¿Dolarización?

Risultati immagini per chavismo en marchapor Luis Britto García

“Ya no tengo más voz que la que tiene/ un hombre entre la noche, sacudido/ por una pesadilla que va y viene”, escribe Aquiles Nazoa sobre la represión contra los revolucionarios griegos. Contra pesadilla que va y viene, la voz debe alzarse una y otra vez.

Se sabe que en Venezuela 97,5% de las divisas proviene de las exportaciones del Estado, única entidad competente para ejercer la industria petrolera;  que el gran y casi único negocio de la burguesía parasitaria es lograr que el Estado le aporte ese ingreso, al extremo de que sólo entre 2003 y 2014 fueron transferidos  329.756 millones de dólares del Tesoro Público a un sector privado cuyas exportaciones no aportan más del 2,5% de las divisas que nos ingresan.

Para combatir esa situación, sancionó Chávez el DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL RÉGIMEN CAMBIARIO Y SUS ILÍCITOS, el cual disponía restrictivamente cuáles órganos del Estado podían vender divisas a los particulares, para qué finalidades, a qué precio, con cuáles trámites, y las sanciones a ser aplicadas por infracción.

Esa restricción en el otorgamiento de divisas por el Estado fue siempre considerada fundamental. “Ni un dólar más para los golpistas”, precisó Chávez al sancionarla. “Si quitamos el control de cambios nos tumban”, reiteró Aristóbulo Isturiz en 2016.

A pesar de haber sido violado con escandalosa frecuencia, este Decreto Ley evitó la fuga de 422.669 millones de dólares entre 2003 y 2014 y posibilitó que hasta 2018 conserváramos unos 8.756 millones de dólares en las reservas, que impedían que el país fuera declarado en “default” o quiebra.

Comprensiblemente, el candidato opositor Henry Falcón arranca su campaña presidencial en enero de 2018 con una promesa central: la sustitución del bolívar por el dólar como signo monetario de
Venezuela.

Incomprensiblemente, en agosto del mismo año el gobierno elimina el control de cambios, abriendo paso al programa de dolarización prometido por el perdedor Henry Falcón, a pesar de que tal operación es imposible.

En primer lugar, el artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pauta que “es de la competencia del Poder Nacional: 11. La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la emisión y acuñación de moneda”. Y el artículo 318 pauta que: “La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar”. Para imponer el dólar como unidad monetaria habría que reformar la Constitución, y la Asamblea Nacional Constituyente no será instrumento de esta rotunda  pérdida de soberanía.

Tampoco es posible que el Estado adquiera los dólares necesarios para utilizarlos como moneda. La masa monetaria de Venezuela era en 2013 de 1.188.000.000.000 de bolívares, un 44.82% del Producto Bruto Interno.

El PBI para 2017 según el FMI sería de 215.307 millones de dólares; para obtener las divisas equivalentes aproximativamente a un 44,82% de esa magnitud deberíamos gastar la totalidad de nuestras reservas internacionales -que a mediados de 2017 totalizaban 9.928 millones de dólares- y todavía  encontrar otros 999.990 millones de dólares en momentos en que el país confronta problemas de liquidez para satisfacer compromisos internacionales y realizar importaciones
indispensables.

Aparte del 97,5% de las divisas que produce la explotación de recursos naturales por el Estado, sólo hay tres fuentes de dólares en Venezuela: la del moderado ingreso por exportaciones del empresariado,  las remesas de los familiares emigrados, y la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas.

Es imposible que el sector privado, el cual aporta apenas 2,50% de las divisas que ingresan a Venezuela, ingrese la masa de divisas necesaria para convertir el dólar en unidad monetaria. Dicho sector ha recibido del sector público unos 700.000 millones de dólares a partir de 1976, cuando se nacionalizó la industria petrolera, y en el mismo lapso  ha disminuido su inversión en 63%, estimada de acuerdo con la formación bruta de capital fijo con respecto al PIB. La inmensa mayoría de esos dólares han sido exportados por sus beneficiarios, los cuales ni los regresan ni los regresarán al país que se los aportó.

Muchísimo menos factible es que las divisas necesarias para dolarizar la economía lleguen por vía de las remesas. Según el Banco Mundial, en 2017 los venezolanos recibieron 289 millones de dólares en remesas desde Estados Unidos, suma que no alcanza al millón diario, apenas el 0,04% del total de remesas estadounidenses de ese año, e insignificante comparada con lo que recibe Colombia con 5.535 millones de dólares (0,9% del total), Perú con 2,974 millones de dólares (0,49%), Ecuador con 2.719 millones de dólares (0,45%), Brasil con 2.660 millones de dólares (0,45%).

Descartadas las anteriores fuentes de captación de divisas, sólo queda una sobre la cual es mejor no pensar y muchísimo menos no actuar: la legitimación de capitales proveniente de actividades ilícitas. Capitales de origen ilegal se aplican a finalidades ilegítimas. En un país vecino compraron el aparato del Estado hasta sumergirlo en la parapolítica.

En el nuestro no sólo instalarían y fortalecerían redes delincuenciales: tratarían de dominar con ellas el sector público y el privado y finalmente adquirir las empresas estatales que explotan los recursos naturales, principal fuente de ingresos de Venezuela.

A pesar de la señalada imposibilidad de adoptar el dólar como signo monetario, todo el que puede abusar de una posición de poder o de una escasez exige el pago en divisas.

Cada moneda marca fronteras entre una clase social y hasta un país distintos. El abismo entre el trabajo que se remunera con un bolívar que cada vez vale menos y  bienes que se adquieren con un dólar que nadie consigue puede tragarse al país.

Hasta ahora Venezuela presentó el menor índice de desigualdad social de América Latina. Pero no hay igualdad en un país dividido entre una moneda a la que tiene acceso sólo una minoría y otra con la que la mayoría no puede comprar nada.

Las soluciones son y serán las mismas: contra la hiperinflación, volver a poner en vigencia la Ley Orgánica de Precios Justos de 23 de enero de 2014 y aplicarla esta vez con órganos eficaces e implacables, y defender el carácter de unidad monetaria única del bolívar respaldándolo directamente con nuestros valiosos recursos naturales.

Desdichado el país que estando en guerra se deja imponer la moneda por el enemigo.

Una creación del pueblo: ¡Comuna o Nada!

Risultati immagini per Comuna o Nadapor Luis Britto García

UNA CREACIÓN POPULAR

“La auténtica independencia o nada, Comuna o nada ¿O qué es lo que hacemos aquí?”, expresa Hugo Chávez Frías en su primera Consejo de Ministros del 20 de octubre de 2012. Y en otra oportunidad  añade: “Donde quiera que el Gobierno Revolucionario esté dándole vida a un proyecto nuevo de corte socialista, ese proyecto debe incluir el impulso y la conformación de la comuna, o las comunas en su alrededor, en su cercanía, en su ámbito”. E  insiste posteriormente: “La comuna debe ser el espacio sobre el cual vamos a parir el socialismo. El socialismo desde donde tiene  que surgir es desde las bases, no se decreta esto; hay que crearlo. Es una creación popular, de las masas, de la nación”.

PRIMERA FORMA DE ORGANIZACIÓN

La comuna fue la primera forma de organización económica y social, y preponderó durante milenios. En lo que Marx y  Engels llamaron “comunismo primitivo”, primera etapa de organización de la humanidad, los medios de producción y el producto  pertenecían de manera indivisa a todos los integrantes del grupo social.

El esclavismo, el feudalismo y finalmente el capitalismo y el imperialismo se apropiaron de los bienes colectivos y saquearon el planeta hasta reducir las organizaciones comunales a fenómenos
marginales.

DE LA UTOPÍA A LOS SOVIETS

Pero la idea de la comuna siguió dominando el campo del llamado socialismo utópico, y está en las bases de la Comuna de París en 1871, de los primeros soviets o Consejos Obreros y de las Comunas Chinas.

COMUNAS EN VENEZUELA

Nuestras sociedades originarias vivían en organizaciones comunales, y todavía lo hacen aquellas que no han perdido su identidad.

También fueron comunas la mayoría de las rochelas y cumbes, o sociedades libertarias de esclavos fugados.

En el Decreto de Haberes militares, mediante el cual Bolívar ordenó en 1817 repartir los bienes confiscados a los realistas entre los soldados de la Independencia, se establecía que cuando los fundos no pudieran ser divididos sin perjuicio de su productividad, podían ser adjudicados en comunidad a varios beneficiarios.

Zamora suspendió el cobro de la renta de la tierra en los sitios donde ejerció autoridad militar. Kleber Ramírez, uno de los insurrectos del 4 de febrero de 1992, e ideólogo temprano del bolivarianismo, propuso el “estado comunero”, constituido por federación o agregación de comunas.

RECONOCIMIENTO LEGAL E INSTITUCIONAL

Sin embargo, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 no aparecen previstas las comunas ni el Estado comunal.  En su discurso de juramentación como Presidente de la República Bolivariana el 10 de enero de 2007 propone conferirles rasgo constitucional: “Hay que llevar a nivel constitucional el Poder Comunal, y no llamarlo ‘el sexto poder’, no: es el primer poder, ese debe ser el primer poder, no el sexto sino el primero, si es que vamos a darle orden de prelación”. Y cumpliendo con tal propósito, en la propuesta de reforma de la Ley Fundamental sometida a referendo en 2007 son reconocidas, pero la iniciativa fue derrotada por escaso
margen.

En 2009 se crea el Ministerio del Poder para las Comunas, y en 2010 la Asamblea Nacional Legislativa sanciona la Ley Orgánica de las Comunas y la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. En sus extensos articulados se regulan sus categorías,  estructuras y funcionamiento.

Estas normas sólo reconocen un proceso que ya estaba en marcha. Desde mucho tiempo antes se habían constituido numerosas comunidades,  como la Comuna Ataroa, que lucha por el acceso al agua y los servicios desde los años ochenta, el movimiento Alexis Vive en el 23 de enero, y otras que se crean para gerenciar empresas recuperadas o fundos expropiados.

Pero a pesar de los  pronunciamientos de Chávez, el nuevo sistema no necesariamente encuentra  acogida favorable entre la  jerarquizada y burocrática administración Estatal.

La creación de un Ministerio del Poder Popular para las Comunas  en 2009 facilita el pretexto para considerarlas un mero sector administrativo y no, según lo deseaba Chávez, como base potencial de la nueva estructura del Estado Comunal. Y así, el propio Hugo Rafael, en el “Aló Presidente” Teórico N° 1, el 11 de junio de 2009 expresa: “¿Acaso la comuna es sólo aquello que le corresponde al Ministerio del Poder Popular para las Comunas? ¡No! El ministerio impulsa, define, se interconecta; pero señores alcaldes, gobernadores, todos, el pueblo todo, comunidades todas, vamos a hacer un esfuerzo mayor para que se multipliquen las comunas”. A pesar de esta arenga, el movimiento comunal no avanza significativamente, al extremo de que entre 2010 y 2012 sólo se crean 50 comunas. Agendas urgentes, como la  violencia de la oposición entre los años 2016 y 2017 quizá propician que se les preste escasa atención. Esta situación ha llevado a protestas por
parte de los integrantes de las comunas ante el ministerio respectivo.

Sin embargo, el Presidente Maduro establece en 2014 el Consejo Presidencial Nacional de las Comunas, y bajo su administración se crean unas 350 nuevas comunas, Muchas de ellas dependen  de los aportes del Ejecutivo, hasta representar a veces la mayoría de los ingresos del Banco Comunal, por lo que más que unidades de producción se convierten en centros de redistribución.

EXPECTATIVAS Y REALIDADES

Hacia febrero de 2017, estimaba Marco Teruggi que en Venezuela funcionaban unas 1700 comunas. Y añade que “Como todo proceso de organización popular, las comunas tienen desniveles, tiempos dispares, diferencias según su relación con el Estado, el acompañamiento o no de movimientos populares etc. ¿Algunas son maquetas antes que experiencias reales de autogobierno? Sin dudas. ¿Cuántas son? Difícil saberlo”.

Señala Teruggi como ejemplo exitoso el desarrollo de la institución en el estado agrícola de Portuguesa: “En números: para que todo su territorio -15.200 km2- sea comunalmente cubierto son necesarias unas 130 comunas. En la actualidad existen 110. De esas 110, 64 tienen las principales instancias de autogobierno constituidas -el Parlamento, el Banco, la Contraloría, el Ejecutivo. Las demás están en el proceso de conformación” (Teruggi: www.telesurtv.net/opinion/Existen-las-comunas-en-Venezuela-20170215-0027.html).

Katrina Kozarek señala varios ejemplos más de comunas exitosas.
Algunas preceden a los gobiernos bolivarianos, tales como las comunidades indígenas originarias y el movimiento Alexis Vive, en el 23 de Enero. Con el bolivarianismo surgen, entre otras, la Comuna El Maizal, instalada el año 2000 en terrenos expropiados.  La Comuna José Pío Tamayo, que se establece hacia 2012 en tierras que la cervecera brasileña Brahma había abandonado, y en las cuales comienza la producción de cebada para extenderse luego a otros ramos agrícolas. La Comuna Negro Miguel,  entre los estados Lara y Yaracuy, en terrenos del fundo pecuario abandonado La Horqueta (Kozarek, Katrina: Venezuela’s Communes: a Great Social Achievement, CounterPunch, 24 de noviembre de 2017). Hasta ahora, siguiendo el requisito de adscripción a una localidad geográfica, la mayoría de las comunas se han creado en el ámbito rural. Ello no garantiza una continua expansión, en un país en el cual cerca del 95% de la población es urbana.

El problema fundamental del socialismo es el de la propiedad de los medios de producción. Mientras ésta siga estando esencialmente en manos de la empresa privada y del Estado, las comunas no podrán desarrollar todo su potencial. Problema decisivo, en un país sometido a implacable agresión y bloqueo, dirigidos a quebrantar el suministro de alimentos y otros insumos básicos, y con ello la resistencia de la población.

Ní democracia social, ní social

L'immagine può contenere: 1 persona, testopor Luis Britto García

Artículo publicado el 31 de mayo de 2018 sigue tan vigente como en aquél momento

Demasiado fuerte es el prestigio de la Democracia como para que la clase dominante siga negándola.

A partir de la antigüedad grecorromana el debate político se centra en alcanzar la democracia formal como instrumento para conquistar la económica y social.

Desde el siglo pasado la estratagema de la derecha consiste en conceder la primera para negar la segunda.

Tras duras y prolongadas batallas consiguió el pueblo el sufragio universal; la oligarquía lo inutilizó limitándolo a la selección de mandatarios.

Así ocurrió en Venezuela con el Pacto de Punto Fijo de 1958: su primera cláusula limitaba el debate electoral a planchas y candidaturas, la segunda imponía un programa único para los contendores; la tercera excluía a socialistas y comunistas.
Nadie puede cambiar el juego jugando con las reglas del juego.

Desde fines del siglo XX movimientos progresistas ganan elecciones en América Latina, respetan escrupulosamente los principios del llamado juego democrático, garantizan total libertad de expresión, independencia de los poderes, propiedad privada sobre la mayoría de los medios de producción, ejemplar garantía de derechos humanos legales, económicos y sociales.

La derecha utiliza esas libertades para impugnar elecciones legítimas como fraudulentas, dar golpes de Estado militares, mediáticos, judiciales y legislativos, diluviar desinformación y falsas acusaciones de violación de derechos humanos, desatar guerras económicas, de Cuarta Generación y ofensivas paramilitares de homicidio selectivo, linchamientos y terrorismo, instaurar dictaduras o seudodemocracias que revierten toda conquista económica y social.

De nada le valió a ningún progresismo su buena conducta y su atildado legalismo: contra todos clase dominante e imperio tiraron a matar, como si se tratara de revoluciones radicales.

Cuando el pueblo intenta utilizar la democracia formal como instrumento para la económica y social, la clase dominante no concede ni la una ni la otra.

Ejemplos, el bloqueo y agresión contra Nicaragua, los consecutivos derrocamientos de Mel Zelaya, Fernando Lugo, Dilma Rousef, la tentativa de secesión de Bolivia, el golpe contra Correa, el encarcelamiento de Lula, el exterminio de dirigencias radicales en Colombia a partir de los Acuerdos de Paz, el ininterrumpido intento de aniquilación del movimiento bolivariano sostenido desde su primera victoria electoral en 1998, crímenes todos perpetrados con prescindencia del pueblo e incluso contra su voluntad.

En todos presenciamos el acoso contra movimientos que llegaron a la primera base política, alcanzaron a veces a la segunda base social pero no pudieron conquistar la tercera base económica ni culminar la carrera convirtiendo a la clase dominada en dominante.

Recordemos que Zelaya y Lugo apenas intentaron tímidas reformas contra las trasnacionales; que Cristina Kirchner tras su frustrado enfrentamiento con los latifundistas pactó con el centro, que también lo hizo Dilma y que Temer era su vicepresidente; que aparte de sus dramáticos logros contra la desigualdad y en el bienestar, ningún progresismo logró la propiedad social integral de los medios de producción ni la abolición de las clases sociales.

Mala es una guerra en la cual la reacción emplea todas las armas legales e ilegales y la Revolución ninguna.

Tras matar al tigre político no hay que tenerle miedo al cuero económico y social.

Dormir con el enemigo puede acarrear el sueño eterno.

Los activos de Venezuela son inembargables

L'immagine può contenere: una o più persone, folla, stadio, campo da basket, cielo e spazio all'apertopor Luis Britto García


Mientras más desinteresada  la razón que los amigos de lo ajeno invocan, más feroz el saqueo. No confían en nuestro Presidente legítimo porque ha sido proclamado por el Consejo Nacional Electoral, y para suplantarlo proponen a un desconocido que sólo es diputado porque así lo reconoció  el mismo Consejo Nacional Electoral.

   
¿Por qué tanto desvelo por la legalidad y la constitucionalidad en Venezuela  de países y organizaciones que no conocen dichos conceptos ni de oídas? Más rápido se descubre a ladrones que a  embusteros, y más a quienes son  ambas  cosas. Como bagres al desperdicio, se atropellan  en la rebatiña por un solo objetivo: el botín.

Comencemos por el diputado que se cree presidente de Venezuela elegido por nadie. No anuncia  programa, plan, ideario político ni primeras medidas de su gobierno de cuchufleta. Reuters informa que considera una solicitud de préstamo a instituciones como el Fondo Monetario Internacional; Hausmann calcula el palo a la piñata en un modesto paquete financiero de 60.000 millones de dólares, más otros 20.000 millones  adicionales. El primer acto del bandolero títere sería entonces cargar a Venezuela con una nueva deuda pública externa mayor que la  existente, con las presumibles secuelas de Paquete Fondomonetarista y subasta del país.

Por si no fuera suficiente, el salteador elegido por ninguno ofrece nombrar una nueva directiva para CITGO y representantes ante el Bank of Development. Dios los cría y ellos se juntan.

Sigamos con los desinteresados delincuentes   que lo apoyan. El Reino Unido se “rehúsa a devolver” a Venezuela 1.200 millones de dólares en oro depositados en el Bank of London y otras instituciones, latrocinio sobre el cual, según Bloomberg, “declinaron comentar”.
Vale decir: bandolerismo declarado. Ganas dan de confiarle el resto de los recursos de Venezuela, a ver si muerden.

Prosigamos con el forajido más desvelado por la institucionalidad venezolana. Según Fox Bussines, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton habría declarado que “Estamos conversando con las principales compañías estadounidenses ahora” para que “produzcan el petróleo en Venezuela”. Detrás de tanto escrúpulo leguleyo no hay más que una rebatiña por el
descuartizamiento de PDVSA y el reparto de  nuestros recursos naturales, que hacen funcionar al mundo.

Así opera el capitalismo. Confisca los ahorros de los particulares con las francachelas de pillaje llamadas quiebras en cadena o crisis económicas; pilla las reservas de los países y lo llama sanciones. Denuncia  el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa Serguéi Lavrov  que “Washington tuvo una experiencia similar de trato ilegítimo con el dinero de otros países, como Irak, Libia, Irán, Cuba, Nicaragua y Panamá. En la mayoría de los casos, las congelaciones de hecho terminaban con la confiscación de los fondos de otro Estado”.

Esto recuerda los 200.000 millones de dólares que Muammar Kadafi colocó bienintencionadamente como reservas en el exterior, y que después de su asesinato fueron “retenidos” sin que hasta el presente se conozca su paradero.

Toda mi vida he defendido la soberanía y la inmunidad de jurisdicción de Venezuela, no por capricho, sino porque ambas son los recursos a ser invocados por nuestros juristas y cuerpo diplomático ante brotes de rapiña como el presente. A lo largo de nuestra Historia todos los arrastrados y los vendepatria han intentado someter a Venezuela a tribunales extranjeros para facilitar el descuartizamiento y el saqueo de nuestro país como si se tratara de un cuerpo muerto.

Me he opuesto a una suicida Ley de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras y a un proyecto de reforma constitucional secreto que omite la inmunidad de jurisdicción de Venezuela, justamente porque ambos posibilitan que en el futuro nuestro país sea subordinado a jueces y árbitros foráneos, y saqueado y destruido por ellos.

Malandro no estudia leyes, por lo cual conviene recordar a los pulcros pandilleros legalistas lo que dispone el artículo 18 de  la “Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes”: “No podrán adoptarse contra bienes de un Estado, en relación con un proceso ante un tribunal de otro Estado, medidas coercitivas anteriores al fallo como el embargo y la ejecución, sino en los casos y dentro de los límites siguientes: a) cuando el Estado haya consentido expresamente en la adopción de tales medidas, en los términos indicados: i) por acuerdo internacional; ii) por un acuerdo de arbitraje en un contrato escrito; o iii) por una declaración ante el tribunal o por una comunicación escrita después de haber surgido una controversia entre las partes; o b) cuando el Estado haya asignado o destinado bienes a la satisfacción de la demanda objeto de ese proceso”.

Si tal es el régimen en relación con bienes objeto de un litigio antes de la sentencia, tampoco se pueden aplicar medidas después de recaído el fallo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención citada:

“No podrán adoptarse contra bienes de un Estado, en relación con un proceso ante un tribunal de otro Estado, medidas coercitivas posteriores al fallo como el embargo y la ejecución, sino en los casos y dentro de los límites siguientes: a) cuando el Estado haya consentido expresamente en la adopción de tales medidas, en los términos indicados:i) por acuerdo internacional;ii) por un acuerdo de arbitraje o en un contrato escrito; o iii) por una declaración ante el tribunal o por una comunicación escrita después de haber surgido una controversia entre las partes; o b) cuando el Estado haya asignado o destinado bienes a la satisfacción de la demanda objeto de ese proceso; o c) cuando se ha determinado que los bienes se utilizan específicamente o se destinan a su utilización por el Estado para fines distintos de los fines oficiales no comerciales y que se encuentran en el territorio del Estado del foro, si bien únicamente podrán tomarse medidas coercitivas posteriores al fallo contra bienes que tengan un nexo con la entidad contra la cual se haya incoado el proceso”.

Ya que  tal inmunidad se acuerda a los bienes objeto de sentencia, con mayor razón es válida  para activos sobre los cuales no se ha entablado litigio ni recaído decisión judicial.

Por ello, en el “Quinto Informe sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus bienes” de la ONU,  el Relator Especial  Sompon Sucharitcult afirma: “83. Parece ser regla general que los bienes de un Estado extranjero, especialmente los que se encuentren en su posesión o bajo su control, se hallan exentos de medidas provisionales de embargo o aseguramiento, así como de ejecución”.

Por tanto, según las normas de Naciones Unidas, obligantes para todos sus miembros  los intentos por terceros de retención, congelamiento, repartición  o transferencia de activos venezolanos en
el exterior  no son más que actos de vulgar  latrocinio, sin efectos válidos, y generadores de responsabilidad civil, administrativa y penal para sus perpetradores.

Se dirá que el sistema financiero de las grandes potencias no reconoce normas. Si así fuera, ha pronunciado su sentencia de muerte: quien no respeta derechos de  otros no puede reclamar los propios.

Bien ingenuo sería quien de ahora en adelante colocara un solo centavo en sus arcas. Entre rateros te veas.

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