El Príncipe de la ONU

por Néstor Francia 

Análisis de Entorno Situacional Político
Viernes 01 de septiembre de 2017

El príncipe de Jordania

Dentro de la brutal campaña internacional contra Venezuela, agudizada después de que la conspiración terrorista de la derecha interna resultara derrotada recientemente, aparece ahora el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, repitiendo toda la sarta de falsedades que la oposición venezolana se ha encargado de regar por el mundo, en torno a la mencionada conspiración violenta contra el gobierno de Nicolás Maduro y poniendo en duda el carácter democrático de nuestro Gobierno.

Más de una vez nos hemos referido a este tema de la “democracia”, uno de los más manidos por el imperialismo para justificar sus agresiones destinadas a saquear los recursos de las naciones e imponer su decadente y corrupto sistema de vida. La democracia burguesa, representativa, que lamentablemente aun es dominante en nuestro país, es uno de los mitos más preciados por la contrarrevolución mundial en su intento de prolongar su reino de opresión, muerte y destrucción. El único antídoto real contra ese flagelo no es otro que el avance y la profundización de la democracia real, la democracia revolucionaria, que privilegia la participación y el protagonismo político del pueblo. Democracia directa, poder de las bases populares, socialismo es el único remedio para la grave enfermedad que padece la Humanidad bajo el yugo del capitalismo.

Pero hoy no vamos a ahondar en ese debate vital e imprescindible. Recordemos más bien quién es este personaje, agente del imperialismo, que está al frente de la inefable Comisión de Derechos Humanos de la ONU, una de las tantas herramientas con que cuenta el Imperio en su entramado de organismos internacionales que utiliza como le viene en gana para respaldar sus trapisondas.

Su Alteza Real el Príncipe Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein es un aristócrata del Reino de Jordania y no pertenece a una rama cualquiera de esta dinastía medieval. Es el hijo del Príncipe Zeid de la Casa Hachemita y de la princesa turca Fahrelnissa Zeid, y es heredero de las Casas Reales de Irak y Siria.

En materia de represión, el Príncipe Zeid sabe mucho, muchísimo. En 1989, el rey Abdala II le encargó la dirección de la Policía del Desierto de Jordania (la sucesora de la Legión Árabe) y cumplió servicio hasta 1994. La aparentemente exótica policía del desierto, que dispone de 4 000 hombres y que con frecuencia usa camellos, patrulla las áreas desérticas (cuatro quintas partes del país) donde hace reinar el orden del régimen. En su función de alto oficial de policía, Zeid estuvo en contacto cotidiano con otra policía, la que hace temblar a los opositores del gobierno real: el Departamento General de Inteligencia de Jordania (GID) -conocido como el Mukhabarat-, la temible inteligencia jordana. La que “persigue, encarcela, tortura e incluso mata a todo aquel al que consideren un peligro para el gobierno”, según el testimonio reciente de un disidente refugiado en Londres. El GID tiene una reputación de crueldad que ha provocado severas críticas de grupos de derechos humanos.

No es ningún secreto que Jordania es el país más pro-norteamericano en el mundo árabe. Siempre fue un aliado de Estados Unidos, a tal punto que se dijo que el fallecido rey Hussein -el abuelo de Zeid- se encontraba en la nómina de la CIA.

La capital de Jordania, Amman, sirvió como base para las operaciones de desestabilización de la CIA contra Saddam Hussein e Irak. Allí se encuentra una de las más grandes embajadas yanquis en el mundo, una verdadera fortaleza imperial.

El GID trabajó con agentes de inteligencia estadounidenses interrogando a sospechosos y ha cooperado con las operaciones que enviaron cientos de presos a Guantánamo.

Al dejar su puesto con la policía del desierto, Zeid fue delegado por Jordania en territorio de la ex Yugoslavia, donde desempeñó el cargo de Oficial de Asuntos Políticos en el UNPROFOR (siglas en inglés de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas) – asociada a la OTAN – desde febrero de 1994 hasta febrero de 1996.

Ahí tuvo que conocer cada detalle del momento más horrible de esta fracasada operación “humanitaria”. Mientras se encontraba precisamente en la región, ocurrió la Masacre de Srebrenica, también conocida como Genocidio de Srebrenica, el asesinato de 8.000 personas de etnia bosnia.

Aunque sus títulos de nobleza -que el protocolo de la ONU le prohíbe usar- hacen de su persona una especie de personaje de las Mil y una noches, Zeid prefiere los lujos bien occidentales de Londres, París o Nueva York y apenas disimula su afiliación a la cultura yanqui. De hecho, en 1972 se casó con una ciudadana norteamericana, Sarah Butler, hija de una familia de Texas vinculada al negocio petrolero.

Disponiendo de toda la confianza del rey de Jordania, “Su Alteza” ha sido embajador de su país ante las Naciones Unidas durante los cuatro años antes de ocupar su actual puesto, y se encontró en la misma posición entre 2000 y 2007. En el medio, fue embajador en Washington.

Zeid seguramente no ignora que ahí donde nació, en esa Jordania gobernada por su propia familia, más de medio millón de refugiados sirios se encuentran sobreviviendo en campamentos, víctimas de la actividad imperial de Estados Unidos, que cuenta con todo el apoyo de la familia real.

Es esta herrumbrosa joya del desierto la que pretende dar lecciones en democracia a Venezuela. Qué buena acción comunicacional sería la de desenmascararlo ¡Un aristócrata, un Príncipe, blandiendo lanzas por la “democracia”!

Venezuela repudia seudo informe OAC

COMUNICADO OFICIAL

Venezuela repudia seudo informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La República Bolivariana de Venezuela repudia el seudo informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los DDHH en nuestro país que –nuevamente- incurre de manera consciente en la mentira, en señalamientos infundados, tendenciosos y la difusión de falsos supuestos sobre la realidad venezolana.

La instrumentalización de la Oficina del Alto Comisionado con fines políticos para agredir a Venezuela, desvirtuando los loables fines de esta instancia, se ha convertido lamentablemente en una penosa costumbre durante los últimos tiempos. La utilización de falsas noticias difundidas por inescrupulosos medios de comunicación, sin comprobación alguna, y el uso del doble rasero en materia de DDHH., nuevamente expresan una posición parcializada, vergonzosa y violatoria de la soberanía de Venezuela y del Derecho Internacional

Es repudiable que la Oficina del Alto Comisionado insista en engañar abiertamente a la comunidad internacional acerca de los sucesos de violencia perpetrados por un sector de la oposición venezolana desde abril del presente año, haciendo caso omiso de la abundante, esclarecedora y fidedigna documentación que el Estado venezolano ha suministrado a esa Oficina, en la que se demuestra la responsabilidad de los dirigentes opositores en la organización, promoción y financiamiento de actos violentos que han arrojado un doloroso saldo de más de un centenar de personas fallecidas, miles de heridos e incontables daños y sufrimientos al pueblo venezolano.

Y es más grave aún que la Oficina del Alto Comisionado no exprese ninguna solidaridad con las víctimas esta estrategia política violenta y criminal, cuyo único fines en derrocar al Gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.

Es reprobable éticamente que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con base en un informe incompleto, no concluido oficialmente, basado en opiniones recogidas en entrevistas supuestamente hechas por un autodenominado “equipo de expertos” afirme la existencia de “violaciones masivas” a los DDHH y presente semejante patraña al mundo como conclusiones de la Organización de Naciones Unidas, comprometiendo así el buen nombre y la reputación de esta organización y sus Estados miembros.

Las espurias conclusiones del auto denominado “equipo de expertos de la ONU” avaladas por el Alto Comisionado han lesionado seriamente la probidad, la imparcialidad, la equidad, la honradez y la buena fe que debe privar en las actuaciones de dicha Oficina, y representan un peligrsos precedente para la Naciones Unidas.

Esto sucede a pocos días de la exitosa instalación de la soberana y legítima Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, y cuando la tranquilidad y el sosiego retorna a las calles, y cuando la oposición venezolana –tras el fracaso de esta arremetida violenta- anuncia su retorno al camino electoral y constitucional al decidir partricipar en las elecciones regionales del próximo 10 de diciembre.

La República Bolivariana expresa su absoluto desconocimiento de este documento ilegal utilizado para imponer una opinión basada en un enfoque ruin y parcializado por parte de la Oficina del Alto Comisionado, y realizará las gestiones diplomáticas a que hubiere lugar para denunciar esta nueva agresión contra nuestro pueblo y nuestro país, desde una instancia que debería servir con equilibrio y ponderación, a la protección de los derechos humanos en el mundo.

La República Bolivariana de Venezuela – ahora inmersa en un proceso constituyente popular- ratifica su compromiso con la paz, la promoción del diálogo entre todos los sectores del país, la tolerancia política y el pleno respeto a los derechos humanos, condiciones esenciales para solventar los problemas que nos aquejan.

ONU, Diritti Umani: Venezuela promosso Stato Spagnolo bocciato

da RNV

Il Comitato per i Diritti Umani dell’ONU ha divulgato le sue osservazioni sull’applicazione dei Diritti Civili e Politici nello Stato Spagnolo, in Venezuela, nel Regno Unito, nella ex Repubblica Jugoslava della Macedonia, nel Canada, in Uzbekistán e in Francia. Contraddicendo l’opinione diffusa fino alla nausea praticamente dalla totalità dei mezzi di comunicazione di massa spagnoli, il Comitato dei Diritti Umani dell’ONU ha promosso il Venezuela, al quale si limita a fare alcune raccomandazioni, mentre ha duramente ammonito la Spagna in ben 26 materie.

Le osservazioni finali del Comitato dei Diritti Umani della ONU si riferiscono agli aspetti positivi della applicazione in Venezuela del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici (PIDCP), ratificato dal paese nel 1978. Inoltre mettono in evidenze le principali preoccupazioni degli esperti  in materia ed elencano le raccomandazioni da compiere da parte del Comitato allo Stato esaminato.

Simultaneamente si è reso pubblico il report “Osservazioni finali sul sesto report periodico della Spagna”.

Lo Stato spagnolo dovrà ripetere il corso sui Diritti Umani dopo che le Nazioni Unite lo ha bocciato in diverse materie con titoli tremendi: Espulsioni a caldo, Razzismo poliziesco, Disuguaglianza di genere, Violenza Maschilista, Traffico di persone, Legge Bavaglio, Sterilizzazione dei portatori di Handicap, Aborto illegale, Centri di Internamento per stranieri.

Una rappresentanza dello Stato spagnolo – sei Ministeri, il Procuratore Generale e la Missione Diplomatica presso l’ONU – è comparsa davanti al Comitato dei Diritti Umani dell’ONU, che esaminava vari paesi sul Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici per gli Stati appartenenti.

Dopo aver analizzato quanto presentato dalla Spagna, le Nazioni Unite hanno emesso il loro giudizio: sospeso. Il report si riferisce a ben 26 «preoccupazioni» per violazione del Patto e critiche per la persistenza di leggi e pratiche contrarie ai Diritti Umani.

___

– RACISMO POLICIAL. Naciones Unidas afea la existencia de «controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos, en particular los romaníes». Pide a España que «elimine el uso de perfiles étnicos por los policías y funcionarios», que se «incremente la capacitación para esos agentes sobre sensibilidad cultural» y que «lleve a los responsables ante los tribunales».

– DISCRIMINACIÓN. El informe refleja «discriminaciones» a inmigrantes y minorías étnicas «en el acceso a la vivienda, educación, empleo y salud».

– ESTERILIZACIONES FORZADAS. La ONU critica la «esterilización forzada a personas con discapacidad, cuya capacidad jurídica no se reconoce». El Comité exige que se «obtenga el consentimiento informado de las personas con discapacidad».

– DESIGUALDAD DE GÉNERO. Las mujeres están «insuficientemente representadas en los puestos decisorios». Inquietan las «notables diferencias salariales entre hombres y mujeres».

– VIOLENCIA MACHISTA. Naciones Unidas apunta la «persistencia» de la violencia machista y alerta sobre el «alto grado de violencia que sufren las inmigrantes, que no suelen denunciar las violaciones sufridas». Propone «aumentar» la protección a las mujeres de origen romaní e «investigar» las denuncias de mujeres «especialmente vulnerables y marginadas».

– ABORTO ILEGAL. La ONU no está de acuerdo con la reforma de la ley, que obliga a las mujeres de entre 16 y 18 años, incluso en situaciones de violencia familiar, a obtener el consentimiento de sus padres para interrumpir el embarazo. Ello «puede aumentar los abortos ilegales y poner en riesgo la salud de las mujeres».

– MALOS TRATOS POLICIALES. El informe refiere un «uso excesivo de la fuerza y malos tratos» de agentes del Estado, critica la «debilidad en las investigaciones» y rechaza los indultos a policías condenados por torturas. Exige «eliminar la tortura, establecer órganos de denuncia independientes, asegurar que los exámenes forenses sean imparciales y prohibir indultos a culpables de torturas». Alaba la grabación de interrogatorios, pero lamenta que no sea sistemática.

– LOS CIE. A Naciones Unidas le preocupa el «uso recurrente de la privación de libertad a inmigrantes en situación irregular» y pide que todos los CIE tengan instalaciones sanitarias.

– AISLAMIENTO DE DETENIDOS. Aunque celebra que la Ley de Enjuiciamiento Criminal «reduce» el uso del régimen de incomunicación, la ONU pide que se «elimine la detención en condiciones de incomunicación».

– EXPULSIONES DE REFUGIADOS. El informe critica las «expulsiones en caliente», los «vuelos de deportación» y las «denegaciones de asilo» a solicitantes no sirios. Y todo ello con «malos tratos». Pide que España revise la Ley de Seguridad Ciudadana y que garantice que «autoridades extranjeras no cometan violaciones de Derechos Humanos en territorio español» (en referencia a la Policía marroquí en las vallas de Ceuta y Melilla).

– LEY DE AMNISTÍA DE 1977. La ONU pide que se derogue, porque «impide la investigación de las torturas, desapariciones y ejecuciones» del franquismo. Pide que se revise la legislación de la exhumación de las fosas para que no recaiga en las familias y se garantice la igualdad en todas las CCAA.

– TRATA DE SERES HUMANOS. El documento de Naciones Unidas lamenta que España «siga siendo un país de destino, tránsito y origen de mujeres, hombres y niños víctimas de trata sexual y de trabajo forzoso».

– ‘LEY MORDAZA’. A Naciones Unidas le preocupa el «efecto disuasorio» para la libertad de expresión y de reunión de la Ley Mordaza. Cita el «uso excesivo de sanciones» y la prohibición de grabar a agentes de Seguridad del Estado. Pide a España que «revise la Ley de Seguridad Ciudadana».

T/Revista venezolana

ONU aprueba a Venezuela y suspende a España en DD.HH

Foto referencialpor RNV

El Comité de Derechos Humanos de la ONU divulgó sus apreciaciones sobre la implementación de los Derechos Civiles y Políticos en España, Venezuela, Reino Unido, la ex República Yugoslava de Macedonia, Canadá, Uzbekistán y Francia. Contradiciendo la opinión difundida hasta la saciedad por la práctica totalidad de los medios de comunicación de masas españoles, el Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó a Venezuela, a la que hace algunas recomendaciones, mientras que reprobó duramente a España hasta en 26 apartados.

Las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU se refieren a los aspectos positivos de la implementación en Venezuela del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por el país en 1978. También resaltan las principales áreas de preocupación en la materia para los expertos y detallan recomendaciones de acción por parte del Comité al Estado examinado.

Simultáneamente se hizo público el informe Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España.

España tendrá que repetir el curso de Derechos Humanos después de que Naciones Unidas le haya suspendido un puñado de asignaturas con títulos tremendos: Expulsiones en caliente, Racismo policial, Desigualdad de género, Violencia machista, Trata de personas, Ley Mordaza, Esterilización de discapacitados, Aborto ilegal, Centros de Internamiento de Extranjeros.

Una representación de España -seis Ministerios, Fiscalía General y Misión ante Naciones Unidas- compareció ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que examinaba a varios países sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados Parte.

Tras analizar lo presentado por España, Naciones Unidas acaba de dar las notas: suspenso. El informe suma hasta 26 «preocupaciones» por el incumplimiento del Pacto y críticas por la persistencia de leyes y prácticas contrarias a los Derechos Humanos.

– RACISMO POLICIAL. Naciones Unidas afea la existencia de «controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos, en particular los romaníes». Pide a España que «elimine el uso de perfiles étnicos por los policías y funcionarios», que se «incremente la capacitación para esos agentes sobre sensibilidad cultural» y que «lleve a los responsables ante los tribunales».

– DISCRIMINACIÓN. El informe refleja «discriminaciones» a inmigrantes y minorías étnicas «en el acceso a la vivienda, educación, empleo y salud».

– ESTERILIZACIONES FORZADAS. La ONU critica la «esterilización forzada a personas con discapacidad, cuya capacidad jurídica no se reconoce». El Comité exige que se «obtenga el consentimiento informado de las personas con discapacidad».

– DESIGUALDAD DE GÉNERO. Las mujeres están «insuficientemente representadas en los puestos decisorios». Inquietan las «notables diferencias salariales entre hombres y mujeres».

– VIOLENCIA MACHISTA. Naciones Unidas apunta la «persistencia» de la violencia machista y alerta sobre el «alto grado de violencia que sufren las inmigrantes, que no suelen denunciar las violaciones sufridas». Propone «aumentar» la protección a las mujeres de origen romaní e «investigar» las denuncias de mujeres «especialmente vulnerables y marginadas».

– ABORTO ILEGAL. La ONU no está de acuerdo con la reforma de la ley, que obliga a las mujeres de entre 16 y 18 años, incluso en situaciones de violencia familiar, a obtener el consentimiento de sus padres para interrumpir el embarazo. Ello «puede aumentar los abortos ilegales y poner en riesgo la salud de las mujeres».

– MALOS TRATOS POLICIALES. El informe refiere un «uso excesivo de la fuerza y malos tratos» de agentes del Estado, critica la «debilidad en las investigaciones» y rechaza los indultos a policías condenados por torturas. Exige «eliminar la tortura, establecer órganos de denuncia independientes, asegurar que los exámenes forenses sean imparciales y prohibir indultos a culpables de torturas». Alaba la grabación de interrogatorios, pero lamenta que no sea sistemática.

– LOS CIE. A Naciones Unidas le preocupa el «uso recurrente de la privación de libertad a inmigrantes en situación irregular» y pide que todos los CIE tengan instalaciones sanitarias.

– AISLAMIENTO DE DETENIDOS. Aunque celebra que la Ley de Enjuiciamiento Criminal «reduce» el uso del régimen de incomunicación, la ONU pide que se «elimine la detención en condiciones de incomunicación».

– EXPULSIONES DE REFUGIADOS. El informe critica las «expulsiones en caliente», los «vuelos de deportación» y las «denegaciones de asilo» a solicitantes no sirios. Y todo ello con «malos tratos». Pide que España revise la Ley de Seguridad Ciudadana y que garantice que «autoridades extranjeras no cometan violaciones de Derechos Humanos en territorio español» (en referencia a la Policía marroquí en las vallas de Ceuta y Melilla).

– LEY DE AMNISTÍA DE 1977. La ONU pide que se derogue, porque «impide la investigación de las torturas, desapariciones y ejecuciones» del franquismo. Pide que se revise la legislación de la exhumación de las fosas para que no recaiga en las familias y se garantice la igualdad en todas las CCAA.

– TRATA DE SERES HUMANOS. El documento de Naciones Unidas lamenta que España «siga siendo un país de destino, tránsito y origen de mujeres, hombres y niños víctimas de trata sexual y de trabajo forzoso».

– ‘LEY MORDAZA’. A Naciones Unidas le preocupa el «efecto disuasorio» para la libertad de expresión y de reunión de la Ley Mordaza. Cita el «uso excesivo de sanciones» y la prohibición de grabar a agentes de Seguridad del Estado. Pide a España que «revise la Ley de Seguridad Ciudadana».

T/Revista venezolana

Dell’uso inumano dei diritti umani

Propuestas, por Luis Britto Garciadi Luis Britto García

(da Amerindia, n°3, dicembre 2012)

Diritti Inumani

Diritti Umani sono quelli che appartengono a tutti i membri dell’umanità in quanto tali, indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, cultura o condizione socioeconomica. Sono stati raccolti in diversi documenti, dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino della Rivoluzione Francese del 1789, passando per la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dell’ONU sino alla Convenzione Interamericana dei Diritti Umani, dell’Organizzazione di Stati Americani. Diceva Mark Twain che anche il Diavolo può leggere la Bibbia. Anche l’Imperialismo può leggere i Diritti Umani.

La corte suprema dei trasgressori

Stati Uniti, Inghilterra, Francia, i principali trasgressori dei Diritti Umani nel mondo, non si sottomettono a nessun tribunale internazionale competente in materia. In ogni caso, questi tribunali fanno parte di organizzazioni internazionali dominate dalle grandi potenze, e applicano leggi secondo le quali le aziende private, che sfruttano i loro lavoratori, che distruggono la natura e che vendono prodotti nocivi o letali, rispondono solo ai loro azionisti, e non  alla collettività. Allora, chi può essere giudicato per violazione dei Diritti Umani? Secondo i tribunali dell’Impero, lo Stato, ma non lo Stato Imperialista (che non sottoscrive nessun trattato che lo sottometta ai tribunali esterni) bensì lo Stato del Terzo Mondo. Stati Uniti, Inghilterra, Francia, che non compaiono dinanzi ai tribunali dei Diritti Umani, finanziano infinità di Organizzazioni non Governative (ONG) affinché denuncino gli Stati del Terzo Mondo dinanzi a quei giudici. In questo modo, se un’azienda avvelena migliaia di cittadini questi tribunali esterni dichiarano responsabile lo Stato per non averlo evitato; ma se lo evita, allora i tribunali internazionali lo dichiarano violatore del Diritto Umano che essi considerano Supremo: quello della proprietà. Non c’è modo di vincere in questo gioco.

Dittatura mascherata da Diritti Umani

Dubitate che i nobili Diritti Umani possano essere invocati per gli usi più infami? L’11 aprile 2002 un golpe mediatico capeggiato da una combriccola militare e dall’associazione padronale sequestrò il Presidente eletto del Venezuela, abolì la Costituzione approvata con il referendum  da parte di tutti i venezuelani, e impose con la forza l’autocrazia. Con le mani ancora sporche del sangue dei cittadini innocenti, i congiurati approvarono per acclamazione l’insediamento della dittatura, citando: “che Hugo Chavéz Frías e il suo Governo hanno sistematicamente sminuito i diritti umani garantiti dalla Costituzione del 1999 e dai trattati, patti e convenzioni internazionali sui Diritti Umani sottoscritti e sanciti dalla Repubblica, tanto che mai come in questi ultimi tre anni gli organi interamericani di protezione dei Diritti Umani hanno ricevuto così tante denunce fondate sulla violenza degli stessi, in particolar modo quelle sul diritto alla vita, al giusto processo, alla libertà di espressione e informazione e al diritto all’informazione (…) che Hugo Chavéz  Frías e il suo Governo, dall’alto delle loro posizioni, hanno favorito l’istigazione a delinquere, incoraggiato violenze di ogni sorta sulla proprietà privata (…)”. Lo stesso giorno il movimento sociale colombiano MINGA sollecitò la commissione Interamericana di Diritti Umani affinché prendesse misure cautelative di protezione della vita del Presidente costituzionale sequestrato, Hugo Chavéz  Frías. La CIDH (Commissione Interamericana dei Diritti Umani, ndt) rispose con una semplice lettera di richiesta d’informazione diretta alla dittatura in cui riconosceva come guardasigilli il golpista  José Rodríguez Iturbe e definiva “Illustre Governo” la dittatura di Pedro Carmona Estanga. Successivamente ho assistito da semplice cittadino ad un’udienza dinanzi alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani a Washington, dove avvocati di una ONG dell’opposizione accusavano il popolo che aveva ripristinato la Costituzione e il governo legittimo per essersi difeso!

Vittima di tribunali giustizieri

Abbiamo detto che gli Stati Uniti, il principale violatore dei Diritti Umani nel mondo, non si sottomette a nessun tribunale internazionale. Nei paese latinoamericani ci sottoponiamo come pecore mansuete a giudici influenzati dagli Stati Uniti. Burocrati, giudici e arbitri stranieri, che non conoscono le nostre leggi ed inoltre si sentono competenti nel dichiararle nulle o di scarsa efficacia, giudicano e condannano costantemente il Venezuela e qualsiasi paese progressista. Sordi e muti dinanzi alle colossali ecatombi in Palestina, Irak, Afganistan e Libia, magistrati drastici che non hanno mai speso una parola di condanna davanti al genocidio di migliaia di vittime del Caracazo del 27 febbraio del 1989, né al golpe dell’11 aprile, né a quello di Honduras, né al campo di concentramento di Guantanamo, si concedono il lusso d’incriminarci.

Posizioni congiunturali o strutturali

Così, i legulei della Commissione Interamericana di Diritti Umani della OEA (CIDH) durante i quattro sanguinosi decenni della Quarta Repubblica a stento hanno processato quattro denunce sulla  violenza dei Diritti Umani in Venezuela (due presentate dal terrorista Posada Carriles). Ma nel loro rapporto del 2010 addossano al Venezuela “posizioni congiunturali o strutturali, presenti negli Stati che per diversi motivi affrontino situazioni che danneggiano seriamente e in maniera grave il godimento e beneficio dei diritti fondamentali, consacrati nella Convenzione Americana o nella Dichiarazione Americana. E per tale motivo ci collocano nella stessa categoria assegnata alla Colombia, a Honduras e Haiti, tre paesi occupati da basi o milizie statunitensi, dove i giudicati dovrebbero essere gli Stati Uniti e non le loro vittime. Collocare un paese insieme a quelli invasi è il preannuncio dell’invasione.

Accuse fraudolente

Con quale criterio giudicano e condannano questi organismi? Nel rapporto per l’Esame Periodico Universale dinanzi  all’Organizzazione delle Nazioni Unite, la CIDH accusa il Venezuela in 233 paragrafi. In 205 casi tratta casi in cui non sono finiti i ricorsi interni, per cui non possono essere presentati  dinnanzi alla giurisdizione esterna. In 225 casi non specifica nomi, date, luoghi né altri dati indispensabili affinché un’accusa sia ammessa. In 182 casi, giudica circa supposizioni di fatti futuri ed incerti, che “potrebbero” accadere. Quasi tutti si basano su dicerie o ritagli di giornali che nessun tribunale degno di tale nome può accogliere come prove. Si degna perfino di opporsi a progetti di legge la cui sanzione dipende solo ed esclusivamente dalla sovrana volontà popolare, e non da un ufficio di Washington. Con tali criteri ci catalogano, insieme a Colombia, Honduras e Haiti, tra i paesi che presenterebbero “situazioni che danneggiano seriamente e in maniera grave il godimento e beneficio dei diritti fondamentali”. Con tali procedimenti si potrebbe condannare Gesù Cristo. È ciò che ha fatto il tribunale dei farisei. In tale categoria non collocano il Messico, il Brasile né gli Stati Uniti. Quest’ultimo, che sa ciò che fa, non ha sottoscritto trattati che lo sottometto-no alla giurisdizione della Commissione Interamericana dei Diritti Umani né a quella della Corte Interamericana dei Diritti Umani. E nonostante ciò, questi due organi si permettono di giudicare Cuba e dirigere verso di lei decisioni e sentenze, malgrado sia stata espulsa dalla OSA da quasi quattro decenni.

Paesi in camera ardente

La condanna di questi tribunali di organizzazioni dominate dall’imperialismo è una sentenza di morte che si esegue attraverso l’invasione. Il Nicaragua è stato condannato dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani per essersi difeso da controrivoluzionari che si dicevano miskitos, e ciò ha scatenato durante quasi un decennio l’intervento massivo statunitense attreverso i “contras”. La Libia fu espulsa dal Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU settimane prima che scoppiasse contro di lei il genici-dio della NATO, che causò più di 60.000 morti. Sono stati espulsi anche Siria e Iran, paesi contro i quali piovono minacce e forse dopo pioveranno bombe.

Legittima difesa

L’Imperialismo usa i Diritti Umani per negare agli uomini i loro diritti. Come strumento di legittima difesa, i nostri paesi devono rinunciare e lasciare senza effetti tutti i trattati o strumenti che li sottomettano a giudizio, valutazione e condanna da parte di tribunali o arbitri internazionali di organi dominati da potenze imperiali. E in effetti, in base alle ragioni espresse in precedenza, il Venezuela ha annunciato la sua denuncia della Convenzione Interamericana dei Diritti Umani e il suo ritiro dalla Commissione e dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani della OEA. UNASUR e la CELAC devono creare i loro propri organi difensori dei Diritti Umani. Devono, insomma, investigare, smascherare ed esporre i possibili finanziamenti esterni delle potenze imperiali alle ONG. Organi finanziati da potenze imperiali devono solo denunciare le violenze dei Diritti Umani che quelle potenze compiono.

Veri Diritti Umani

Ebbene per i paesi egemonici i Diritti Umani sembrano ridursi a due: la proprietà e la libertà d’informazione, che si riduce alla libertà dei proprietari dei media di monopolizzare la comunicazione. Ma gli esseri umani hanno un’infinità di altri diritti, che non vengono mai discussi dinanzi alle Corti Imperiali. Qualche paese egemonico è stato accusato di negare ai suoi cittadini il diritto al lavoro, all’alimentazione, a vivere senza povertà, all’educazione gratuita, all’assistenza medica, alla sicurezza sociale, all’informazione veritiera, alla cultura? Le multinazionali sono state accusate di essere il fattore principale di negazione di questi diritti? Il Venezuela ha compiuto in anticipo quasi tutte le cosiddette Mete del Millennio. Qualche organismo riconosce quest’impresa di realizzazione dei veri Diritti Umani? É indispensabile ampliare il repertorio dei Diritti Umani riconosciuti dalle leggi, Costituzioni e Trattati Internazionali e dichiarare come possibili trasgressori le grandi aziende per poter iniziare a parlare di Diritti Umani e non di Diritti del Grande Capitale e delle Potenze Imperiali.

[trad. dal castigliano di Maria Elena Riccio]

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