TSJ suprimió contenido de las sentencias

por ALBAtv

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suprimió este sábado 1 de abril las sentencias 155 y 156 que tratan sobre la la inmunidad parlamentaria y las funciones de la Asamblea Nacional.

En el portal del TSJ en la sentencia Número 157, N° expediente 17-0323, se detalló: “Se Aclara de Oficio la sentencia N° 155 de fecha 28 de marzo de 2017, en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria. Se suprime dicho contenido. Se suprime la cautelar 5.1.1 de dicho fallo”.

Mientras que en la sentencia Número 158 se explicó: “Se Aclara de Oficio la sentencia N° 156 de fecha 29 de marzo de 2017, en lo que respecta al punto 4.4 del dispositivo referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ésta o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho; cuyo contenido se suprime”.

La Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció ayer sobre tales sentencias y sostuvo que eran violatorias de la Constitución de la República.

Más tarde, el presidente de la República convocó a una sesión del Consejo de Seguridad a la que asistieron representantes de los Poderes Públicos, y en la que se acordó revisar las polémicas sentencias.

En dicha reunión el Mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, indicó que la sesión del Consejo Permanente de la Nación, fue fructífera y se erigió como una deliberación “cumpliendo y haciendo cumplir el espíritu de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su artículo 323, como mecanismo útil y pertinente para procesamiento de esta controversia que ha surgido y que rápidamente en la activación, como jefe de Estado que soy, hemos avanzado en importantes acuerdos y soluciones”.

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(VIDEO) Consejo de Defensa plantea resolución de controversia

por ALBAtv

1apr2017.- Palacio de Miraflores, Caracas. La sesión del Consejo Permanente de la Nación culminó con un comunicado en el que, entre otros acuerdos, exhortan al Tribunal Supremo de Justicia revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes, mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano.

En cadena nacional de radio y televisión, el Mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, indicó que la sesión permanente del Consejo Permanente de la Nación, fue fructífera y se erigió como una deliberación “cumpliendo y haciendo cumplir el espíritu de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su artículo 323, como mecanismo útil y pertinente para procesamiento de esta controversia que ha surgido y que rápidamente en la activación, como jefe de Estado que soy, hemos avanzado en importantes acuerdos y soluciones”.

“Se ha acordado por parte de los integrantes del Consejo de Defensa de la Nación, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presidente de la Sala Constitucional, el vicepresidente Ejecutivo, el Poder Ciudadano, y en conversaciones con la Fiscal General de la República, la canciller de la República”, subrayó.

Explicó que en esta jornada “hemos llegado a un importante acuerdo de solución de esta controversia y puedo decir que con la lectura de este comunicado y la publicación de las aclaratorias y correcciones respectivas 155 y 156 queda superada esta controversia demostrando las capacidades de diálogo y resolución que se pueden activar con nuestra Constitución para seguir disfrutando como siempre de una cooperación fructífera de poderes y de una paz republicana tan querida, apreciada y necesaria para nuestro”.

En este sentido, el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, Leyó comunicado que cuenta con el apoyo del Consejo de Defensa de la Nación y del Poder Ciudadano.

El Consejo de Defensa de la Nación, debidamente presidido en el día de hoy por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato y las atribuciones que le confiere el artículo 323 de la Constitución y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, en ocasión a la controversia surgida entre la Fiscalía General de la República y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha decidido:

1. Ratificar que el máximo tribunal de la República en su sala constitucional es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del Poder Público Nacional que coliden con la Carta Magna, así como la resolución de conflictos entre poderes.

2. Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes, mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano.

3. Reiterar que los desequilibrios y conflictos entre las distintas ramas del Poder Público Nacional se encausan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes, los cuales son expresión del dinamismo y pluralidad de los Estados constitucionales democráticos.

4. Destacar los loables esfuerzos del Presidente de la República como jefe de Estado, en la búsqueda para resolver dentro del marco constitucional y mediante el diálogo constructivo los conflictos entre los órganos del Poder Público Nacional, en atención a la independencia, la división y la autonomía de sus distintas ramas.

5. Insistir en nuestro diálogo fecundo y exhortar a la oposición venezolana a incorporarse sin demora al diálogo nacional promovido por el jefe de Estado, y acompañado por Unasur, el papa Francisco, los ex presidentes Leonel Fernández, Martín Torrijos y Rodríguez Zapatero.

6. Repudiar categóricamente cualquier intervención que atente contra la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación. Los asuntos venezolanos deben ser resueltos exclusivamente por nosotros, sin injerencia, ni intervención alguna, y en respecto estricto a la jurisdicción interna del Estado venezolano. La fortaleza del sistema democrático en Venezuela y de su robusto Estado de derecho no está en discusión ni en entredicho, por el contrario es muestra del estado constitucional de derecho, de justicia social y paz, edificado en un país que ha hecho de la práctica de la democracia participativa y protagónica el vehículo para la transformación de la sociedad y la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible, en palabras de nuestro Libertador, Simón Bolívar: “Sólo la democracia es susceptible de una absoluta libertad, libertad que define como el poder que tiene cada hombre de hacer cuanto no esté prohibido por la ley”.

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https://youtu.be/nSqx0cpjXN4

Paraguay: oligopolio de medios y oligarquía se alzan contra el pueblo

por Frente Guasú

* Actos vandálicos en el Congreso, protagonizados por barras bravas alquiladas por extrema derecha ante aprobación de REFERENDO CONSTITUCIONAL por el Senado.

El oligopolio concentrado de medios de comunicación (ABC, ÚLTIMA HORA, TELEFUTURO) –que cubre el 90% o más de la población– buscó desatar “ríos de sangre”, según dijo hace algunos meses uno de sus títeres de la extrema derecha liberal. Buscaban desatar ríos de sangre si se aprobaba la convocatoria a REFERENDO, y se expresaba la VOLUNTAD POPULAR sobre la posibilidad de que Fernando Lugo, así como otros ex presidentes, o el mismo actual presidente, pueda ser candidato a la Presidencia de la República (reelección por un período). Más del 56% según encuestas de marzo, publicada por Última Hora, es decir la amplia mayoría del pueblo, quiere la reelección de Fernando Lugo. Acotemos que el Frente Guasu apoya el REFERENDO para RE-ASEGURAR la candidatura de Fernando Lugo, que busca ser proscripta por la misma oligarquía, y de ahí su nerviosismo y belicosidad.

Así, ante la aprobación por parte del Senado (25 senadores sobre 45) en la tarde de hoy, 31 de marzo, de la CONVOCATORIA A LA MÁXIMA AUTORIDAD NACIONAL, LA VOLUNTAD POPULAR EXPRESADA EN SUFRAGIO, para aceptar, o no, la posibilidad de que Fernando Lugo pueda ser candidato a la Presidencia de la República (así como otros ex presidentes, o el actual presidente), organizaron una manifestación violenta, con no más de 1.000 personas. Los mismos medios que les apoyan confirman estas cifras; serían algo menos. Los manifestantes claramente son BARRAS BRAVAS, como lo han constatado testigos presenciales, a fin de provocar disturbios parecidos a los de la Plaza Maidán, en Ucrania. Aquí, el objetivo no es echarle a Cartes (quien es uno de los suyos, de la oligarquía), sino IMPEDIR A TODA COSTA QUE EL PUEBLO SE PRONUNCIE EN REFERENDO Y QUE, POR ESA VÍA, FERNANDO LUGO QUEDE DEFINITIVAMENTE HABILITADO PARA SER CANDIDATO.

ABC Color –la ultraderecha que refleja SIEMPRE la opinión de la Embajada de los EEUU de América– lo ha dicho claramente en sendos editoriales, desde diciembre del 2016 hasta ahora. En diciembre ya decía: “el chavismo… volverá triunfante en el Paraguay, gracias al fracaso de todos los Gobiernos de la transición, incluidos los de Federico Franco (liberal) y Horacio Cartes (colorado)… en las actuales circunstancias, como los colorados no tienen un líder que los una, quien, sin duda, saldría triunfante en este sucio entuerto (EL REFERENDO/LA VOLUNTAD POPULAR, acotamos nosotros) es el representante de la izquierda bolivariana, el senador Lugo”

Ahora ABC es todavía más explícito. Sostiene que “de aprobarse la enmienda (vía referendo donde se exprese la VOLUNTAD POPULAR), el Presidente de la República (Cartes) …habrá …cometido un tremendo error político, cuyas consecuencias para el Paraguay serían catastróficas (para la oligarquía, acotamos nosotros), pues se estaría dejando al país a merced del bolivarianismo castro-marxista (Lugo y el FG)…”. ABC conoce la afinidad con el progresismo colorado, encabezado por Nicanor Duarte Frutos (quien le dijo NO al ALCA), con Fernando Lugo y el Frente Guasu. Así, su desesperación va en aumento y sostiene que “en caso de abrirse el camino de la reelección [como ahora decidió el Senado], no debe excluirse que el senador Fernando Lugo y el expresidente Nicanor Duarte Frutos concierten una alianza electoral que triunfe cómodamente y, de paso, conquiste ambas Cámaras del Congreso…”.

Imagínese la desesperación de la super reaccionaria oligarquía paraguaya, si es que el progresismo paraguayo (tildado de “bolivarianismo castro-marxista” por ABC) gana no sólo el gobierno sino el Congreso, como es perfectamente posible según las encuestas, pues en el primer gobierno de Lugo (2008-12), tuvimos que gobernar en minoría.

Es esta oligarquía rancia, que controla el 90% de los medios de comunicación del Paraguay, con el apoyo del golpista de ultra derecha Federico Franco y el neoliberal, peón permanente de la Embajada de los EEUU de América, Efraín Alegre, ambos del PLRA, así como de la facción STRONISTA del Partido Colorado, encabezada por Mario Abdo Benítez, el hijo del Secretario Privado del dictador Alfredo Stroessner, la que ha contratado barras bravas. Para que estas barras bravas, en forma VANDÁLICA, incedien el Congreso e intentar, así, frenar el REFERENDO que termine de habilitar definitivamente a Fernando Lugo. Como primera victoria, pírrica, han conseguido que la Cámara de Diputados, que se iba a reunir mañana para aprobar el referendo, postergue su reunión hasta el martes.

Como Frente Guasu estamos de acuerdo con la suspensión de la Cámara de Diputados, a fin de que se eviten excusas para la violencia organizada de la oligarquía y que, así, la Cámara de Diputados decida, libre de presiones vandálicas, la realización, o no, del REFERENDO para que LA VOLUNTAD POPULAR decida si FERNANDO LUGO PUEDE SER, o no, INDISCUTIBLEMENTE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, como quiere la mayoría del pueblo paraguayo.

Secretaría de Relaciones Internacionales, FRENTE GUASU.

Asunción, 31 de marzo del 2017

El TSJ y la AN en tiempos de Revolución

por Nestor Francia

Análisis de Entorno Situacional Político

Viernes 31 de Marzo de 2017

El TSJ y la AN en tiempos de Revolución

Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que limitan la inmunidad parlamentaria y asignan al TSJ las atribuciones de la Asamblea Nacional, tomadas en razón del desacato continuado del poder legislativo y de sus reiteradas violaciones de la Constitución Nacional, han causado un gran revuelo al nivel nacional e internacional

¿Qué revela todo ello?

El Gobierno Bolivariano de Nicolás Maduro se les ha plantado de frente a los gobiernos y voceros de la derecha mundial, encabezados por Estados Unidos. No se ha amilanado, no ha reculado, no ha mostrado temor ni debilidad. Ha seguido enfrentando con decisión y firmeza a los enemigos internos del pueblo y de la Patria, que persisten en lanzar provocaciones, en desconocer al poder revolucionario y en promover la intervención foránea en el país. Es lo que hubiera hecho Chávez, quien jamás dio cuartel a esos enemigos. Es una política chavista digna y correcta dirigida por su legatario, el presidente Nicolás Maduro. Así es que se gobierna.

Venezuela se convierte una vez más en la gran vanguardia combativa de esta segunda guerra de independencia continental, en momentos en que la derecha envalentonada por victorias circunstanciales cree que en la Patria Grande su mandado está hecho. Aquí resistimos, levantando la llama que igualmente mantienen encendida los otros pueblos de América, como los de Argentina y Brasil, que ya se sublevan contra las bandas de Macri y de Temer, y anuncian que, como predijo Allende, más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Ya lo dijo también el Che: está gran Humanidad ha dicho basta y su marcha de gigante no podrá ser detenida. Acompañemos al camarada Maduro y digamos al mundo, tal como lo estamos haciendo: ¡Chávez vive, la lucha sigue!

En cuanto a la situación específica que anima nuestro Análisis de hoy, lo primero es destacar que la actuación írrita, inconstitucional y subversiva de la mayoría circunstancial de la derecha en la Asamblea Nacional, desde que se instaló el 5 de enero de 2016, es el origen de la situación de desacato que ha declarado el Tribunal Supremo de Justicia para hacer respetar las leyes y los poderes de la República.

La Asamblea Nacional de mayoría derechista arrancó su gestión desde ese 5 de enero con un discurso de su presidente Henry Ramos Allup, que se constituyó en una verdadera apología del delito, el cual se planteaba como tareas la rebelión contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el desconocimiento del resto de los poderes constituidos. Desde entonces, se han repetido insultos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a los rector@s del Consejo Nacional Electoral, además de ofensas escatológicas contra las damas que representan estos poderes, amenazas abiertas y agavillamiento contra ellas, con total impunidad.

Hubo amenazas concretas de salir del Presidente Nicolás Maduro absolutamente fuera de los tiempos previstos por la CRBV, amén de boicot al gobierno legítimamente constituido.

Un ejemplo palpable de las violaciones señaladas es la declaración de desacato por parte del TSJ por el hecho de haber la AN pasado por encima a la medida cautelar de sentencia 260 del mes de diciembre de 2016. En esa circunstancia, la Sala Constitucional del TSJ afirmó que “En ese sentido, es del conocimiento de esta Sala que por diversos medios de comunicación social se dio a conocer el día 6 de enero de 2016, el hecho noticioso del cual se evidencia el incumplimiento del mandato constitucional cautelar ordenado en la sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015, referido a la juramentación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana en los cargos de diputados a la Asamblea Nacional por el estado Amazonas los dos primeros, y por la Región Sur el último de los nombrados”.

El 11 de enero de 2017, la Sala Constitucional del TSJ confirmó una vez la situación de desacato en la que ha incurrido la AN, decidiéndose por ello que la Memoria y Cuenta anual del Presidente fuese presentada ante ese órgano rector del Poder Judicial.

El TSJ consideró que durante la instalación de la AN y la elección de la nueva junta directiva el 5 de enero de 2017, el Parlamento violó su propio Reglamento Interior y de Debates, razón por la cual todas las actuaciones parlamentarias desplegadas desde ese día también son nulas, incluyendo la sesión del 9 de ese mismo mes y año, “todo ello conforme a lo examinado en las sentencias números 2 y 3, publicadas el 11 de enero de 2017, por la Sala Constitucional”, declarando que “En vista de la imposibilidad para realizar actos válidos, se configura la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional, por lo cual el Presidente de la República en pleno ejercicio de sus funciones, ciudadano Nicolás Maduro Moros, deberá rendir su mensaje anual ante el TSJ, en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior”. En este contexto, el órgano judicial ordenó a los diputados que se encontraban en omisión parlamentaria inconstitucional y en desacato a varias sentencias del Poder Judicial a que desistieran inmediatamente de tales actuaciones y ejercieran sus atribuciones conforme a la Carta Magna y al resto del orden jurídico, no obstante la responsabilidad que puedan generar las mismas: “La Sala Constitucional ordena a los diputados que conformaron la Junta Directiva durante el año 2016, que antes de instalar el segundo periodo de sesiones y elegir válidamente a la Junta Directiva para el año 2017, deben hacer cesar el desacato al Poder Judicial, para que la nueva junta sea legítima y los actos de la Asamblea Nacional sean válidos, en acatamiento, entre otras, a las sentencias Nros. 808 y 810, de fechas 2 y 21-09-2016, respectivamente; la sentencia 952 del 21 de noviembre de 2016, así como también las decisiones 1012, 1013, 1014 del 25-11-2016 y la N° 1 del 06 de enero de 2017, en las que se ha ratificado el desacato por parte de la Asamblea Nacional a las decisiones N° 260 del 30-12-2015, 1 del 11-01-2016 y 108 del 01-08-2016, emanadas de la Sala Electoral del TSJ” ¿Les parece poco?

En esa ocasión el Máximo Tribunal hizo un llamado a los diversos actores políticos de la Nación, para que utilicen la vía del diálogo como herramienta fundamental para dirimir las diferencias políticas y, en especial, para cumplir los deberes, fines y normas constitucionales, “en función de garantizar la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y de procurar la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo; toda vez que el enfrentamiento constante en todos los asuntos que les compete perjudicaría de forma ostensible al pueblo venezolano en general, sin distinción alguna, comenzando por los sectores sociales más vulnerables”.

El 22 de marzo de 2017, el Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional, encabezado por el jefe de la bancada, Héctor Rodríguez, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad luego de que los diputados derechistas aprobaran el día anterior un acuerdo en respaldo a la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país. Rodríguez indicó, ante la actitud apátrida de los dirigentes de la MUD, que en el país no hay ningún acuerdo superior a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y existe una democracia plena: “Solicitar la intervención extranjera representa ilícitos constitucionales y delito de traición a la Patria”.

Las reacciones de la derecha han sido furibundas. A lo interno, proclaman a viva voz que ha habido un golpe de Estado y convocan a protestas callejeras (ya hubo pequeños focos en la autopista Francisco Fajardo y frente al TSJ por parte de un grupito de diputados), aunque como ya es costumbre, la mayoría de los venezolanos ha asumió todo con calma, demostrando que en realidad les preocupa muy poco la suerte de esa Asamblea Nacional.

En el exterior, la derecha se agita por doquier. Ha habido declaraciones opuestas a las decisiones del TSJ de parte de los gobiernos de Estados Unidos (el jefazo), Brasil, Argentina, México, Colombia, Panamá, Guatemala. Chile y Perú anunciaron el retiro de sus embajadores (el barranco derechista de Bachelet es ya indetenible).

Se han pronunciado en el mismo tono representantes de la Unión Europea, el congreso de Costa Rica y voceros reaccionarios no oficiales como Oscar Arias y Mario Vargas Llosa.

Por supuesto, no podía faltar Luis Almagro, quien ha convocado una nueva reunión del Consejo Permanente de la OEA y ha agitado una vez más el fantasma de la Carta Democrática Interamericana.

Tiempos de cambio, tiempos de lucha, tiempos de emociones infinitas, tiempos de Revolución. No olvidemos, finalmente, que el domingo habrá una importante batalla de esta guerra en Ecuador. Veremos qué ocurre.

 

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