutazione della forza lavoro, attraverso una crescente indennizzazione del reddito dei lavoratori e lavoratrici – visto che oggi solo il 27,34% del reddito minimo ha incidenza in vacanze, utilità, prestazioni sociali, cassa di risparmio, fondo abitativo e di pensione -, cosa che pregiudica il patrimonio familiare futuro del lavoratore, incrementa i margini di profitto del capitale e facilita i licenziamenti.

A febbraio alti responsabili del PCV hanno dichiarato che “non c’è vera democrazia con la borghesia al potere”. Puoi ampliare questo argomento date le attuali condizioni del tuo paese e in relazione ad altri processi che si sviluppano in America Latina?

Come spiegato prima, in Venezuela continuiamo ad avere uno Stato borghese e pertanto un sistema capitalista, ossia che la classe che esercita l’egemonia nel nostro paese è la borghesia. Da marxisti-leninisti, intendiamo che anche la più “democratica” delle democrazie borghesi significherà sempre e comunque la dittatura della borghesia, per cui mai potrà esserci vera democrazia – intesa come potere del popolo – finché sarà la classe dei privilegiati e degli sfruttatori ad avere il potere.

Gli Stati, come formazione politico-giuridica sorta nello sviluppo delle società divise in classi, costituiscono il complesso di meccanismi atti alla dominazione della classe egemonica sulle altre classi, strati sociali e sulla società nel suo insieme. Dalla nascita degli Stati capitalisti, la lotta della classe operaia e dei popoli è riuscita a strappare molte rivendicazioni e diritti alla borghesia, ma quando si tratta dei suoi principali privilegi di classe – la proprietà privata e “lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo” – essa li difende con il sangue e col fuoco.

Questa è una verità nel nostro paese e in tutto il mondo. E questa realtà non solamente non è stata cambiata dai processi riformisti-progressisti degli ultimi 15 anni in America Latina, ma anzi i loro sviluppi l’hanno confermata. Svariati di questi “processi” si sono auto-denominati “rivoluzioni”, come nel caso del Venezuela, implementando importanti riforme, programmi e politiche sociali a beneficio delle grandi masse popolari storicamente escluse, ma stanno giungendo al limite che gli permette il sistema stesso, nella misura in cui esse non si sono né poste né sono maturate verso l’obiettivo di cambiare in modo rivoluzionario i rapporti di produzione capitalistici, sprecando un formidabile patrimonio di aspettativa popolare che ora si sta convertendo in delusione, frustrazione e smobilitazione, e screditando enormemente – in casi come quello venezuelano – termini e concetti come “rivoluzione” e “socialismo”, quando invece ciò che è in crisi è il modello di accumulazione capitalistica di rendita e dipendenza.

Dal PCV poniamo la necessità di una grande offensiva genuinamente rivoluzionaria, che chiarisca quali siano i risultati, la portata e i limiti di questi processi e dei loro dirigenti, per superare l’attuale demoralizzazione dei nostri popoli e abbracciare la proposta della vera rivoluzione proletaria e popolare, che estirpa alla radice la causa profonda di tutti i mali che soffriamo: il sistema capitalista, i suoi valori e istituzioni.

Esiste il rischio di fare marcia indietro negli avanzamenti sociali prodotti negli anni di governo del PSUV? Quali sono le cause in caso affermativo?

>>>continua>>>

(FOTOS) Caracas: Todo el Poder para el Pueblo!

por ALBATV

Utilizando la consigna “Todo el poder para el pueblo, unidos contra el fascismo, el entreguismo y la corrupción” militantes de diversas organizaciones sociales se concentraron este sábado, en las inmediaciones de la Plaza O´ Leary para marchar hasta la Plaza Bolívar de Caracas, con el objetivo de llamar a todas las fuerzas revolucionarias a organizarse en una nueva alternativa de poder popular que permita radicalizar y profundizar la Revolución Bolivariana.

La convocatoria que agrupó a 25 organizaciones populares, reiteró el compromiso de sus integrantes con el legado del comandante Chávez y las luchas del pueblo por un mundo mas justo y libre de las acciones del imperialismo yanqui.

Al respecto, Oscar Figuera secretario general del Partido Comunista de Venezuela indicó que a través de la construcción de un nuevo instrumento de unidad social se podrán levantar las banderas de todas las corrientes para enfrentar los retos impuestos por la derecha y encausar todas las fuerzas del pueblo en la dirección necesaria. “En la medida que podamos avanzar unidas y unidos hacia la liberación nacional, hacia el socialismo verdadero podremos cumplir con los objetivos que demanda la patria y la unidad latinoamericana”.

“El poder está en disputa y debemos luchar para conquistarlo e impedir que el fascismo y el entreguismo se apoderen de él y lo utilicen en contra del pueblo, el proceso revolucionario no ha terminado”, expresó Rubiel Romero representante del Sindicato de Trabajadores Socialista de Empresas Polar.

“Se necesita del concurso de todo el movimiento popular revolucionario que desde diferentes iniciativas y formas de lucha construyen esta patria soberana e independiente. Debemos superar los obstáculos e insistir en los procesos de construcción del poder popular desde las bases, materializar el Golpe de Timón señalado por el comandante Chávez, haciendo realidad la comuna como germen de la nueva sociedad”, reiteró Romero.

Ante un escenario adverso para países liderados por gobiernos populares como Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela, el pueblo chavistas cierra filas con el fin de consolidar un bloque de lucha contra las fuerzas oligárquicas que pretenden acabar con los logros sociales, políticos y económicos alcanzados por el pueblo en 17 años de la revolución.
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(VIDEO) Sindicatos piden Ley de los Consejos de los Trabajadores

Pedro Eusse, Coordinador Nacional de la Corriente Clasista de Trabajadortes "Cruz Villegas"por prensa Partido comunista de Venezuela

Pedro Eusse puntualizó que ya la corriente “Cruz Villegas”, del PCV, así como otras organizaciones sindicales han introducido proyectos de la Ley desde 2007.

Caracas, 15 dic. 2015, Tribuna Popular TP/Crédito LUN – Beatriz Caripa.- El secretario de la dirección sindical del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y dirigente del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (Fnlct), Pedro Eusse, dijo que los movimientos obreros y sindicales clasistas, solicitan al presidente Nicolás Maduro que apruebe la Ley de Consejo de Trabajadores, por vía de la Ley Habilitante que aún está vigente y faculta al primer mandatario a usar poderes especiales para aprobación de leyes.

“Pedimos al presidente Maduro que en lo inmediato proceda a aprobar esta ley especial, pues sabemos que la nueva Asamblea Nacional, se opondrá a este instrumento, pues ya lo han adelantado con la amenaza de derogar la Ley Orgánica del Trabajo, porque ya se los ha ordenado Fedecámaras, quien les financió la campaña”.

 

La Ley Especial de Consejo de Trabajadores o Ley de Control Obrero (como también se le conoce), está contemplada en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (Lottt), como uno de los regímenes especiales que se deberá desarrollarse, a fin de que la clase trabajadora encabece tareas de control y supervisión de los diversos procesos en las empresas y centros de trabajo.

En la Lottt también están contempladas otras leyes especiales, como la de los trabajadores de vigilancia, que deberá someterse a discusión con el consenso del parlamento.Eusse puntualiza que ya la corriente “Cruz Villegas”, del PCV, así como otras organizaciones sindicales han introducido proyectos de la Ley de Consejos de Trabajadores. “El trabajo ya está adelantado, hay proyectos elaborados”.Pedro Eusse, quien también quedó electo como diputado suplente del Gran Polo Patriótico, por el estado Portuguesa, enfatizó que se oponen a una derogatoria de la Ley del Trabajo. “La clase obrera no lo permitirá. Haremos sentir el peso de toda la clase obrera en la calle, en la asamblea y en cualquier escenario, pero no nos dejaremos quitar nuestras conquistas, que no nos benefician a nosotros nada más, benefician a todo el pueblo trabajador, a los que votaron en contra del proceso revolucionario de orientación popular”.

Eusse mostró su rechazo contundente a la solicitud de una amnistía laboral, para los 22 mil ex trabajadores que intervinieron en el paro de 2002, “paralizando procesos vitales a Pdvsa y la industria petrolera”. Puntualizó que esta acción “no se debe permitir bajo ningún criterio, ellos cometieron un delito contra la industria petrolera, que afectó a todo un país. Ya es mucho beneficio decir, que no están presos”.

 
Rectificaciones
 
Respecto al resultado electoral adverso al proceso revolucionario, el dirigente pecevista sostuvo que, además de la “guerra económica  por parte del sector privado que no hacía despachos de alimentos o los hacía de manera intermitente en los supermercados para provocar una reacción adversa al Gobierno”,  también  “fue medular las ineficiencias que se venían acumulando por parte del Gobierno”.
 
Eusse dijo que por parte del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora  proponen al Gobierno que se enfoque en hacer rectificaciones, y destacó que  “se debe hacer un debate profundo de autocrítica que lleve a rectificaciones eficaces y efectivas, tomando en cuenta que el enemigo, representado en la derecha que ahora domina el Parlamento, es muy poderoso”.
 
Agregó  que hacia lo interno de la administración del Estado, se deben tomar decisiones  como reformar la política económica y desmontar el monopolio; así como nacionalizar la banca, algo que venimos diciendo en el PCV desde hace un tiempo,  pero  no solo para que el Estado se convierta en propietario de bancos”.
 
Eusse citó otras rectificaciones que deberán hacerse, como  la  estatización del comercio exterior. “Que el Estado tome el control de las importaciones,  que adquiera en el exterior lo que necesite y  que se revisen en profundidad las empresas nacionalizadas improductivas”, precisó el dirigente laboral.

PCV: Profundización obrero-popular revolucionaria del bolivarismo

por Prensa PCV

Viernes, 11 Diciembre 2015.- Los comunistas venezolanos: “Profundización obrero-popular revolucionaria del proceso bolivariano”

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha expresado claramente que “nos encontramos frente a un cuadro nacional cada vez más complejo en lo político, económico y social; lo cual se incrementará en las semanas y meses por venir, a raíz del resultado de las elecciones parlamentarias”, señaló Perfecto Abreu Nieves, Secretario Nacional de Organización del PCV. “Cada vez se corrobora más que tenemos amenazas internas y externas, en el desarrollo de la lucha por el control estatal de la distribución de la renta petrolera y con las contradicciones propias entre factores en disputa dentro de las «fuerzas del proceso»”, explicó Abreu.

Desde el PCV, resaltó el dirigente, seguirán luchando para superar satisfactoria y revolucionariamente esta situación, “impulsando una verdadera alianza patriótica para avanzar en la unidad política y orgánica de las consecuentes organizaciones progresistas y antiimperialistas del proceso bolivariano, con el objetivo de la acumulación de fuerza obrero-popular revolucionaria”. Abreu amplió que “el PCV tiene 84 años de lucha, en las más adversas condiciones, y siempre hemos salido airosos, aunque haya sido pagando un alto costo en vida de camaradas; pero somos consecuentes y fieles con la clase obrera y el pueblo venezolano, con sus anhelos y aspiraciones, con sus necesidades y objetivos históricos”.

“Por eso, utilizando todas las herramientas que tengamos a mano, seguiremos activando para ganar ante las masas el papel de dirección política que oriente la liberación de la dominación imperialista y la conquista del Poder por el pueblo trabajador consciente, organizado y movilizado, con la clase obrera revolucionaria en la vanguardia como clase hegemónica, para generar una ruptura y quiebre del sistema capitalista, sus instituciones y valores, para iniciar la fase histórica del tránsito al Socialismo”, reafirmó Abreu. El PCV, para la batalla política, ideológica y de masas que significaron las elecciones del 6D, se trazó saldos políticos y orgánicos concretos, más allá de las curules que se lograran, “para fortalecer la organización e influencia de masas del Partido, consolidar la amplia alianza nacional antiimperialista y avanzar en la acumulación de fuerza obrero-popular revolucionaria con centralidad de clase”.

“El objetivo de la defensa y profundización revolucionaria del proceso bolivariano de cambios, requiere del fortalecimiento político del PCV como organización revolucionaria de la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, autónoma, crítica y propositiva”, puntualizó el dirigente comunista. Abreu expuso que “el Partido del Gallo Rojo se consolida legítimamente, como expresa su consigna, en «¡la fuerza del pueblo trabajador!», es decir, la fuerza concientizadora, organizadora y movilizadora de la clase obrera y las y los trabajadores, para la lucha antiimperialista, la defensa de la independencia, el impulso del desarrollo soberano y la conquista del Poder para la construcción del Socialismo; todo lo cual, es su misión histórica”.

Partito comunista del Venezuela solidale con la Siria

da sana.sy

Il Partito Comunista del Venezuela (PCV), in collaborazione con l’associazione arabo-venezuelana, ha organizzato un raduno nella città venezuelana di Maracaibo per esprimere la solidarietà della comunità siro-venezuelana alla Siria di fronte alla guerra terroristica scatenata contro il paese arabo.

Durante l’incontro ci sono stati una serie di interventi sulla situazione attuale in Siria.

Il presidente dell’associazione Zaid Kheder ha pronunciato un discorso in cui ha fatto riferimento alla resistenza del popolo e dell’esercito siriano contro l’azione terroristica sostenuta e finanziata dai paesi arabi e occidentali che cercano di destabilizzare la regione e saccheggiare le sue risorse e e le sue ricchezze.

In questo contesto, ha aggiunto che questa lotta continuerà per liberare il paese dai terroristi.

Inoltre, Kheder ha anche sottolineato l’importanza geopolitica e storica della Siria, che era e rimane il fattore più importante della stabilità nella regione e deve affrontare ogni sforzo per mantenere la sicurezza e la stabilità.

L’evento ha visto la partecipazione dell’ambasciatore siriano nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, Ghassan Abu Mazen e dei membri della comunità siriana nel paese bolivariano.

L’associazione arabo-venezuelana è parte della Federazione FEARAB Venezuela che ha sede nella capitale Caracas e comprende 45 associazioni.

[Trad dal castigliano per ALBAinformazione di Francesco Guadagni]

Roma 19apr2015: Giornata di azione mondiale con il Venezuela

La gioventù del mondo contro l’ingerenza imperialista in Venezuela

jcv_assembleada prensa.pcv.wordpress.com

Traduzione di Marx21.it

Comunicato del Partito Comunista del Venezuela

L’Ufficio Politico del Partito Comunista del Venezuela (PCV) esprime il suo pieno appoggio alla Missione Internazionale di Solidarietà con la rivoluzione bolivariana “contro l’ingerenza imperialista” che si svolgerà dal 20 al 28 febbraio a Caracas, organizzata dalla Federazione Mondiale della Gioventù Democratica (FMGD) che celebra 70 anni di lotta della gioventù del mondo contro l’imperialismo e in difesa della Pace e della Sovranità dei Popoli.

Lo ha comunicato in una conferenza stampa il Segretario Generale della Gioventù Comunista del Venezuela (JCV) e membro dell’Ufficio Politico del PCV Héctor Alejo Rodriguez.
La Missione si svolgerà a un anno dall’inizio dell’offensiva imperialista e dei settori più violenti dell’opposizione venezuelana con il tentativo di rovesciare il governo democratico e instaurare una dittatura di carattere fascista nel nostro paese.

“Ricordiamo che proprio un anno fa, 45 persone persero la vita a causa di tale offensiva, e incalcolabili danni furono arrecati a beni di utilità pubblica nel paese”, ha affermato Rodriguez.

In questo contesto si svolgerà la Missione Internazionale di Solidarietà con la rivoluzione bolivariana “contro l’ingerenza imperialista”, organizzata dalla FMGD.

La Missione a Caracas è composta da circa 50 delegati di 25 paesi di 4 continenti, “in rappresentanza della gioventù progressista, antifascista e antimperialista del mondo”.

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La Pace è un Diritto di tutti i Colombiani

Associazione Nazionale Nuova Colombia

Intervista del Partito Comunista Venezuelano alla Delegazione di Pace delle FARC-EP a L’Avana – Cuba


da TP -Tribuna Popular


Il 26 Agosto 2012, a L’Avana, Cuba, le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia – Esercito del Popolo (FARC – EP) e il governo della Colombia hanno firmato uno storico e speranzoso ‘Accordo generale per la fine del conflitto’. 
Il 18 ottobre di quell’anno diedero inizio alle ‘conversazioni dirette e ininterrotte sui punti dell’agenda’, conosciuti come i dialoghi de L’Avana, ‘al fine di raggiungere un Accordo Finale per la risoluzione del conflitto che contribuisca alla costruzione di una pace stabile e duratura’.I punti dell’agenda sono: 1) Politica di sviluppo agrario integrale; 2) Partecipazione politica; 3) Fine del conflitto; 4) Soluzione al problema delle droghe illecite; 5) Vittime; 6) Attuazione, verifica e convalida.

Diverse sfide si devono superare, con l’obiettivo di garantire “l’efficacia del processo e completare il lavoro sui punti dell’agenda in maniera spedita e nel più breve tempo possibile” e, nonostante le diverse visioni di ciò che significa “nel più breve tempo possibile”, sono stati raggiunti una serie di accordi nei primi due punti dell’agenda.

Le più diverse organizzazioni politiche e sociali, dentro e fuori la Colombia, seguono e sostengono in modo solidale e attivo questi dialoghi, essendo parte delle ampie, massicce e popolari mobilitazioni per fare pressione al governo di Juan Manuel Santos affinché assuma seriamente la generazione di condizioni e garanzie per raggiungere un accordo di pace su una solida base di vera democrazia, giustizia sociale e sovranità.

Le FARC-EP evidenziano che le loro bandiere storiche “sono in primo piano nella lotta politica”, e che il governo sa che “non siamo mai stati, né mai saremo, disponibili verso alcun piano di resa”, e che “l’unica via d’uscita è quella di risolvere i problemi che hanno generato il conflitto”.

Assumendo l’impegno con i colloqui di pace, una Commissione del Partito Comunista del Venezuela (PCV), guidata dal suo Segretario Generale, Oscar Figuera, ha tenuto riunioni nella capitale cubana con la Delegazione di Pace delle FARC-EP, organizzazione guerrigliera che il prossimo 27 maggio compirà i suoi 50 anni.

Nel quadro di queste riunioni, Tribuna Popolar ha realizzato un’intervista esclusiva con Iván Márquez, membro della Segreteria delle FARC-EP e Jesús Santrich, dello Stato Maggiore Centrale, che riproduciamo integralmente di seguito: 
 
TP: L’accordo generale sottoscritto con il Governo colombiano si pone l’obiettivo di “porre fine al conflitto”; la conquista del Potere politico e la costruzione del Socialismo sono ancora gli obiettivi delle FARC-EP?

Ciò che stiamo discutendo sono punti di approccio per risolvere essenzialmente le cause della miseria, della disuguaglianza e della mancanza di democrazia, riprendendo in particolare le iniziative popolari in questi campi.
  
Sappiamo che non faremo la rivoluzione al tavolo dei dialoghi; ma nemmeno è in discussione la possibilità che il governo ottenga una finta pace, senza cambiamenti nelle ingiuste strutture della società. Questi dipendono dall’azione organizzata delle masse. Ciò che discutiamo in questa sede sono delle proposte minime, non il nostro programma rivoluzionario verso il Socialismo al quale non rinunceremo mai.

 
TP: Che cosa intendete per “fine del conflitto”?

La fine del conflitto ha due livelli specifici: uno è la fine dello scontro militare propriamente detto, e l’altro la fine dello scontro sociale che deriva dai profondi problemi d’ordine politico, economico e sociale che patiscono le maggioranze popolari.
   
Combinando i due fattori, la fine del conflitto significherà l’inizio di un lungo periodo di tregua bilaterale che permetta di materializzare gli impegni concreti di cambiamento che si raggiungeranno al tavolo, ma con la partecipazione attiva, protagonista, del movimento popolare.
  
Ciò sarà sicuramente accompagnato da un processo costituente per riconfigurare l’ordinamento politico e sociale del paese. In Colombia si devono creare le condizioni e le garanzie per l’esistenza di una democrazia reale che permetta la soluzione civile delle aspettative delle comunità.
   
TP: E’ passato un anno e mezzo dalla firma dell’accordo generale, rimanete ottimisti circa le possibilità di raggiungere una “pace stabile e duratura”?

Abbiamo raggiunto due accordi parziali molto importanti, relativi alla trasformazione agraria e alla partecipazione politica, e siamo in procinto di realizzare qualcosa di simile sulla questione della sostituzione delle coltivazioni ad uso illecito, che sono parte di un problema sociale maggiore rappresentato dal narcotraffico, che tocca l’intero tessuto sociale e attraversa l’insieme delle istituzioni in Colombia.
   
Questo, ed il grande sostegno sia a livello nazionale che internazionale che ha il processo, ci conferisce l’ottimismo per restare al tavolo dei dialoghi.
  
TP: In quali temi del dialogo vi sono grandi differenze con il Governo? Quali sono i nodi che sembrano più difficili da superare?

Tra il primo e il secondo punto abbiamo accumulato 24 questioni intorno alle quali vi è l’impegno di ridiscutere e trovare soluzioni, perché sono elementi nodali, insormontabili, senza i quali non si potrà concludere un accordo definitivo.
 
Essi sono pubblicati in dettaglio nei nostri siti di diffusione, ma possiamo dirvi che i primi ruotano attorno alla proprietà, possesso e uso della terra, concretamente alla necessità di eliminare il latifondo, arrestare il trasferimento della terra in mani straniere, al fine di realizzare una vera e propria redistribuzione che cancelli lo scandaloso accaparramento della terra che esiste nelle zone rurali.
  
Su questo stesso piano si pone il problema dei conflitti per l’uso della terra, che hanno a che fare con la nefasta presenza dei latifondi per allevamento di bestiame che occupano quasi 40 milioni di ettari (un terzo del territorio nazionale) e la pericolosa espansione minerario-energetica, che minaccia pericolosamente l’equilibrio ambientale e la sostenibilità dell’economia. Relazionato a tutto ciò vi è il rifiuto dei Trattati di Libero Scambio, e della pretesa di stabilire il cosiddetto diritto reale di superficie, elementi, tra gli altri, che mirano a configurare una terra senza contadini, per fare spazio agli interessi delle multinazionali. In questo punto, il riordinamento territoriale è fondamentale.
 
Le seconde questioni in sospeso riguardano l’esercizio della democrazia, le ristrutturazioni istituzionali e dello Stato, che la Colombia reclama urgentemente in materia elettorale, giudiziaria, di politica economica, di organismi di controllo, sanità, istruzione, ecc., ma soprattutto l’aspetto della Dottrina della Sicurezza Nazionale, includendo i necessarie cambiamenti in materia di sicurezza cittadina, che oggi criminalizzano in modo estremo la protesta sociale.
 
Non vediamo eccessive difficoltà nella possibilità di risolvere tutto ciò che è stato menzionato, dato che dopo un progresso come quello già raggiunto, si deve produrre una maggiore partecipazione della cittadinanza, del popolo sovrano, ed è logico che sia un’ Assemblea Nazionale Costituente, che dopo aver sciolto le questioni, ci consegni un trattato di pace.
 
TP: Perché questi colloqui di pace si tengono fuori dalla Colombia? Vi è la partecipazione reale ed effettiva del popolo colombiano?

Non sempre le FARC hanno dialogato in territorio colombiano; ci sono stati colloqui a Caracas e poi a Tlaxcala, Messico. L’insistenza che i colloqui si facessero in Colombia obbediva alla volontà di avere la più ampia partecipazione delle comunità nell’identificazione dei problemi che sono di interesse nazionale. Ma l’intransigenza del governo rispetto al fatto che i dialoghi si sviluppassero nel paese, avrebbe potuto vanificare la possibilità della riconciliazione.
 
Per questo abbiamo deciso di non trasformare questo tema in una questione di principio, soprattutto quando siamo riusciti a concordare il fatto che sarebbero stati realizzati sul territorio nazionale forum di discussione e meccanismi per far sì che i vari settori potessero avere una presenza a L’Avana. Addirittura ci promisero voli charter per i connazionali che volevano partecipare; promessa che, finora, non si è materializzata e anzi si è minacciato di perseguire coloro che si spostavano a Cuba per parlare con la Delegazione di Pace della guerriglia.
  
D’altra parte, l’idea che la sede fosse Cuba, paese garante, con il forte sostegno del Venezuela, ha fornito un carattere di sicurezza e di fiducia assoluta nella fase dei colloqui. Siamo pienamente soddisfatti che questi colloqui di pace si svolgono nell’isola della libertà. Le FARC sono molto grate a Cuba, al suo governo e al suo popolo, che hanno accolto con assoluto rispetto e imparzialità le parti.
   
Infine, riteniamo che per quanto riguarda la partecipazione delle persone alla costruzione degli accordi, l’ostacolo non è la geografia, ma la disposizione che esiste nel governo a includere le proposte che le organizzazioni sociali e politiche del paese hanno trasmesso al tavolo. E’ necessario che i cittadini conoscano i progressi e le questioni irrisolte, in modo da poter decidere in merito alle soluzioni, per far sì che ciò su cui ci si accorda risponda alle aspirazioni delle maggioranze che vogliono cambiamenti strutturali nel nostro paese.
  
TP: Perché sono falliti i dialoghi precedenti? Quali sono le differenze con il processo in corso?

Gli accordi de La Uribe [1984] fallirono perché, dopo la firma e l’emergere dell’Unione Patriottica per fare politica in condizioni di democrazia, ci furono omissioni, violazioni del cessate il fuoco bilaterale e un’ondata di assassinii contro dirigenti e militanti del nuovo movimento che divenne il più grande genocidio politico della storia recente dell’America Latina.

  
Caracas [1991] e Tlaxcala [1992] fallirono perché invece di risolvere i profondi problemi sociali che hanno generato lo scontro, il governo decise di soddisfare l’accordo con Washington e dare corso all’apertura economica neoliberista, che approfondì le condizioni di miseria e disuguaglianza in Colombia.

  
Come lo stesso presidente Pastrana ha confessato nelle sue memorie sul processo, il governo non ha cercato la riconciliazione nel Caguán [1998-2002], ma voleva guadagnare tempo per ristrutturare l’esercito. Aveva bisogno di frenare la dinamica di sconfitte consecutive dell’esercito per mano della guerriglia, e di eliminare ogni espressione di insoddisfazione relativa all’approfondimento del neoliberismo. Non c’era alcun desiderio di pace in quel governo; infatti, in pieno sviluppo dei dialoghi, tollerò massacri paramilitari contro la popolazione e una volta che gli strateghi di Washington terminarono di approntare il Plan Colombia, con un pretesto ruppe il dialogo e scatenò la guerra.
 
Nonostante tutto questo, abbiamo persistito nella ricerca di soluzioni politiche, perché la pace è il nostro proposito strategico. Vediamo che è possibile avere soluzioni che risolvano i problemi essenziali sulla proprietà e l’utilizzo della terra, aprire le porte alla partecipazione politica dei cittadini e generare cambiamenti strutturali che favoriscano la maggioranza della società; per questo siamo a L’Avana.
 
Se si osserva bene, il fattore comune di fallimento nei tre tentativi precedenti di pace attraverso il dialogo, è stato pretendere la smobilitazione dell’insorgenza senza cambiamenti nelle ingiuste strutture politiche, economiche e sociali dello Stato.
 
La differenza con oggi sta nel fatto che il governo ha acquisito un’esperienza; sa che non siamo mai stati e mai saremo disponibili verso alcun piano di resa e ciò gli dà abbastanza elementi per capire che l’unica via d’uscita è quella di risolvere i problemi che hanno causato il conflitto, se si vuole costruire la pace su solide fondamenta.
   
TP: Il governo colombiano ha negato di accettare un cessate il fuoco bilaterale e ha persistito nella sua linea militarista, pensate che abbia reale volontà di raggiungere accordi di pace?

Il militarismo è uno degli elementi da rimuovere da qualsiasi scenario di dibattito politico. Quando il governo deciderà di lasciarsi alle spalle l’aspetto già citato della Dottrina di Sicurezza Nazionale, la concezione del nemico interno e il paramilitarismo, cioè la guerra sporca, potremmo dire che si è passati dalla retorica alla pratica, per quanto concerne una volontà di pace certa.
 
Nel frattempo noi, con le dichiarazioni di tregua unilaterale e molti altri segnali di volontà di riconciliazione, abbiamo cercato di contribuire a creare l’ambiente migliore per alleviare la popolazione dalle dure conseguenze della guerra. Speriamo che a un certo punto il governo assuma lo stesso atteggiamento e abbandoni l’idea vana che con la pressione militare raggiungerà vantaggi al Tavolo, perché qui i vantaggi non devono essere per nessuna delle parti in particolare, ma per l’intera società.
  
TP: Permetterà l’oligarchia colombiana che avanzino gli sforzi di pace e le garanzie di partecipazione politica democratica?

L’idea del dialogo è precisamente costruire gli spazi di partecipazione democratica. Questo non è facile, perché al di là di esprimere la disponibilità a parole, bisogna esprimerla nella pratica ed è questo ultimo aspetto su cui noi richiamiamo attenzione. Per questo abbiamo detto che sono obbligatori cambiamenti di fatto, che trascendono dalla retorica del governo.
   
Finora gli assassinii non si sono fermati, la persecuzione dei dirigenti popolari, l’incarcerazione e la criminalizzazione della protesta sociale nemmeno, quindi il nostro ottimismo è moderato perché la realtà nella quale costantemente appaiono i denti del militarismo, riempie il cammino di incertezze.
   
Non abbiamo mai dimenticato che le élite colombiane sono sanguinarie. Ci auguriamo che la controparte cambi rotta, e che i settori fascisti che alimentano la guerra e la degradano, come l’uribismo, affoghino nel loro fango.
   
TP: L’accordo sottoscritto stabilisce che il Governo dovrebbe combattere le organizzazioni criminali, ma sono noti i suoi legami storici con il paramilitarismo, che aspettative avete che si compia questo punto?

Questo ha a che fare con la questione della Dottrina di Sicurezza. Se questa non cambia è impossibile che il paramilitarismo, qualunque sia il nome che gli si assegni, come l’attuale di bande criminali (BACRIM), finisca. Se non c’è una decisione politica contundente saremo semplicemente condannati ad un altro fallimento, perché la guerra sporca si erigerà, come previsto dal Procuratore Generale della Nazione, Eduardo Montealegre, nel principale ostacolo alla pace. Quindi questo è un aspetto che implica non solo aspettative.
   
In questo non possiamo fare affidamento solo a promesse, ma a fatti palpabili. La disattivazione del paramilitarismo deve essere visibile a tutti e questo implica una depurazione dell’istituzione armata, compresa la smilitarizzazione dello Stato e della società.
   
TP: Avete previsto il tempo in cui potrà avvenire la firma dell’Accordo Finale?

In questo impegno dobbiamo spendere tutto il tempo necessario senza dipendere da premure elettorali, legislative o di qualsiasi altro tipo. Inoltre, la pace deve essere una politica di Stato e non ubbidire agli interessi o capricci di alcun governo in particolare, perché questo è un conflitto che già compie mezzo secolo e quindi richiede una lunga analisi delle sue cause e soluzioni. Da parte nostra, lavoriamo instancabilmente perché si realizzi nel più breve tempo possibile.
   
TP: Per rafforzare il processo di pace, che ruolo deve avere il Congresso eletto lo scorso 9 marzo?

Il Congresso della Repubblica recentemente eletto, con poche eccezioni, è la riedizione di una istituzione screditata e corrotta con la quale, purtroppo, si avrà a che fare per realizzare qualsiasi accordo politico a favore della pace, ma non per realizzare le trasformazioni che sono necessarie, perché lì non vi è alcuna autorità, né volontà, per renderle possibili.
   
Tuttavia il meccanismo di validazione del processo deve passare, se seguiamo la via delle formalità, dal parlamento. E’ già chiaro che non sarà attraverso il referendum che si mirava ad imporre, per realizzarlo in queste elezioni. Quel tentativo è fallito definitivamente. Ma ancora si deve trovare una soluzione che concili l’opinione del governo e delle FARC, ma soprattutto che apra ampi spazi di partecipazione dei cittadini.
   
La nostra proposta è la Costituente, ma questo è qualcosa da discutere, per farlo convergere con quello che pensa il governo e qualsiasi altra iniziativa che possa dare protagonismo alla sovranità, perché in definitiva è il popolo che deve avere l’ultima parola.
  
TP: Il prossimo 25 maggio vi sono le elezioni presidenziali in Colombia, quanto dipende da queste elezioni il processo di pace?

Come abbiamo detto poco fa, la pace come proposito superiore dovrà contare su una politica statale e non fare affidamento su congiunture legislative o elettorali o capricci di partiti o governi. Tutti i candidati dovranno essere impegnati con l’obiettivo di portare avanti i dialoghi.
   
Ci auguriamo che questo sia proprio così, con la consapevolezza che la pace non deve essere a favore della destra o della sinistra, per liberali, conservatori, verdi o comunisti; la pace è un diritto per tutti i colombiani. E deve essere costruita sulle basi della vera democrazia, la giustizia sociale e la sovranità.
  
TP: Già è definita la figura o il tipo di organizzazione con la quale agirete politicamente nella vita civile? Quali tattiche – differenti dalla lotta guerrigliera – vi proponete di sviluppare?

La transizione verso forme di lotta che non richiedono l’uso delle armi dipende dai cambiamenti di fatto che saranno raggiunti in materia di democrazia e redistribuzione della ricchezza; dipende dal fatto che la Colombia riprenda la sua indipendenza e sovranità e che il governo che si insedia segua gli interessi popolari.
   
Questo non accadrà da un giorno all’altro, ma certamente implica che dobbiamo sperimentare, durante la tregua, nella pratica, che l’impegno dello Stato verso la pace sia reale. Per questo, dovremo agire indubbiamente con gli strumenti della lotta politica aperta, in un’ampia convergenza con i settori popolari e democratici del paese che finora il sistema ha mantenuto in una situazione di esclusione o emarginazione. In questo esercizio, sicuramente, il nome storico delle FARC manterrà la sua presenza.
  
TP: La prospettiva reale di porre fine al conflitto ha inciso nella disposizione al combattimento della guerriglia?

Nella coscienza dei guerriglieri delle FARC quello che si inculca, come costante, è che il proposito maggiore della nostra lotta è la pace con giustizia sociale e che le armi sono solo uno strumento per raggiungerla in circostanze difficili, di guerra sporca, di chiusura degli spazi di partecipazione, di terrorismo di Stato e asimmetrie, ma le armi non sono un fine in sé; la cosa più importante sono le finalità per cui lotta la nostra gente, in modo che sia preparata ad agire in qualsiasi campo, con le armi o senza armi. Ricordiamo che le FARC sono sì un esercito, ma soprattutto sono un Partito politico rivoluzionario.
  
TP: Dopo 50 anni di lotta, il progetto politico delle FARC-EP continua ad essere valido e con prospettive di futuro?

Il programma politico delle FARC è assolutamente valido, soprattutto considerando che le cause che generarono il confronto, piuttosto che risolversi, si sono approfondite. Le ragioni per l’utilizzo delle armi si mantengono e speriamo che questi dialoghi pongano le basi per convincerci che in futuro non sarà più necessario il loro utilizzo, ma le bandiere che solleviamo per la terra e il territorio, per la creazione della democrazia, per il cambiamento della politica economica, per la difesa della sovranità, ecc., sono in primo piano nella lotta politica, perché sono le principali aspirazioni della maggioranza.
 
In 50 anni di lotta, le bandiere rivoluzionarie delle FARC, non hanno mai avuto così tante possibilità di trionfo.
 
TP: Come si garantisce la continuità politico-militare delle FARC-EP nella sua direzione?

Questa è un organizzazione politico-militare bolivariana, con struttura organizzativa leninista, che implica la direzione collettiva, l’accumulazione ordinata delle esperienze, la permanenza di scuole di formazione quadri, l’esistenza di strutture centralizzate, una forte democrazia interna, ma anche con significativi livelli di compartimentazione che consentono la preparazione e la preservazione di un componente umano di elevata morale, pronto ad assumersi le responsabilità che gli corrispondano indipendentemente dal fatto che le circostanze siano favorevoli o avverse.
  
La conduzione delle FARC non è unipersonale in nessuno dei livelli, non ci sono dei signori della guerra, e le strutture di direzione ottengono un’adeguata preparazione della militanza. Questa logica si proietta verso tutti i combattenti, che oltre ad agire in squadre, guerriglie, compagnie e colonne militari, funzionano come cellule politiche che danno vita a un Partito rivoluzionario, che supera la componente strettamente militare.
  
TP: Come si coniuga l’ideale bolivariano e la concezione marxista- leninista nelle file delle FARC -EP?

Come marxisti e leninisti abbiamo una formazione che ci dà la convinzione della possibilità reale di conquistare un mondo migliore. Crediamo nella necessità di superare il capitalismo come modo di produzione, attualmente in crisi sistemica e decadenza, che sta mettendo a rischio l’esistenza stessa del pianeta.
   
E siamo certi che l’alternativa è il socialismo come sistema economico-sociale che metta fine alla mercificazione dell’esistenza, alla sua disumanizzazione, e metta in cima alle sue preoccupazioni l’essere umano in armonia con i suoi simili e la natura.
   
Questo tipo di pensiero coincide pienamente con l’insegnamento dell’ideale del Libertador nel piano della solidarietà umana, il senso della patria e la maggior somma di felicità.
   
La convergenza di questi due pensieri ci dà il senso di quello che dovrebbe essere l’unità della Nostra America, secondo un nuovo ordine sociale che beneficia la maggioranza della società, soprattutto gli oppressi; per questo la nostra parola d’ordine è Patria Grande e Socialismo, nel miglior senso bolivariano e marxista che possono avere queste categorie.

[Si ringrazia l’Associazione Nuova Colombia per l’opportuna segnalazione – Trad. per Resistenze.org a cura del Centro di Cultura e Documentazione Popolare]

Il PCV condanna l’aggressione al popolo venezuelano del governo imperialista degli Stati Uniti

da correodelorinoco.gob.ve

Oscar Figuera, segretario generale del PCV, ha segnalato che il partito respinge «fermamente questa nuova aggressione imperialista contro il popolo venezuelano ed esprime appoggio incondizionato al Presidente»

 

Il Partito Comunista del Venezuela (PCV) ha respinto questo venerdì la nuova aggressione realizzata dal governo imperialista americano contro il popolo venezuelano, che ha negato l’autorizzazione al sorvolo dello spazio aereo di Porto Rico all’aereo presidenziale che era pronto a trasportare il Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro, verso la Cina.

 

Oscar Figuera, segretario generale del PCV, ha affermato che il partito respinge «fermamente questa nuova aggressione imperialista contro il popolo venezuelano ed esprime appoggio incondizionato al Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, compagno Nicolás Maduro».

 

Figuera ha inoltre sottolineato la necessità che le forze patriottiche antimperaliste si costituiscano in un fronte organico di direzione del processo rivoluzionario, per affrontare l’aggressione che viene sviluppata dall’imperialismo contro la rivoluzione bolivariana.

 

«I fatti dimostrano che non possiamo continuare a sviluppare istanze congiunturali di carattere esclusivamente elettoralista di fronte all’avanzare dell’aggressione imperialista contro la rivoluzione.  É urgente che il Grande Polo Patriottico Símon Bolívar, con i movimenti sociali e i partiti politici, si trasformi nella direzione politica e collettiva della rivoluzione», ha precisato.

 

«Non facendolo – ha indicato Figuera – stiamo correndo il rischio di bloccarci e questo significherebbe un arretramento per il processo rivoluzionario iniziato dal presidente Chávez».

[Trad. dal castigliano per ALBAinformazione di Fabrizio Verde]  

Più forza ai lavoratori per costruire il socialismo

da www.avante.pt | Traduzione di Marx21.it

yul jabour pcpIntervista a Yul Jabour, della Commissione Politica del Partito Comunista del Venezuela (PCV)

L’approfondimento del processo bolivariano e la risoluzione dei problemi sorti nel suo percorso, esigono che i lavoratori siano i maggiori protagonisti del progetto di trasformazione collettivo il cui proposito è, dichiaratamente, la costruzione del socialismo. Lo ha sottolineato Yul Jabour, della direzione del Partito Comunista del Venezuela (PCV), nell’intervista concessa ad Avante durante la sua permanenza in Portogallo.

La vittoria di Nicolas Maduro alle presidenziali del 14 aprile è avvenuta con un margine minore di quanto ci si aspettasse. Che cosa è successo?

Riteniamo che ciò sia dovuto alla convergenza di vari fattori. Una parte considerevole del nostro popolo identificava il processo bolivariano con Hugo Chavez, non associandolo, dopo la sua morte, con Nicolas Maduro. Anche la smobilitazione nella battaglia elettorale di certi settori chavisti, che hanno pensato che la commozione di milioni di venezuelani in occasione della scomparsa del comandante si sarebbe automaticamente trasferita nelle urne, non ha certo favorito un risultato migliore.

Infine, sussistono difficoltà e debolezze a cui non è stato ancora possibile dare una soluzione, le quali, al pari del sabotaggio nel settore elettrico che è durato praticamente tutto il periodo della campagna, e dei problemi economici con un impatto diretto sulle tasche dei lavoratori, hanno aperto degli spazi alla penetrazione del discorso della destra e al suo approccio alle elezioni.

Preoccupa i comunisti venezuelani che, in conseguenza dei risultati elettorali, siano emerse critiche pubbliche ad aspetti del processo?

Per noi la critica e l’autocritica sono rivoluzionarie. La critica costruttiva, espressa con l’obiettivo di far avanzare il processo di liberazione nazionale e di emancipazione del nostro popolo, è auspicabile.

Hai parlato del sabotaggi. Questi non sono avvenuti solo nel settore elettrico, ma, secondo il governo venezuelano, anche attraverso l’accaparramento dei generi di consumo che ha generato scarsità.

La questione di fondo, per il PCV, va messa in relazione con le sfide che stiamo affrontando. Solo iniziando a superare alcuni vincoli saremo in grado di combattere la burocrazia e l’inefficienza, e di dare risposte efficaci a manovre economiche.

Quando proponiamo una missione di reindustrializzazione del paese inquadrata in un piano di medio-lungo termine, cerchiamo di mettere l’accento sulla questione della scommessa sul sistema produttivo come essenziale per la conquista di un’autentica sovranità., per essere meno dipendenti dall’importazione di beni di consumo e dalle sue conseguenze. Questo è un aspetto.

Un altro aspetto riguarda una proposta su cui abbiamo insistito: la centralizzazione delle importazioni nella mani dello Stato, permettendo la vigilanza e il controllo sulla consegna delle valute alle imprese, evitando che la valuta consegnata non sia usata per l’acquisizione di beni di cui il nostro popolo ha carenza in ogni momento.

Un altro elemento, ancora, è la necessità di rafforzare il ruolo dei lavoratori nella pianificazione della produzione nelle imprese pubbliche e private. Avanzare con la legge dei consigli socialisti dei lavoratori, che il PCV ha presentato all’Assemblea Nazionale, e che ha come obiettivo istituire il controllo operaio e approfondire il processo bolivariano.

Questa proposta potrebbe inasprire il confronto politico e ideologico in seno alle forze bolivariane e suscitare crepe nel campo rivoluzionario?

L’approfondimento del processo bolivariano acutizzerà la lotta di classe. E’ evidente. Ma non è per questo che il PCV, in modo fraterno, intende suscitare tale dibattito con la società venezuelana e con le forze che partecipano alle strutture unitarie. Lo abbiamo fatto, fin dall’inizio, nel consiglio politico del Grande Polo Patriottico, di cui facciamo parte, fianco a fianco di settori diversi.

Il nostro partito stimola la discussione – anche con il presidente Nicolas Maduro – in merito a come garantire l’unità dei lavoratori e fare di loro i protagonisti principali della costruzione del progetto collettivo di trasformazione, il cui obiettivo è il socialismo.

La costruzione del socialismo solleva enormi sfide. Quali sono le priorità che il PCV indica per la loro realizzazione?

Costruire un nuovo rapporto di forze dove i lavoratori assumano una posizione di avanguardia, preservando l’unità, l’organizzazione, la disponibilità e la mobilitazione, ma rafforzando la coscienza del loro ruolo. In tal senso indirizziamo il nostro lavoro molto sull’aumento della nostra influenza nelle imprese e nei posti di lavoro. E’ una priorità che giudichiamo rappresentare un contributo affinché le forze patriottiche e rivoluzionarie assolvano al loro compito.

D’altro lato, ci impegniamo nel raggruppare i settori più conseguenti in un Blocco Popolare Rivoluzionario, alleanza che si combina con quella già esistente, di matrice antimperialista, forgiata con settori della piccola e media borghesia non sottomessa e i movimenti sociali, ma che potrà acquisire dinamismo e avvicinare l’obiettivo del socialismo.

Il presidente della Colombia ha ricevuto a Bogotà il candidato sconfitto della destra venezuelana, Henrique Capriles. Il governo del Venezuela ha protestato energicamente. Che posizione ha assunto il PCV?

Noi non ci siamo sorpresi che un governo che rappresenta l’oligarchia, che promuove da decenni una guerra contro il suo stesso popolo, contro i suoi lavoratori e contadini, abbia assunto questo comportamento. Dimostra gli interessi di classe che difende e, di conseguenza, la sua vicinanza ai settori venezuelani che pure sono vincolati all’imperialismo, al grande capitale internazionale. Comprendiamo che il governo venezuelano deve mantenere relazioni con governi di tutto il mondo, in armonia con i principi di rispetto e reciprocità. I popoli venezuelano e colombiano hanno una storia comune, legami di amicizia e pacifica convivenza. Ciò è importante. Ma non ci siamo mai ingannati in merito all’approccio di Juan Manuel Santos al Venezuela. In definitiva, ciò che conta sono gli interessi di classe che difende il governo colombiano e il carattere di classe di quel regime.

 

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