por Virginia Pérez

Producto de la lectura del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución he sentido una especie de ahogo intelectual que no podré superar sin antes dejar sentadas mis más sencillas observaciones en relación con la super estructura del mismo. Me desconcierta que el enunciado  no haga referencia a la justicia y equidad social que es el clamor de la sociedad al igual que una salida alejad de la institucionalidad, de allí el segundo desacierto del documento pues se acuerda una “salida institucional” para restablecer el orden público y el respeto a la institucionalidad que es en definitiva la que están rechazando los sectores populares.

Me asombra que se espere hasta abril del 2020 para impulsar el plebiscito, es decir la clase política necesita vacaciones de verano y pensar calmadamente en sus retiros mientras el Pueblo sigue sufriendo las calamidades económicas y sociales.

La segunda pregunta llama a la reflexión pues el episteme central que es la Asamblea Constituyente originaria, quedo como segunda opción en la segunda pregunta, dejando en el primer lugar una “comisión mixta integrada 50/50” entre miembros electos  y parlamentarios, estos últimos repudiados públicamente por ser sostenedores del actual sistema.

Es un hecho que el acuerdo permite que el Presidente a quien la mayoría ha solicitado la renuncia, termine cómodamente el periodo Presidencial, pues los integrantes de la comisión será en octubre del 2020 junto con las elecciones regionales para politizar las primeras hacer de una constituyente un vil instrumento partidista atado de manos toda vez que no podrá alterar el quorum ni los procedimientos de funcionamiento y adopción de acuerdos. Ni siquiera me voy a referir al reglamento de votación de 2/3 pues el populacho entiende mejor todos sus externalidades negativas.

Me complace que al menos se haya considerado  el sufragio universal obligatorios para la aprobación de la Carta Fundamental, sólo me queda la duda de porque no se estableció lo mismo para el plebiscito citado en el literal segundo del acuerdo.

Hubiese visto con buenos ojos que se integrara en la Comisión Técnica a personas de la sociedad civil y no conformarse con miembros de la oposición y el oficialismo que en definitiva no cuentan con el respaldo popular.

Calculando los plazos sería a mediados del 2022 que se estaría presentando un texto constitucional nuevo, no se comentan ni siquiera que se deben profundizar políticas sociales para apaciguar las aguas turbulentas que llevaron a tomar esta decisión; es decir la sociedad deberá seguir adelante con un régimen económico que les flagela  aún más desparpajo; ¿cuántos adultos mayores perderán la vida esperando que mejoren sus pensiones?.

Mi desconcierto llega a su máximo límite cuando con gran asombro observo que el poder originario de la constituyente debe ser aprobado por el poder constituido, el cual no sólo ha sido señalado como parte del problema, sino también rechazado socialmente; esto no es más que un verdadero exabrupto.